La Defensoría del Pueblo declaró a Aidel Álvarez, jueza de Paz de la Casa de Justicia Comunitaria de Paz de Pedregal, como funcionaria hostil y entorpecedora, por negarse a colaborar y no responder a las solicitudes de informes remitidas a su despacho.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución N.º Q211e-2025, luego de que la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) comprobara que la funcionaria obstaculizó de forma reiterada las labores legales y constitucionales de la entidad. Según el informe, Álvarez se negó a atender los requerimientos relacionados con una queja presentada por una usuaria ante la Defensoría.
De acuerdo con la entidad, esta conducta representa un incumplimiento de los deberes de los servidores públicos, conforme lo establece el artículo 18 de la Constitución y el artículo 356 del Código Penal. Por ello, la institución notificará a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) sobre el caso, al considerar que hubo una vulneración al derecho de acceso a la información y a las disposiciones de la Ley de Transparencia.
Asimismo, la Defensoría dijo que comunicará al Ministerio de Gobierno la falta cometida por la jueza y pondrá el caso en conocimiento del Procurador General de la Nación, por la posible comisión de un delito contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.
