Un reciente artículo publicado en la Revista Médica de Panamá revela una particularidad que distingue al país del resto del continente: Panamá es el único país de América Latina que mantiene un internado médico de dos años, pagado como si los estudiantes fueran empleados públicos y sin participación directa de las universidades formadoras.
El artículo, elaborado por Paulino Vigil De Gracia, jefe del departamento nacional de Docencia e Investigación de la Caja de Seguro Social (CSS), compara los modelos de internado médico en 18 países latinoamericanos y evidencia notables diferencias en cuanto a su duración, estructura y responsabilidades institucionales.
Según el análisis, la mayoría de los países de la región mantiene internados de un año, bajo responsabilidad de las universidades, y sin remuneración equivalente a un empleo formal, aunque en algunos casos los estudiantes reciben becas o estipendios simbólicos por su trabajo en hospitales.
Panamá, en cambio, mantiene desde 1959 un internado médico de dos años, durante los cuales los estudiantes son considerados funcionarios públicos y reciben un salario mensual que puede superar los 2 mil dólares, incluyendo pagos adicionales por turnos. Este modelo convierte a los internos panameños en los mejor remunerados de toda América Latina, según el artículo.
El internado se realiza principalmente en hospitales públicos de la CSS y el Ministerio de Salud, donde los internos adquieren experiencia práctica bajo supervisión médica, enfrentando casos reales y complejos que complementan su formación académica. “Tenemos un empleado público muy bien remunerado y, a la vez, estudiante. Pero no pertenece a una universidad”, señala Vigil De Gracia.
El jefe de Docencia de la CSS advierte que la estructura actual del internado debería revisarse para ajustarse a los estándares internacionales de formación médica y así garantizar que los años adicionales realmente contribuyan a la calidad académica y clínica.
“No existe evidencia de que la extensión del internado en Panamá represente una ventaja para la calidad de los servicios de salud o la formación profesional”, afirma.
Por el contrario, países como Costa Rica, Cuba, Uruguay y Chile, que mantienen internados de un solo año y sin remuneración, presentan mejores indicadores de salud que Panamá.
Entre ellos destacan mayor esperanza de vida, menor mortalidad infantil y una cobertura sanitaria más amplia. Esto sugiere que la duración del internado, por sí sola, no garantiza mejores resultados en salud, sino que depende de otros factores, como la calidad de la formación universitaria, la inversión en infraestructura hospitalaria y el acceso a servicios de atención primaria.
Duración total de la formación médica
El análisis de Vigil De Gracia también señala que el proceso total de formación médica en América Latina oscila entre seis y nueve años, con un promedio regional de siete años.
En Panamá, el proceso completo —que incluye seis años universitarios y dos de internado— se extiende a ocho años, lo que representa un año adicional respecto al promedio continental. Este alargamiento de la formación tiene implicaciones directas en la planificación de plazas de empleo y en la integración de los médicos al sistema de salud público, generando retrasos y acumulación de egresados a la espera de su incorporación laboral.
Para Vigil De Gracia, reducir el internado a un año sería una opción razonable que permitiría equiparar el modelo panameño al del resto de la región, sin afectar la calidad académica ni las competencias clínicas de los egresados. “No hay justificación académica ni sanitaria para mantener dos años de internado”, subraya.
Según el médico y docente, la revisión del sistema debería involucrar a universidades, Estado y gremios médicos, con el objetivo de definir si el modelo vigente continúa siendo el más adecuado para la formación de los futuros médicos del país.
Problemas con la asignación de plazas
La discusión cobra relevancia en un contexto donde centenares de egresados enfrentan demoras en las asignaciones de plazas y reclaman un proceso más transparente y equitativo.
En ese sentido, el ministro de Salud (Minsa), Fernando Boyd Galindo, sostuvo esta semana que se debe regular el ingreso de estudiantes a las facultades de medicina para evitar la sobreoferta de egresados. Esto se observa en la situación de 201 estudiantes egresados de medicina que actualmente aspiran a una plaza de internado en hospitales públicos.
Boyd Galindo reiteró que se trata de un problema de “vieja data”, que pone en aprietos al gobierno debido a la cantidad limitada de plazas de empleo en el sistema público de salud.
“Apenas que entramos al gobierno, el señor presidente dio la orden de que se contrataran a todos los médicos internos y se abrieron las plazas; se limpió, como quien dice, la mesa de todo lo que quedaba pendiente de muchos años. Este es un tema que no viene de hace un año ni de hace dos años. Hace muchos años que este problema se viene produciendo y cada vez es mayor: mayor la cantidad de médicos que egresan de las facultades de medicina y las plazas son limitadas”, explicó el ministro.
Además, Boyd Galindo recordó que la medicina es, quizás, la única de las profesiones en la que el Estado debe aceptar a un egresado y luego garantizarle una plaza de trabajo, lo que genera presión sobre el sistema y la necesidad de una planificación más eficiente en la gestión de recursos humanos en salud.
La situación ha despertado preocupación entre los estudiantes y egresados de medicina, quienes aseguran que la falta de plazas disponibles limita sus oportunidades profesionales y genera incertidumbre respecto a su futuro laboral.
“No pedimos privilegios, pedimos poder ejercer lo que tanto hemos estudiado y servir a la población”, afirmaron algunos de los aspirantes.
El debate sobre la duración y estructura del internado médico en Panamá continúa, y el artículo abre un espacio de reflexión sobre cómo modernizar la formación médica, garantizar equidad para los estudiantes y mejorar la eficiencia del sistema sanitario.
La revisión de este modelo podría tener implicaciones importantes no solo para los internos, sino también para la calidad general de los servicios de salud en el país.
