Un niño que camina por horas para buscar agua. Una adolescente que abandona la escuela porque no puede pagar el pasaje. Una madre joven a la que gritan en la sala de partos: “te arruinaste la vida”. Estas historias, relatadas por niñas, niños y adolescentes afrodescendientes de Panamá, son el rostro más crudo de una realidad de la que pocos hablan.
El Informe Defensorial sobre la Situación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Afrodescendientes en Panamá, publicado recientemente por la Defensoría del Pueblo con apoyo técnico del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), expone, con datos, testimonios y análisis institucionales, la persistencia del racismo estructural, la pobreza y la violencia que atraviesan la vida de más de 312 mil niños, niñas y adolescentes afrodescendientes, el 26% de la población infantil del país.
El documento fue presentado ante autoridades, representantes de organismos internacionales, sociedad civil y grupos de adolescentes afrodescendientes, quienes participaron directamente en las consultas y grupos focales realizados en las provincias de Panamá y Colón.
Durante la presentación, el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, destacó que, tras dialogar con jóvenes, líderes sociales e instituciones públicas, quedó claro que la niñez afrodescendiente enfrenta brechas estructurales que la excluyen sistemáticamente.
“Las niñas, niños y adolescentes afrodescendientes nos han hablado con una claridad profunda sobre las desigualdades que enfrentan desde las brechas en salud y educación hasta las múltiples formas de racismo y violencia que atraviesan sus vidas. Sus testimonios nos recuerdan que estas no son situaciones aisladas, sino realidades estructurales que debemos transformar con urgencia”, afirmó.
Pese a que uno de cada tres panameños se identifica como afrodescendiente —según el Censo 2023— la infancia negra sigue creciendo en entornos marcados por desigualdades profundas como son: falta de agua, viviendas deterioradas, discriminación en las escuelas, acceso limitado a la salud y exposición a violencias normalizadas en sus barrios.
51% de los Niños, Niñas y adolescentes Afro sufren violencia en CASA. 🇵🇦@Senniaf @MIDESPma @UNICEFPanama @DefensoriaPan @Ganhri1 @RINDHCA @OmbudspersonFi @UN @UN_Women @ONUPanama @UN_WGDAWG pic.twitter.com/K3MQLL39H0
— Eduardo Leblanc Jr. (@eleblancg) December 3, 2025
De acuerdo con el informe, los derechos más vulnerados en esta población son la protección en el entorno familiar, el derecho a vivir libres de violencia y sin discriminación, el acceso a la educación y la participación en la vida cultural.
“Escuchar y valorar la opinión de las niñas, niños y adolescentes afrodescendientes no es un gesto simbólico; es una obligación del Estado y de toda la sociedad. Este informe es una hoja de ruta para garantizar que sus derechos se conviertan en prácticas cotidianas y no en promesas. Su palabra debe tener consecuencias reales en las decisiones que afectan sus vidas”, agregó Leblanc González.
Pobreza y precariedad
El informe revela que el 22% de la población infantil afrodescendiente vive en pobreza y el 7% en pobreza extrema. Además, 2 de cada 10 niños afrodescendientes viven en pobreza multidimensional, lo que refleja carencias simultáneas en vivienda, servicios básicos, ingresos, educación y salud.
En barrios como Curundú o El Chorrillo, la precariedad es aún mayor, ya que solo el 39% de los niños tiene acceso a seguridad social y gran parte depende de trabajos informales de sus padres.
Un testimonio recogido en el documento resume la desigualdad en una frase: “Un compañero vive en Samaria. Tuvo que cargar agua por un año. Un día pasó todo el día esperando agua y no fue a la escuela”. La pobreza, concluye el documento, no solo limita la comida o los servicios básicos: condiciona el futuro, perpetúa injusticias y deja marcas emocionales profundas.
Aunque las cifras oficiales señalan que el 87% de los niños, niñas y adolescentes afro tiene acceso a agua segura, líderes comunitarios describieron una realidad distinta: sectores con suministro intermitente, baja presión y familias que dependen de camiones cisterna, pagando más por agua no siempre segura.
