La implementación del cannabis medicinal en Panamá entra nuevamente en una fase de expectativas y dudas entre los pacientes. Aunque el Ministerio de Salud (Minsa) anunció modificaciones al decreto que regula la Ley 242 del 13 de octubre de 2021 sobre el cannabis medicinal —incluyendo la futura disponibilidad del producto en farmacias autorizadas—, las organizaciones de pacientes mantienen una postura cautelosa. Entre ellas Enma Pinzón, de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Crónicas, Críticas y Degenerativas.
Pinzón, paciente con enfermedades reumáticas y músculo esqueléticas, recuerda que el cannabis medicinal no es un tema de moda, sino una alternativa terapéutica respaldada por evidencia científica internacional.
En su caso, asegura que ha encontrado alivio significativo sin someter su cuerpo a los efectos adversos de medicamentos tradicionales como los antiinflamatorios no esteroideos (Aines).“El cannabis medicinal ya tiene evidencia científica de sus beneficios en varias enfermedades, para los pacientes de enfermedades reumáticas y músculo esqueléticas, como mi persona tiene alivio en el dolor crónico, sin el daño a órganos, como los riñones que pueden causar los AINES”, dijo.
Un proceso que avanza, pero sigue incompleto
El director de Farmacias y Drogas del Minsa, Uriel Pérez, afirmó recientemente en una entrevista a La Prensa que, con las modificaciones al decreto, el país está más cerca de ver los primeros productos del cannabis en las góndolas de farmacias autorizadas. Sin embargo, la representante de los pacientes advierte que el anuncio no abarca todos los pasos necesarios para garantizar un acceso real y seguro.
Aquí la entrevista completa:
Consultada sobre si esta vez el proceso realmente avanzará o si podría volver a estancarse, Pinzón fue clara en señalar que aún faltan elementos esenciales, ya que “el decreto ayuda para la apertura de farmacias y la distribución del producto en las mismas, sin embargo, todavía no tenemos noticias de qué el registro de paciente esté habilitado”.
El registro es un componente clave de la regulación, ya que permitirá identificar a los usuarios, dar seguimiento terapéutico y evitar desvíos del producto. Su ausencia deja a los pacientes en un limbo: sin registro, las farmacias no podrán despachar y los médicos no podrán formalizar las prescripciones, aunque el producto llegue al país. El registro de los pacientes es competencia ya de la Dirección General de Salud del Minsa.
La capacitación médica: un punto de debate
Otro de los cambios anunciados por el Minsa fue la eliminación del curso obligatorio que debían tomar los médicos para poder recetar cannabis medicinal. Con el ajuste, cualquier médico autorizado podrá emitir una receta.
Aunque algunos sectores lo celebran como un paso para agilizar el sistema, Pinzón sostiene que la medida debe analizarse con prudencia. “El hecho de qué eliminen la obligatoriedad de qué los médicos se capaciten, no significa que aquellos médicos que están interesados en manejar de forma adecuada el medicamento, si optarán por la capacitación, nos toca a nosotros los pacientes saber escoger nuestros médicos”, afirmó.
Enma Pinzón, de la de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Crónicas, Críticas y Degenerativas.
El cannabis al que tendremos acceso es el importado, y lógicamente, va a ser más caro que el que sea producido en Panamá y la producción local va a tomar unos años más.
Para Pinzón, la responsabilidad no debe recaer únicamente en el paciente, pero reconoce que, en la práctica, la información y la reputación médica serán claves para recibir un tratamiento adecuado.
El uso medicinal del cannabis requiere conocimientos específicos sobre dosis, interacciones medicamentosas, mecanismos de acción y efectos secundarios. La voluntariedad de la capacitación podría generar desigualdades entre quienes acceden a un médico formado y quienes no.
Sin lista cerrada de enfermedades
Otra modificación importante fue la eliminación de la lista cerrada de enfermedades para las cuales se permitía el uso del cannabis medicinal. Este cambio fue recibido con satisfacción por Pinzón, quien subraya que la ciencia es dinámica y que mantener un listado rígido sería contrario al avance del conocimiento.
“El eliminar la lista colabora porque la investigación siempre continúa y puede ser que en el tiempo se encuentren otras enfermedades en donde el producto va a funcionar y el tener una lista cerrada, obstaculiza el acceso del paciente al avance de la ciencia”, explicó.
Para los pacientes, esto significa que cualquier persona con una condición avalada clínicamente podrá ser evaluada por su médico para considerar si el cannabis es una alternativa viable, sin depender de una lista que podría quedar obsoleta.
La participación de empresas privadas
Según el Minsa, ya existen cinco empresas con licencias de operación y tres con licencias de sustancias controladas, lo que indica que el proceso productivo y logístico avanza. Sin embargo, las empresas deben solicitar los permisos necesarios en los países de donde importarán el cannabis.
Pinzón reconoce el rol del sector privado, pero subraya que la responsabilidad final de garantizar la calidad recae en el Estado, pues “la Dirección de Farmacias y Drogas ya tiene una normativa para hacer cumplir, solo toca que en el tiempo la ejerza para asegurar la calidad y la seguridad de los productos que se le van a ofrecer a los pacientes”.
Disponibilidad y precios
El director nacional de Farmacias y Drogas aseguró que los productos estarán disponibles “pronto”. Pero para Pinzón, la verdadera preocupación no es solo la fecha, sino el costo.
“El cannabis al que tendremos acceso es el importado, y lógicamente, va a ser más caro que el que sea producido en Panamá y la producción local va a tomar unos años más”, advirtió.
Esto significa que, aunque la implementación avance, los primeros pacientes podrían enfrentar precios elevados, lo que limitaría el acceso para personas de bajos ingresos o sin seguro privado.
Para las organizaciones de pacientes, aún falta lo más esencial: que el sistema funcione de principio a fin. Sin registro habilitado, capacitación clara, precios accesibles y supervisión estricta.
Pinzón resume el sentir de muchos: la implementación real todavía no está garantizada.
