Polémica por desalojo en Veracruz: alcaldesa de Arraiján y defensor del Pueblo analizan las condiciones del proceso

La alcaldesa de Arraiján defendió la recuperación de espacios públicos, aclarando que los establecimientos desalojados estaban construidos ilegalmente en terrenos nacionales.

Polémica por desalojo en Veracruz: alcaldesa de Arraiján y defensor del Pueblo analizan las condiciones del proceso
El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, se reunió con la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba. Cortesía.

El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, se reunió con la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, para conocer las condiciones en que se llevó a cabo el reciente desalojo en el área de playa de Veracruz, luego de recibir múltiples quejas sobre presuntas vulneraciones a los derechos humanos.

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Durante el encuentro, ambas autoridades acordaron firmar un convenio interinstitucional que facilitará la recolección de datos sobre posibles violaciones a los derechos humanos en el distrito, con el objetivo de que estas situaciones sean atendidas de manera oportuna por las instancias correspondientes.

La alcaldesa Peñalba explicó que los establecimientos desalojados fueron construidos ilegalmente sobre terrenos nacionales y que no existía relación contractual entre la alcaldía y los propietarios de dichos locales. Reiteró que el objetivo del municipio es transformar las áreas públicas de playa y garantizar su acceso a toda la ciudadanía.

Peñalba detalló que un grupo de comerciantes había ocupado la servidumbre de playa, la cual, por ley, abarca 22 metros desde la línea de marea alta y es de uso público.

“Aquí no hay intocables. No le estamos quitando nada a nadie. Estamos recuperando nuestros espacios públicos. Las playas no tienen dueño”, aseveró Peñalba en un video publicado en sus redes sociales hace una semana.

Además, denunció que algunos ocupantes no solo construyeron sin permisos, sino que también arrendaban y subarrendaban los terrenos.

Por su parte, Leblanc destacó la importancia de crear espacios de diálogo que permitan a la comunidad comprender con claridad los alcances, objetivos y fundamentos legales del proceso de reordenamiento territorial, enfocado en la recuperación de la servidumbre pública.


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