La Caja de Seguro Social (CSS) enfrenta uno de los escándalos más graves de los últimos años tras la detección de una red organizada de pensiones fraudulentas que, de no haber sido frenada a tiempo, habría significado una lesión patrimonial de hasta $10 millones para la institución.
El director general de la CSS, Dino Mon, confirmó ayer, 13 de enero, en una entrevista en Panamá en Directo, que las 52 denuncias formales se presentaron ante el Ministerio Público, luego de una investigación técnica y administrativa que reveló alteraciones deliberadas en los sistemas internos, ejecutadas tanto desde dentro como desde fuera de la entidad.
“Esto es apenas el inicio. Van a salir muchos más casos”, advirtió Mon, al explicar que la magnitud del fraude solo puede descubrirse mediante auditorías complejas sobre bases de datos antiguas, alojadas en un mainframe obsoleto que constituye el corazón del sistema de pensiones y planillas de pago de la CSS.
Según el director, las irregularidades detectadas no solo incluían pensiones otorgadas sin derecho alguno, sino también aumentos artificiales en los montos, casos en los que una pensión legítima de $300 era “completada” hasta $500 o incluso llevada al tope máximo de $2,500.
De los $10 millones estimados como posible daño total, entre $3 millones y $4 millones ya habrían sido pagados, antes de que se ordenara la suspensión temporal de estas pensiones. “Si no parábamos esto, me iba a convertir en parte del problema”, sostuvo.
Mon calificó la situación como una “bomba de tiempo” heredada de administraciones anteriores, que optaron por manejar denuncias similares en bajo perfil, sin documentación suficiente ni consecuencias penales visibles.
Red interna, silencio y complicidades
Las investigaciones —realizadas con apoyo de la Contraloría General de la República— evidencian un esquema organizado, que va más allá de simples errores administrativos. “Aquí hubo manipulación consciente de datos. Esto no fue una falla del sistema”, subrayó el director.
El impacto del fraude no se limita al pago de pensiones. Mon alertó que quienes reciben una pensión irregular también consumen recursos del sistema de salud, extendiendo el perjuicio a cónyuges y dependientes.
A pesar de la gravedad de los hallazgos, el director explicó que los funcionarios presuntamente involucrados no pueden ser separados de sus cargos de inmediato, debido al respeto al debido proceso. No obstante, reconoció el riesgo de destrucción o manipulación de pruebas.
“Caíman no come caimán. Hay redes bien infiltradas y cazarlas es agotador”, admitió.
De denuncia a querella penal
La CSS colabora con el Ministerio Público y prevé que las denuncias evolucionen hacia querellas penales, a medida que avance la auditoría forense de los sistemas. Mon aseguró que esta vez la documentación entregada es robusta y permitirá acelerar las investigaciones.
“Antes se denunciaba sin pruebas completas. Ahora entregamos el mapa completo de cómo operaba el esquema”, afirmó.
El director también fue enfático en que no se protegerá a exadministradores, y que cada irregularidad detectada será denunciada, incluso si compromete a gestiones pasadas. “La impunidad no puede seguir siendo la norma”, dijo.
El caso de las pensiones fraudulentas es solo una arista de un problema estructural mayor. Mon reveló también prácticas irregulares en pagos internos, como la retención deliberada de cheques a médicos para luego cobrar por “agilizar” desembolsos, evidenciando una crisis profunda de control administrativo.
“Donde hay transacciones en la CSS, hay problemas. Fue una institución abandonada en términos administrativos”, sentenció.
Mientras las investigaciones avanzan, el director reconoce que la lucha es desigual: más de 35 mil funcionarios, con una minoría “muy bien organizada” dedicada a torcer el sistema. “Somos más los buenos, pero los malos están mejor ubicados”, concluyó.
La pregunta que queda abierta es si esta vez las denuncias llegarán hasta las últimas consecuencias, o si, como en el pasado, el tiempo y la impunidad terminarán diluyendo responsabilidades en la institución que administra los fondos de millones de asegurados.
