Panamá anunció esta semana en la conferencia Our Ocean 2023 que, con la extensión de los límites del área marina protegida en Banco Volcán, en Colón, el país estaría declarando protegido el 54.3% de su espacio marino.
Suena bien, pero la pregunta que cabe ahora es cómo hará el país para custodiar esas aguas.
Para tener una idea de la responsabilidad que representa dicho anuncio, toda la superficie marina de Panamá tiene una extensión de 319 mil 824 kilómetros cuadrados y lo que está ahora protegido son unos 173 mil 700 kilómetros cuadrados. Eso es más del doble de la superficie terrestre del país, unos 75 mil 517 kilómetros cuadrados.
Se consultó al ministro de Ambiente, Milciades Concepción, sobre qué hará la entidad para garantizar la preservación de ese espacio marino y subrayó que se está creando un centro de monitoreo de las aguas panameñas, en el que participarán el Ministerio de Seguridad, la Autoridad Marítima de Panamá, la Autoridad de los Recursos Acuáticos y el Ministerio de Ambiente, y que contará con plataformas conectadas con satélites de varios países del mundo.
“Cuidar espacio tan grande requiere de muchas tecnologías y no se puede cuidar solo con embarcaciones. No nos estamos quedando en solo declarar área protegida, sino que debemos adquirir el equipo tecnológico para su protección”, dijo.
En palabras del ministro, el hecho de que Our Ocean se realizara en Panamá posicionó al país como una de las naciones líderes en el tema de protección ambiental y servirá de ejemplo para que otros países busquen proteger por lo menos el 30% de su espacio marino, antes del año 2030. Este objetivo se aprobó en la COP15 de la Cumbre de la Biodiversidad en Montreal, Canadá, en diciembre de 2022.
En el acto inaugural de Our Ocean en Amador, se firmó el decreto que amplía el área protegida de Banco Volcán, que aumentó su superficie de 14 mil 201 kilómetros cuadrados a 93 mil 390 kilómetros cuadrados.
Ecologistas como Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental, hacen un llamado a las autoridades, para que se asignen los recursos necesarios para la salvaguarda de las áreas protegidas, tanto marinas como terrestres.
