Aliados por la Niñez y la Adolescencia, un grupo conformado por 35 organizaciones sin fines de lucro, organizaciones internacionales y la empresa privada, mostraron su inquietud con las informaciones vertidas en los últimos días en medios de comunicación social, que dejan en evidencia la vulneración de los derecho de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en albergues y en áreas apartadas de la Comarca Ngäbe Buglé.
El grupo pidió a las autoridades que se haga una investigación rigurosa y profunda de las graves denuncias que se han realizado sobre posibles agresiones a la integridad física, mental y emocional de los menores que permanecen al amparo y custodia del Estado Panameño y en áreas de difícil acceso en las comarcas.
También desean que se rinda un informe público sobre la labor del Comité de Supervisión y Monitoreo instalado mediante Decreto Ejecutivo 26 del 21 de abril del 2009, en el que se dictan las normas para regular la apertura y funcionamiento de los albergues, así como revisar los mecanismos vigentes para la supervisión efectiva de los albergues o instituciones de cuidado alternativo, a fin de hacer los ajustes que sean necesarios para su efectividad.
Además solicitan que se continúe el proceso de transición del sistema de cuidado alternativo hacia un modelo que garantice a todos los niños y niñas el derecho de vivir en familia en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño, así como una pronta aprobación del Sistema de Garantías y Protección Integral para los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, compromiso que constituye una gran deuda para el país en materia de derechos de la niñez y adolescencia desde hace muchos años.
Las organizaciones que integran Aliados por la Niñez y la Adolescencia basan su petición en que la Constitución y la normativa internacional suscrita por el país, asigna al Estado panameño la responsabilidad de proteger a todos los niños, niñas y adolescentes, especialmente a aquellos bajo el cuidado del Estado y en situación de mayor vulnerabilidad, sin importar el lugar en donde se encuentren.
Aparte de que la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por Panamá mediante la Ley 15 de 1990, en su artículo 3, numeral 3 establece que el Estado asegurará que las instituciones encargadas del cuidado o protección de los niños y niñas cumplan con las normas establecidas, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de un mecanismo de supervisión adecuada.
Así mismo hacen énfasis en el artículo 20, numerales 1 y 2 de esta convención el cual se refiere al derecho que tiene todo niño o niña sin familia a la protección y ayuda especiales en una modalidad familiar, no institucional.
En ese sentido, consideraron que si bien el Estado ha delegado su responsabilidad del cuidado alternativo en instituciones administradas por terceros, mantiene la obligación de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, y por tanto, debe asegurar que cuenta con sistemas eficaces de monitoreo, fiscalización y canales de denuncias efectivos.
