El 70% (220,562) de los niños, niñas y adolescentes indígenas en Panamá vive en pobreza monetaria y 39% de los menores de cinco años presenta desnutrición crónica, según el Informe Defensorial sobre la Situación de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes Indígenas en Panamá 2026.
En Panamá hay 315,089 niños, niñas y adolescentes indígenas, una población que enfrenta importantes brechas en alimentación, salud, educación, protección e identidad. El documento, elaborado por la Defensoría del Pueblo con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá (Conamuip), expone estas desigualdades y recoge las opiniones y experiencias de niñas, niños y adolescentes indígenas.
La situación es especialmente crítica en las comarcas. La pobreza multidimensional alcanza el 94% en Ngäbe Buglé, el 91.5% en Emberá-Wounaan y el 87% en Guna Yala, de acuerdo con los datos citados en el informe.
La pobreza también se refleja en la alimentación
Las carencias económicas tienen consecuencias directas sobre la alimentación y el desarrollo de la niñez. El informe señala que 39% de los niños indígenas menores de cinco años padece desnutrición crónica, una condición que puede afectar su crecimiento y desarrollo.
Las desigualdades también son evidentes en el acceso a los servicios de salud. Mientras el promedio nacional es de 33.3 profesionales de la salud por cada 10,000 habitantes, en la comarca Ngäbe Buglé la cifra se reduce a 3.3 profesionales por cada 10,000 habitantes.
A esto se suma que solo 21% de los niños, niñas y adolescentes indígenas cuenta con cobertura de seguridad social.
Las dificultades económicas también pueden llevar a algunos menores a incorporarse a actividades laborales, lo que puede interferir con su educación.
“Los niños tenemos derecho a ir a la escuela a estudiar, no a trabajar”, relató un adolescente de 14 años del distrito de Arraiján, cuyo testimonio fue incluido en el estudio.
Uno de cada siete no asiste a la escuela
Las brechas también están presentes en la educación. Según el informe, 15% de los niños, niñas y adolescentes indígenas no asiste a la escuela, mientras que 42% presenta sobreedad o rezago educativo.
La conectividad representa otra limitación: solo 31% de la niñez y adolescencia indígena tiene acceso a internet.
El documento también advierte sobre las dificultades para garantizar una Educación Intercultural Bilingüe que responda a las características culturales y lingüísticas de los pueblos indígenas.
“La educación brindada no es acorde a la cultura”, expresó un adolescente de 14 años de la comarca Ngäbe-Buglé, quien también señaló las dificultades que enfrentan los estudiantes cuando algunos docentes no hablan su idioma.
Para esta población, la educación está vinculada no solo con la permanencia en el sistema escolar, sino también con la preservación de su identidad, idioma y cultura.
La realidad tampoco se limita a las comarcas. 58% de la niñez indígena vive fuera de los territorios comarcales, donde también enfrenta situaciones de discriminación.
Una niña de 13 años residente en Santa Ana relató que ha sido discriminada por su color de piel y por hablar su idioma.
Lea el informe completo:
Adjuntos
resumen web.pdfMaternidad y uniones tempranas
El informe identifica además una alta incidencia de maternidad y uniones tempranas entre adolescentes indígenas.
De acuerdo con sus datos, 59% de las madres adolescentes del país son indígenas, mientras que 70% de las adolescentes indígenas que son madres deja de asistir a la escuela.
En cuanto a las uniones o matrimonios infantiles, cuatro de cada cinco adolescentes que se encuentran en esta situación son indígenas. El fenómeno afecta al 15% de las jóvenes indígenas de entre 15 y 17 años.
El trabajo infantil constituye otra de las situaciones de riesgo. Su tasa entre la población indígena triplica el promedio nacional, según el informe.
Estos factores pueden acumularse y dificultar la permanencia de los adolescentes en el sistema educativo.
Cuatro de cada cinco niños sin registro son indígenas
La falta de registro de nacimiento constituye otra barrera para el ejercicio de derechos.
El documento señala que cuatro de cada cinco niños que no cuentan con registro de nacimiento en Panamá son indígenas.
No contar con este documento puede dificultar el acceso a servicios públicos, programas sociales y otros derechos fundamentales.
Una niñez marcada por múltiples brechas
Los problemas identificados están relacionados entre sí. La pobreza puede limitar el acceso a una alimentación adecuada; las dificultades económicas y territoriales afectan el acceso a servicios de salud; las barreras lingüísticas y culturales pueden interferir con la experiencia educativa, y la discriminación alcanza tanto a quienes viven dentro como fuera de las comarcas.
El informe plantea como prioridades aumentar la inversión pública, mejorar el acceso a servicios de salud y nutrición, fortalecer la Educación Intercultural Bilingüe y reforzar la protección frente al trabajo infantil, las uniones tempranas y la violencia de género.
También recomienda que las políticas públicas consideren las características culturales y lingüísticas de los pueblos indígenas y atiendan a quienes viven tanto en las comarcas como fuera de ellas.
Más allá de las estadísticas, el documento incorpora las voces de niñas, niños y adolescentes indígenas mediante espacios de consulta. Sus testimonios muestran cómo estas brechas se traducen en dificultades para estudiar, acceder a servicios, preservar su identidad y vivir libres de discriminación.
“Este documento debe entenderse como una herramienta para la acción. Una herramienta para fortalecer la coordinación entre instituciones; para orientar decisiones basadas en evidencia; para asignar recursos donde más se necesitan”, señaló Olga Isaza, directora adjunta de Unicef para América Latina y el Caribe.
“Escuchar a las niñas, niños y adolescentes indígenas no es solamente un ejercicio de participación; es una obligación de derechos humanos”, señaló la defensora del Pueblo, Ángela Russo.
Durante la presentación del informe, la Defensoría del Pueblo dará seguimiento a las recomendaciones mediante acciones de monitoreo y coordinación con las instituciones del Estado y los pueblos indígenas.
La radiografía que deja el informe muestra que pobreza, desnutrición, dificultades educativas, falta de acceso a servicios de salud, trabajo infantil, uniones tempranas, falta de registro y discriminación forman una cadena de brechas que puede comenzar desde los primeros años de vida.
Cerrar estas brechas requiere ampliar la cobertura de los servicios y garantizar que lleguen a los territorios y comunidades donde más se necesitan, de acuerdo con la cultura, el idioma y las condiciones particulares de cada pueblo indígena.
