La Asociación de Odontólogos de Panamá (AOP) manifestó su rechazo a la Ley 462, que reformó la Caja de Seguro Social (CSS), por considerar que atenta contra la estabilidad laboral, los derechos profesionales y la calidad del servicio de salud.
En un comunicado, la AOP señaló que la nueva ley elimina la estabilidad laboral del servidor de salud, otorgando a los jefes inmediatos o directores la potestad de cesar funciones sin el debido proceso. Citaron como ejemplo el reciente despido de una odontóloga que ejercía como directora médica en la Unidad Local de Atención Primaria en Salud (ULAPS) de Capira.
Además, señalaron que se establece como causal de despido el no cumplir con la recertificación profesional, cuando la ley vigente estipula que este proceso es opcional, así como obtener dos evaluaciones no satisfactorias, sin establecer mecanismos de apelación.
El comunicado indica que son inadecuadas las medidas adoptadas para garantizar la sostenibilidad del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), entre otros aspectos.
Actualmente, la AOP, liderada por Wender González, realizó una consulta interna en la que el 76.9 % de los encuestados manifestó estar en desacuerdo con la nueva legislación.
Por su parte, la CSS respondió al pronunciamiento de la AOP y aclaró varios puntos sobre la Ley 462 de 2025. Señaló que la estabilidad laboral se mantiene para los profesionales y técnicos de la salud que laboran a tiempo completo en la CSS y que han cumplido dos años de servicio continuo, desmintiendo que la ley elimine este derecho.
#ComunicadoCSS | Frente al pronunciamiento de la Asociación Odontológica Panameña (AOP), y apegados al firme compromiso de transparentar la gestión institucional y mantener debidamente informado al personal de salud que labora en la Caja de Seguro Social (CSS), la institución… pic.twitter.com/nnfKGmCFkd
— CSSPanama (@CSSPanama) April 15, 2025
Con respecto a las sanciones disciplinarias, la entidad indicó que se aplican conforme a la ley, respetando el debido proceso y garantizando el derecho a la defensa mediante recursos de reconsideración y apelación.
Asimismo, explicó que la Ley 462 exige presentar la recertificación solo cuando aplique, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente, la cual indica que dicho proceso es opcional y voluntario. Por tanto, es falso que no cumplirla sea causal directa de despido.
En el caso de los traslados laborales, informó que los funcionarios sí pueden solicitarlos, con autorización del jefe inmediato y aprobación del superior jerárquico, contrario a lo que afirma la AOP.
En su comunicado, la CSS concluye que la Ley 462 fue aprobada legalmente y reafirma su legitimidad dentro del marco constitucional.
