La educación en Panamá enfrenta una crisis profunda, persistente y estructural que ya no admite diagnósticos parciales ni soluciones cosméticas. Por ello, es urgente una reforma integral de la Ley Orgánica de Educación para garantizar que todos los niños y jóvenes accedan a una educación de calidad, equitativa y capaz de impulsar el desarrollo social, económico y democrático del país.
Así lo evidencia el documento “La realidad que no podemos ignorar: La crisis educativa panameña y la urgencia de una reforma legal”, presentado en el marco del Proyecto de Transformación Legal 2026, que lleva adelante el diputado de la coalición Vamos, Jorge Bloise, desde la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional.
La magnitud del problema educativo es alarmante: 120 mil niños y jóvenes están fuera del sistema educativo, según un análisis del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa). Esta exclusión sostenida refleja fallas estructurales del Estado para garantizar trayectorias educativas completas y de calidad.
Además, la evidencia internacional confirma la gravedad de la situación. En la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) 2022, Panamá quedó rezagada frente a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ya que solo el 16% de los estudiantes alcanzó el nivel básico en matemáticas (OCDE: 69 %), el 42 % en lectura (OCDE: 74%) y el 38% en ciencias (OCDE: 76%). La brecha, especialmente en matemáticas, alcanza 53 puntos porcentuales, limitando el acceso a la educación superior y al mercado laboral.
Desigualdad educativa
El documento muestra que el rezago educativo no es homogéneo. Mientras un niño que nace en una zona urbana alcanza, en promedio, nueve años de escolaridad, uno nacido en una comarca indígena llega apenas a cinco, perpetuando ciclos de pobreza de generación en generación.
La desigualdad también se refleja en la infraestructura y las condiciones de aprendizaje. A pesar de los avances tecnológicos del país, 220 escuelas rancho continúan operando, y 115 mil estudiantes asisten a centros multigrado o con condiciones precarias, muchos sin acceso a agua potable ni servicios sanitarios.
Además, se estima que 90 mil niños con discapacidad permanecen fuera del sistema educativo, debido a la falta de diagnósticos, docentes capacitados y presupuesto suficiente.
El informe completo está disponible aquí:
La formación docente es otro desafío crítico, ya que el 54.5% de los docentes de preescolar no cumple con la calificación requerida, lo que afecta la etapa más determinante del desarrollo cognitivo, social y emocional.
Los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2024), posteriores a la pandemia, muestran ligeras mejoras en lectura y matemáticas, pero más del 50% de los estudiantes sigue en el nivel más bajo de desempeño, sin comprender textos explícitos ni resolver problemas matemáticos elementales. En sexto grado, nueve de cada diez estudiantes no alcanzan el nivel mínimo esperado en matemáticas.
Los pilares críticos de la reforma educativa
El diagnóstico del informe identifica cinco crisis sistémicas: calidad educativa, equidad, formación docente, gestión y financiamiento. Panamá carece de un sistema autónomo de evaluación integral, mantiene un currículo desactualizado y presenta una inversión educativa inestable, que ha oscilado entre el 3.2 % y el 4.3 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Además, cerca de 3,400 centros educativos operan en condiciones inadecuadas, agravando la exclusión y el rezago.
El impacto de esta crisis es tangible. Estudiantes que culminan la educación media presentan un nivel equivalente al de sexto grado en países de la OCDE, es decir, un rezago de seis años. Entre 2020 y 2025, se perdieron más de 500 días de clase, mientras el país produce cada mes alrededor de 1,000 jóvenes que no estudian ni trabajan, en un mercado laboral que exige al menos 11.6 años de escolaridad, frente a los 10.6 años que alcanzan en promedio los jóvenes panameños.
El informe también cuestiona la vigencia de la Ley 47 de 1946, que rige el sistema educativo desde hace casi ocho décadas. Aunque ha sido reformada en múltiples ocasiones, el resultado es un marco normativo fragmentado que no garantiza los 14 años de escolaridad obligatoria, no profesionaliza plenamente la carrera docente ni asegura una inversión sostenida y exigible.
En respuesta a esta crisis, el Proyecto de Transformación Legal 2026 propone la construcción de una nueva Ley Orgánica de Educación, con la participación de ocho sectores de la sociedad: docentes, estudiantes, padres de familia, universidades, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil. El objetivo es convertir los consensos técnicos y sociales en obligaciones legales que trasciendan los ciclos políticos y permitan evaluar, exigir y rendir cuentas.
Una reforma estructural y gradual
Lo que está en juego no es solo la reforma de una ley, sino la capacidad de Panamá para garantizar educación de calidad como motor de desarrollo, equidad y democracia.
En el marco del Proyecto de Transformación Legal 2026, el Ministerio de Educación (Meduca) ha anunciado un proceso de reforma que busca modificar la Ley 47 de 1946, vigente desde hace casi ocho décadas.
La ministra de Educación, Lucy Molinar, confirmó que el proceso está en marcha, pero enfatizó que será gradual y no apresurado. “Las cosas las vamos a hacer bien y vamos a hacer lo que sea mejor para nuestros estudiantes”, subrayó, aclarando que la reforma no será impuesta ni coyuntural, sino un cambio estructural que garantice el futuro educativo de las nuevas generaciones.
Además, Molinar destacó que ya se han realizado 10 de las 18 reuniones previstas para concluir las consultas, en las que participarán gremios docentes, actores políticos, la sociedad civil y otros sectores vinculados al ámbito educativo. “Con esto no podemos jugar a ver quién aplaude más”, enfatizó, refiriéndose a la importancia de tratar la reforma con seriedad y responsabilidad.
