El administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, compareció este jueves 29 de enero ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, donde respondió un cuestionario de 26 preguntas sobre diversos temas relacionados con la recolección de desechos en Panamá Este y San Miguelito.
Durante su comparecencia y como parte de las respuestas ofrecidas a los diputados de la Comisión en torno a la estrategia de recolección de basura en San Miguelito, Moreno reconoció que mantiene a empresas privadas brindando el servicio de recolección en el distrito sin el refrendo de la Contraloría General de la República.
Moreno informó que, entre las empresas que participan en la recolección en el distrito, se encuentran Volquetes Unidos de Panamá, Equipos y Volquetes Panamá Este, Grupo de Contratistas Internacional, Vicani Holding, Centenario Don Juan, Relleno Transporte y Equipo y Voltran, las cuales están operando sin refrendo de la Contraloría.
Según el administrador, “se está haciendo valer el artículo 79 de la Ley 22 de Contrataciones Públicas”, el cual permite realizar contrataciones mediante procedimientos excepcionales ante situaciones de urgencia evidente, imprevista e impostergable.
Con base en esta normativa, Moreno aclaró que la situación en San Miguelito era evidente, inédita, probada e inmediata, por lo que era necesario actuar. “No podíamos cruzarnos de brazos. Teníamos que ayudar a los más de 280 mil residentes del distrito de San Miguelito”, expresó.
Ante la Comisión de Trabajo compareció el administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno Marín, quien respondió un cuestionario sobre el plan de recolección de desechos sólidos en los distritos de San Miguelito y Panamá. pic.twitter.com/r6AmVToesc
— Asamblea Nacional (@asambleapa) January 29, 2026
Cabe recordar que la AAUD comenzó a brindar apoyo en la recolección de basura en San Miguelito el pasado 1 de enero de 2026; sin embargo, asumió el control definitivo del servicio el 19 de enero, tras concluir, luego de 20 años, la concesión con la empresa Revisalud.
Durante su sustentación ante la Comisión de Salud, Moreno explicó que la inversión total destinada para atender la emergencia en San Miguelito asciende a 594,371.94 dólares, desglosados en 587,381.84 dólares en equipos, 6,847.50 dólares en alimentación para el personal operativo y voluntarios, y 192.60 dólares en gastos varios. La alimentación, precisó, fue necesaria debido a la participación de voluntarios que apoyaron las jornadas intensivas de recolección.
Según Moreno, ante la crisis provocada por la acumulación inusual de desechos en el distrito de San Miguelito, la AAUD activó un operativo especial de recolección que incluyó la contratación excepcional de empresas para atender a más de 280 mil residentes.
El administrador explicó que la cantidad de basura encontrada en las calles superaba los niveles normales, una situación similar a la registrada cuando asumió anteriormente la administración del servicio de aseo en la ciudad capital. Frente a este escenario, se optó por una respuesta inmediata para evitar un problema de salud pública.
En cuanto a la rendición de cuentas de la tasa de aseo, explicó que ENSA —empresa encargada del cobro de dicha tasa— presentó un informe a la AAUD en el que se detalla que 77,837 usuarios pagan este servicio a través de la facturación eléctrica. Moreno indicó que esta información será compartida con el Consejo Municipal y la Alcaldía de San Miguelito, junto con los datos sobre los ingresos generados.
Aunque Moreno no precisó el monto de la recaudación mensual por la tasa de aseo, anunció la apertura de una cuenta bancaria exclusiva para San Miguelito, donde se depositarán estos fondos, con el objetivo de garantizar un control claro y verificable de los recursos.
La entidad también se comprometió a presentar informes periódicos —quincenales o mensuales— que incluirán datos sobre las toneladas recolectadas por corregimiento, el tipo de equipo utilizado (camiones compactadores, volquetes u otros), los costos por tonelada y el gasto total del servicio. Los excedentes, de existir, serán administrados conforme a las decisiones del Consejo Municipal y destinados exclusivamente a mejorar la infraestructura relacionada con la gestión de residuos.
En cuanto a la logística operativa, la Autoridad de Aseo detalló que actualmente se cuenta con una flota compuesta por 30 camiones volquetes, 15 retroexcavadoras —una facilitada por Merca Panamá y el resto por empresas privadas—, 14 camiones compactadores de compañías privadas, vehículos tipo rejilla propios de la institución y ocho autos asignados a supervisores, prestados por diversas entidades.
