El equipo legal de la panameña-estadaunidense Suha Jbara, quien estuvo detenida durante 67 días por las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), presentó una queja ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Jbara, hija de empresarios panameños, y quien tiene 3 hijos menores de edad, fue detenida el pasado 3 de noviembre de 2018 en su casa en Turmus Ayya, en Ramala, y llevada a una cárcel de investigación criminal en Jericó, donde –según su testimonio- fue torturada. Un juzgado de la ciudad de Ramala la liberó el 9 de enero de 2019.
La queja fue presetada el pasado 5 de diciembre en Ginebra, Suiza, por Mohannad Karajah, Thafer Saaddah y Rhys Davies. En un comunicado el equipo legal señaló que los reponsables de la detención de Jbara lo hicieron sin tener pruebas en su contra: “Fue ilegalmente arrestada, detenida arbitrariamente y torturada”.
Sustentan que durante el interrogatorio la acusaron de ser gente de la organización terrorista Hamas y del Estado de Israel. “Le vendaron los ojos y la esposaron durante todo el interrogatorio y los dos interrogadores la golpearon varias veces. También la obligaron a hacerse una prueba de embarazo y la amenazaron con violarla”, señalan. Según los abogados cuando fue llevada ante un fiscal sin su abogado se le acusó de recolectar y distribuir dinero ilegalmente. “Se vio obligada a firmar una declaración de acuerdo con estos cargos”.
Jbara mantuvo una huelga de hambre hasta el 27 de diciembre de 2018, la cual había iniciado para protestar por su detención. En ese proceso, según sus familiares, sufrió de infección en los riñones y pancreatitis.
El Ministerio Público de la ANP siempre se mantuvo en que la detención, investigación y prisión de Jbara fue legal, lo cual fue aprobado por dos audiencias, una en Jericó y otra en Hebrón.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU investiga casos de personas detenidas arbitrariamente en todo el mundo. Recibe información sobre supuestos casos de detención arbitraria de individuos afectados directamente, sus familias, sus representantes u organizaciones no gubernamentales, y hace llamamientos urgentes y comunicaciones a los Gobiernos implicados para aclarar las condiciones de los que han sido supuestamente detenidos.
En tanto, el Relator Especial sobre la Tortura también hace llamados a los Estados en caso de torturas, participa en misiones de evaluación y presenta informes de la situación al Consejo de Derechos Humanos.
