Reunidos en su Asamblea Plenaria N.º 223 del 30 de junio al 4 de julio de 2025, los obispos de Panamá emitieron un mensaje pastoral en el que abordaron los principales desafíos sociales, políticos y económicos que enfrenta el país.
La Iglesia panameña dio la bienvenida al papa León XIV y recordó con gratitud al papa Francisco por su legado de cercanía y esperanza.
También se destacó el servicio de monseñor José Dimas Cedeño, arzobispo emérito, por sus 50 años de ministerio episcopal.
Los obispos reconocieron avances como la apertura de la Ciudad de la Salud, los esfuerzos por salir de las listas grises y la alfabetización constitucional. Sin embargo, alertaron sobre el elevado desempleo, la violencia social, la fragilidad institucional, la polarización política, y la crisis en salud y educación.
Expresaron preocupación por declaraciones de Estados Unidos sobre una supuesta “recuperación” del Canal, así como por tensiones geopolíticas, exigencias de libre tránsito militar y posibles bases en territorio panameño. Advirtieron que tales acciones contradicen los tratados internacionales y lesionan la dignidad del país. Llamaron a las autoridades a actuar en defensa del interés nacional.
¡Nuestra soberanía no se negocia!
— CEP-Panamá (@IglesiaPA) July 4, 2025
Los obispos alzan la voz ante presiones externas sobre el Canal de Panamá:
“Exhortamos a nuestros gobernantes a defender el interés nacional con dignidad y firmeza.”#CanalDePanamá #SoberaníaNacional pic.twitter.com/5FYD5dJC5j
Asimismo, la Iglesia reiteró su compromiso con los migrantes que atraviesan el Tapón del Darién, e instó a los Estados a abordar el fenómeno desde los derechos humanos y la corresponsabilidad, no solo como un tema de seguridad.
Ante la huelga de docentes, los obispos valoraron su vocación y preocupaciones laborales, pero pidieron el regreso a clases y solicitaron al Gobierno garantizar estabilidad laboral y actuar sin represalias.
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Violencia y respeto a los derechos humanos
Se mostraron alarmados por el aumento de la violencia y por el uso desproporcionado de la fuerza contra poblaciones vulnerables, especialmente pueblos originarios. Exhortaron a respetar los derechos humanos en toda circunstancia.
Por otro lado, cuestionaron un modelo económico centrado en intereses que afectan a los más pobres, y denunciaron que los ciudadanos no deben pagar los errores de una gestión pública deficiente. Llamaron a no criminalizar la protesta social y a escuchar las voces de quienes reclaman justicia.
Reafirmaron también su compromiso de ser un puente para la reconciliación nacional y destacaron que la salida a la crisis no será impuesta, sino construida mediante el encuentro y el diálogo inclusivo.