Sobre la decisión de prestar el servicio en San Miguelito, pese a una denuncia presentada por la Alcaldía, Moreno indicó que este asunto se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia y prefirió no profundizar. “Nosotros estamos enfocados en hacer nuestro trabajo: recoger los desechos de los vecinos del distrito. La salud no es opcional y la recolección oportuna es fundamental para evitar problemas de salud pública”, enfatizó.
El administrador reiteró que la prioridad fue actuar de forma inmediata para proteger la salud pública. “La salud no es negociable”, subrayó, al justificar las decisiones adoptadas para enfrentar una situación que calificó como inédita y urgente en el distrito.
Por su parte, Yarelis Rodríguez, diputada del circuito de San Miguelito, cuestionó la tardía intervención del Gobierno en el manejo de los desechos sólidos en el distrito de San Miguelito, al considerar que existían condiciones de “urgencia evidente” mucho antes de que se adoptaran medidas extraordinarias, en medio de una crisis ambiental y sanitaria que, según señaló, derivó incluso en muertes por dengue.
Durante su intervención, la diputada lamentó que, pese a las reiteradas advertencias sobre el colapso del sistema de recolección y el aumento sostenido de casos de dengue, no se actuara oportunamente. Recordó que ya en noviembre se registraban cifras superiores a las del año anterior y se habían reportado al menos dos fallecimientos, situación que, a su juicio, pudo evitarse si se hubiese intervenido a tiempo en la recolección de basura.
Rodríguez vinculó directamente la proliferación del mosquito transmisor del dengue con la deficiente recolección de desechos en San Miguelito y en ese contexto, expresó su inconformidad con el uso tardío del artículo de “urgencia evidente” de la Ley de Contrataciones Públicas, cuestionando por qué ese mismo fundamento legal no se aplicó antes para respaldar una intervención estatal inmediata.
Rodríguez insistió en que el auxilio del Gobierno debió llegar sin condicionamientos, como el cobro de la tasa de aseo, y cuando la crisis aún no había cobrado vidas. “San Miguelito necesitaba ayuda cuando el problema estaba creciendo, no cuando ya había consecuencias irreversibles”, subrayó.
Rodríguez manifestó su expectativa de que la Autoridad de Aseo logre mejorar los niveles de recolección, elevar los indicadores de eficiencia y garantizar transparencia en las mediciones y resultados, reiterando que la población de San Miguelito ha sido la más afectada por años de deficiente gestión y decisiones tardías frente a una emergencia ambiental y de salud pública.
Intervención debilita la autonomía municipal
La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, cuestionó ante la Comisión de Salud la decisión del Gobierno de asumir el control de la recolección de residuos en el distrito, al advertir que la medida debilita la autonomía municipal y no soluciona de fondo la crisis en el manejo de la basura, que afecta tanto a San Miguelito como a la ciudad de Panamá.
Durante los cinco minutos de intervención, Hernández sostuvo que la centralización del servicio en manos de la Autoridad de Aseo responde más a razones políticas que a criterios de salubridad, sostenibilidad ambiental o bienestar ciudadano. Recordó que la recolección de desechos es una competencia municipal establecida en la Constitución y advirtió que este precedente podría extenderse a otros distritos y a otros servicios públicos, como el suministro de agua.
La alcaldesa señaló que el principal impacto de estas decisiones continúa recayendo sobre los residentes, quienes padecen la acumulación de basura. “Los problemas comunitarios deben resolverse de abajo hacia arriba, fortaleciendo a los gobiernos locales y no mediante una mayor concentración de funciones en entidades nacionales".
Asimismo, criticó la falta de planificación operativa por parte de la AAUD, al indicar que no se han definido con claridad las frecuencias de recolección por corregimiento.
Aunque expresó su desacuerdo con la forma en que se ejecutó la intervención, la alcaldesa manifestó su disposición a colaborar, poniendo a disposición recursos municipales, como el centro de videovigilancia y el plan de gestión de residuos previamente elaborado por el municipio. No obstante, lamentó no haber sido informada ni haberse coordinado previamente dicha intervención.
