El presidente de la República, José Raúl Mulino, objetó en su totalidad el proyecto de ley 19 de 2024, que proponía establecer horarios de atención extendidos en las instalaciones de salud pública del país, una iniciativa presentada por el diputado Betserai Richard.
A través de la Nota No. 57-2026-AL, el Ejecutivo devolvió la iniciativa a la Asamblea Nacional de Panamá al considerar que la propuesta presenta vacíos normativos y carece de sustento financiero para su aplicación.
En la misiva se explica que la decisión se adoptó tras un análisis técnico realizado por el Ministerio de Salud de Panamá (Minsa), el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y la Caja de Seguro Social.
Según el Ejecutivo, aunque la propuesta busca ampliar el acceso a los servicios de salud, la redacción de la norma presenta deficiencias en su técnica legislativa.
El documento señala que el proyecto reproduce disposiciones que ya están contempladas en la Constitución Política de la República de Panamá, lo que resulta innecesario al tratarse de mandatos de aplicación directa.
Además, la objeción advierte que la iniciativa no define técnicamente qué se entiende por “horarios extendidos” ni establece criterios claros para su implementación en el sistema sanitario. Tampoco toma en cuenta la clasificación por niveles de atención —hospitales, centros o puestos de salud— establecida en el Decreto Ejecutivo No. 420 de 2018.
El Ejecutivo también cuestionó la falta de sustento financiero de la propuesta. Según el documento, el proyecto pretende obligar al Estado a destinar recursos en el Presupuesto General sin haber realizado estudios de impacto fiscal ni identificar fuentes de financiamiento.
“La sostenibilidad de la ley requeriría una planificación presupuestaria progresiva que permita fortalecer previamente la infraestructura y el abastecimiento de insumos”, advierte la nota oficial.
La comunicación también recuerda que la Ley 76 de 2019 obliga a solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas una evaluación de impacto económico antes de la aprobación de un proyecto en tercer debate, trámite que, según el Ejecutivo, no se cumplió.
Otro de los puntos señalados es la ausencia de medidas para garantizar la seguridad del personal sanitario durante horarios nocturnos o de operación continua, así como la falta de coordinación con los estamentos de seguridad.
En materia laboral, el Ejecutivo advirtió que el pago de turnos y jornadas extraordinarias para médicos y personal administrativo ya está regulado por decretos y resoluciones vigentes. La falta de armonización del Proyecto 19 con esas normas podría generar duplicidad regulatoria y conflictos en la aplicación de los pagos.
Tras la objeción presidencial, corresponderá ahora a la Asamblea Nacional decidir si archiva la iniciativa o si introduce modificaciones sustanciales para atender las observaciones técnicas y financieras planteadas por el Ejecutivo.
Posturas de Richards y Boyd Galindo
El diputado Richards cuestionó la decisión del Ejecutivo y aseguró que algunos de los argumentos utilizados para objetar la iniciativa habían sido planteados previamente por el propio equipo técnico del Minsa durante la discusión legislativa.
“Algunos de los argumentos por los cuales fue objetado incluso habían sido recomendaciones por parte del equipo del Minsa que había participado tanto en la comisión en donde se le dio el primer debate como en el pleno de la Asamblea”, afirmó.
Richard también criticó el documento enviado por el Ejecutivo y sostuvo que la ley aprobada por la Asamblea buscaba mejorar el sistema de salud. “Nos envían este documento de tres páginas argumentando cosas sin peso; yo creo que no es responsable”, señaló.
Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, aclaró que no fue él quien objetó el proyecto, aunque explicó que existen alternativas para ampliar la atención en el sistema público.
El funcionario indicó que el costo de los turnos médicos representó cerca de $80 millones el año pasado, pero que un estudio del ministerio sugiere que la reorganización de personal podría generar ahorros de hasta $20 millones.
Boyd Galindo también sostuvo que no todas las instalaciones requieren operar las 24 horas: “No todos los centros de salud, ni todos los puestos de salud ni subcentros de salud necesitan estar abiertos 24 horas”.
Actualmente, el Minsa cuenta con 120 centros de salud a nivel nacional que ya operan con horario extendido, bajo un modelo de atención ajustado a las necesidades locales. Este esquema se aplica principalmente en áreas donde existe una mayor demanda de servicios después de la jornada laboral y en comunidades con acceso limitado a hospitales.
