Con una objeción por inconveniencia e inexequibilidad, el presidente José Raúl Mulino frenó el Proyecto de Ley 571, impulsado por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, que buscaba modificar la legislación que protege los arrecifes coralinos de Panamá.
La iniciativa, aprobada por la Asamblea Nacional, proponía modificar la Ley 304 de 2022, considerada el principal instrumento legal para la conservación de los arrecifes coralinos y de los ecosistemas marino-costeros asociados.
La decisión del Ejecutivo, formalizada el 12 de junio de 2026, se sustentó en un análisis técnico elaborado con el respaldo del Ministerio de Ambiente, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y la Estación Científica Coiba. El documento concluye que las reformas propuestas implicaban una reducción del nivel de protección ambiental vigente y representaban un riesgo para la biodiversidad marina del país.
Las inquietudes
Entre las principales preocupaciones planteadas por la Presidencia destaca el cambio en el régimen de protección de los pastos marinos. Mientras la legislación vigente prohíbe, de forma general, las actividades de construcción o modificación en estos ecosistemas, la reforma abría la puerta a autorizarlas mediante permisos administrativos, un cambio que, según el Ejecutivo, flexibilizaba significativamente las restricciones existentes.
El análisis gubernamental advierte que el proyecto no establecía criterios técnicos, límites ni parámetros legales para otorgar esas autorizaciones. Esa ausencia de reglas claras dejaría un amplio margen de discrecionalidad al Ministerio de Ambiente, lo que, a juicio del Ejecutivo, podría traducirse en decisiones inconsistentes y en una menor seguridad jurídica para la conservación de los ecosistemas marinos.
Otro de los aspectos cuestionados fue la incorporación del concepto de “daño directo” para determinar las afectaciones a los arrecifes coralinos. La Presidencia sostiene que ese término carece de una definición jurídica en la legislación vigente y podría dificultar la aplicación de sanciones, ya que obligaría a demostrar una relación causal inmediata, pese a que muchos impactos ambientales ocurren de forma acumulativa o se manifiestan años después.
Ecosistemas asociados
La objeción presidencial también señala una omisión relevante en el texto aprobado por la Asamblea: la exclusión de los ecosistemas asociados, como manglares, humedales y albinas. A diferencia de la Ley 304 de 2022, que reconoce la interdependencia entre estos hábitats y los arrecifes coralinos, la reforma limitaba la protección únicamente a estos últimos, dejando sin cobertura legal parte del entorno que garantiza su supervivencia.
Desde la perspectiva constitucional, el Ejecutivo sostiene que el Proyecto de Ley 571 vulnera el Régimen Ecológico previsto en la Constitución. El documento recuerda que los artículos 118 al 121 obligan al Estado a garantizar un ambiente sano, prevenir la degradación ambiental y proteger los recursos naturales, principios que, según el análisis oficial, quedarían debilitados con las modificaciones propuestas.
La Presidencia también encontró una contradicción entre el discurso que acompañó la iniciativa y el contenido de la reforma. Aunque los proponentes afirmaban que el objetivo era fortalecer la vigilancia y la protección de los arrecifes coralinos, el articulado sustituía varias prohibiciones por un sistema de autorizaciones administrativas que, según el Ejecutivo, reducía las salvaguardas establecidas en la legislación vigente.
En su objeción, el Ejecutivo calificó la propuesta como una medida regresiva en materia de política ambiental. A su juicio, el proyecto no solo disminuía los estándares de protección alcanzados en 2022, sino que también se apartaba de los principios de conservación, restauración y uso sostenible que orientan la gestión de los ecosistemas marino-costeros en Panamá.
Con la devolución del Proyecto de Ley 571 a la Asamblea Nacional, el Gobierno dejó claro que cualquier modificación a la normativa ambiental deberá reforzar, y no debilitar, las herramientas legales destinadas a proteger los arrecifes coralinos y los ecosistemas marinos.
La vigilancia
El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) sostuvo que el veto presidencial al proyecto de ley constituye una muestra de que la protección de los ecosistemas requiere una vigilancia permanente frente a iniciativas que puedan debilitar las salvaguardas ambientales.
La organización destacó el respaldo de ciudadanos, especialistas y diversos colectivos que se sumaron al llamado para frenar la propuesta, al considerar que habría puesto en riesgo, a largo plazo, los arrecifes coralinos, los pastos marinos y otros ecosistemas asociados.
Asimismo, recordó que el Ejecutivo objetó la iniciativa por razones de inconveniencia e inexequibilidad, al concluir que reducía el nivel de protección ambiental y contravenía los artículos 118, 119, 120 y 121 de la Constitución, argumentos que, según CIAM, fueron advertidos durante el debate legislativo y posteriormente reforzados por organizaciones ambientales y expertos que solicitaron el veto presidencial.
