La Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá (Ahmnp) nominó al Ministerio de Salud (Minsa) al “Huevo Rosa”, una señalización crítica contra la homofobia y la discriminación hacia la comunidad Lgbtq+, por la inactividad de la Comisión Nacional para la Prevención y Control del VIH (Conavih), la falta de reactivación del mecanismo de contratación social y otros reclamos sobre la respuesta estatal frente a la epidemia.
La organización sostiene que la última reunión de la Conavih se celebró el 8 de abril de 2025, hace ya un año, lo que refleja —a su juicio— una pérdida de dinamismo en un espacio creado para articular políticas públicas, coordinar esfuerzos interinstitucionales y dar seguimiento a los programas de prevención, tratamiento y control del VIH en Panamá.
La Conavih fue creada en enero de 2008 mediante el Decreto Ejecutivo No. 7. Su papel ha sido considerado clave para sentar en una misma mesa al Estado, a la Caja de Seguro Social, a organismos internacionales y a organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, este mecanismo permaneció inactivo desde 2021, en medio de años marcados por los efectos de la pandemia y por desafíos crecientes en salud pública.
Su primera sesión de reactivación ocurrió a finales de abril de 2024. Posteriormente, bajo la actual administración, se realizó otra reunión en 2025. Para los activistas, no obstante, la frecuencia de estos encuentros resulta insuficiente frente a una epidemia que exige seguimiento continuo, decisiones ágiles y coordinación permanente.
Ricardo Beteta, presidente de la Ahmnp y representante ante la comisión, advirtió que la preocupación trasciende la falta de reuniones. Señaló que también inquieta la reducción de fondos destinados a los programas de salud.
A esas preocupaciones se suma el cierre, en 2025, de una clínica orientada a la atención de poblaciones clave vinculadas al VIH, debido a limitaciones económicas.
Ese contexto financiero cobra relevancia para Panamá. Durante años, parte del trabajo desarrollado por organizaciones comunitarias bajo el paraguas del Minsa recibió respaldo del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Ese apoyo concluyó en diciembre de 2021, luego de que el país dejara de ser elegible por sus indicadores de crecimiento económico.
Desde 2022, el Estado panameño asumió por completo los costos de programas de prevención, diagnóstico y atención dirigidos a poblaciones en las que se concentra la transmisión del VIH. Antes de que terminara la ayuda internacional, el entonces ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, aseguró en julio de 2021 que los proyectos tendrían continuidad con fondos nacionales.
En una carta enviada el año pasado al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, Beteta solicitó acciones concretas para fortalecer las políticas de salud sexual, salud mental y prevención del VIH y de las infecciones de transmisión sexual (ITS).
En la misiva, el dirigente advirtió que, a más de cuatro décadas del inicio de la epidemia, hombres gais y hombres que tienen sexo con hombres continúan enfrentando barreras para acceder a herramientas de prevención y atención integral. Mencionó el estigma, la discriminación y la falta de enfoques basados en derechos humanos como obstáculos persistentes.
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También recordó que, según datos de Onusida (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida), siete de cada diez nuevas infecciones en Hispanoamérica y el Caribe corresponden a hombres, mientras Panamá mantiene la tasa de prevalencia de VIH más alta de Centroamérica, con una epidemia concentrada en poblaciones clave.
Entre las prioridades planteadas al Minsa figuran la reglamentación de la Ley 40 de 2018 (que establece el marco jurídico para el abordaje integral de las ITS y el VIH), la reactivación del mecanismo de contratación social, el acceso descentralizado a la profilaxis preexposición (PrEP), el abastecimiento continuo de condones y lubricantes, vacunas contra mpox, campañas sostenidas de detección de sífilis y estrategias inclusivas de prevención y salud mental.
Además, propuso instalar una mesa técnica entre organizaciones comunitarias y autoridades sanitarias para construir soluciones conjuntas con base científica.
El Minsa se defiende
El Minsa respondió públicamente y rechazó la postulación al “Huevo Rosa”. En un comunicado, sostuvo que su gestión en salud pública se mantiene activa y guiada por criterios técnicos.
“La gestión de salud pública y la garantía de atención integral no dependen exclusivamente de la periodicidad de reuniones de cuerpos colegiados específicos”, señaló la entidad, al tiempo que defendió que las decisiones institucionales responden a lineamientos técnicos y no a este tipo de señalamientos.
“El compromiso institucional con el bienestar de la población se traduce en acciones diarias, estrategias de campo y resultados epidemiológicos medibles”, añadió.
El ministerio aseguró, además, que la atención relacionada con el VIH no ha sido interrumpida y que las políticas vigentes continúan ejecutándose en todas las regiones del país. También hizo referencia al Plan Estratégico Multisectorial 2025-2029 como marco técnico de la respuesta nacional.
Frente a las críticas, la entidad rechazó cualquier percepción de abandono institucional. “Es incorrecto afirmar que existe un abandono institucional; por el contrario, las estadísticas epidemiológicas validan que el sistema de vigilancia y los protocolos clínicos han mantenido su efectividad”, indicó.
Se estima que 31,588 personas viven actualmente con VIH en Panamá. De ese total, 21,034 recibían terapia antirretroviral (TARV) hasta diciembre de 2024. En términos porcentuales, apenas el 69% de las personas diagnosticadas tiene acceso al tratamiento.
Mientras ambas partes exponen posiciones opuestas, el debate vuelve a colocar sobre la mesa una vieja tensión: la distancia entre la respuesta oficial y las demandas de las organizaciones que trabajan en primera línea con las poblaciones más afectadas por el VIH en Panamá.