Niños jugando entre aguas servidas, escuelas cerradas por ratas y focos de dengue se relataron como situaciones persistentes desde hace 20 o 30 años. La falta de saneamiento afecta especialmente a las niñas, que enfrentan dificultades para gestionar su higiene menstrual y, en muchos casos, deben faltar a clases por no contar con baños adecuados.
En los barrios donde predomina la población afrodescendiente, las viviendas de madera, techos de zinc y pisos deteriorados se combinan con filtraciones e inundaciones constantes. El hacinamiento es casi la norma: “En mi casa vivimos todos amontonados”, relató un niño, mientras otros deben dormir en casas de familiares “porque ya no caben”.
A esta precariedad se suma la creciente gentrificación en sectores como el Chorrillo, donde familias afrodescendientes están siendo desplazadas por el auge inmobiliario y turístico alrededor del Casco Antiguo. “Queremos mejoras, sí, pero también para nosotros”, reclamó una líder comunitaria.
Brechas: el acceso a salud y educación
El acceso a la salud es otra de las grandes brechas. El 50% de la población infantil afrodescendiente carece de seguridad social, lo que limita la atención preventiva y especializada. Entre largas filas, maltrato y discriminación, muchos adolescentes relataron experiencias dolorosas.
“Mi mamá estaba mal. En la policlínica había 300 personas adelante. Tuvimos que pagar una clínica privada”, contó uno. Otro narró: “A veces las enfermeras te dicen que esperes a que terminen de comer para atenderte”.
La violencia obstétrica hacia mujeres afrodescendientes aparece como un patrón identificado por el informe, con expresiones denigrantes como “eso te pasa por abrir las piernas”. El 21% de las madres adolescentes en Panamá es afrodescendiente y en áreas como Curundú esta cifra triplica el promedio nacional.
Además, la salud mental preocupa cada vez más: uno de cada cinco adolescentes del país ha pensado en suicidarse, y quienes viven en entornos afectados por violencia y discriminación enfrentan un riesgo aún mayor.
En educación, las brechas también son severas. Al menos 12,000 niñas, niños y adolescentes afrodescendientes entre 6 y 17 años están fuera de la escuela.
El informe documenta burlas, apodos racistas, sanciones por peinados afro, reglamentos escolares que prohíben trenzas o rulos y docentes que reproducen estereotipos.
“Dicen que uno es bruto solo por ser negro”, relató un adolescente. Otro, del Grupo Consultivo de Unicef, contó que un profesor afirmaba que “las trenzas son solo para mujeres afro”.
La Defensoría del Pueblo incluso denunció que algunas escuelas solicitan “certificados de identidad étnica” para permitir ciertos peinados, una práctica discriminatoria que viola derechos fundamentales.
En el ámbito familiar, el informe revela que las tasas de disciplina violenta son más altas en la población afrodescendiente: 51% frente al 45% del promedio nacional, incluyendo castigos corporales más frecuentes (34% versus 29%).
Además, más de 6,000 niñas, niños y adolescentes afrodescendientes trabajan y una cifra similar se encuentra en uniones tempranas, en su mayoría niñas y adolescentes, lo que aumenta riesgos de embarazo precoz, abandono escolar y violencia.
Muchos adolescentes describen vivir en entornos donde la violencia es parte del paisaje: disparos, pandillas, operativos policiales con perfilamiento racial y estigmas que los asocian con criminalidad por el simple hecho de ser jóvenes y afrodescendientes. “En mi barrio, si un policía ve a un muchacho negro con hoodie (sudadera con capucha), ya asume algo”, denunció uno de ellos.
Sandie Blanchet, representante de Unicef en Panamá, recordó que el país ha asumido compromisos claros en materia de niñez a través de la Convención sobre los Derechos del Niño, otros instrumentos internacionales y la Ley 285 de 2022, que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de la Niñez.
“El reto es hacer que estos compromisos se traduzcan en servicios sociales básicos —educación, salud, protección y apoyo a las familias— que lleguen de manera prioritaria a quienes más lo necesitan, cerca de ellos y en sus comunidades, y en normas sociales que incluyan a todos los niños, niñas y adolescentes sin discriminación”, afirmó.
