La sociedad LGS Panama Tourism Development presentó ayer un recurso de reconsideración ante el Ministerio de Ambiente (Miambiente) contra la decisión de este de rechazar el estudio de impacto ambiental categoría III para el desarrollo de un relleno marino en Amador.
Según los proponentes del relleno de 50 hectáreas, a través del recurso que presentaron están demostrando la “constitucionalidad” de de este desarrollo y confirmando que el proyecto no representa un riesgo adverso para el medio ambiente.
“LGS Panama Tourism Development está buscando una concesión administrativa de 20 años del Gobierno Nacional, a través de la Autoridad Marítima de Panamá. De conformidad con la Constitución panameña y con respeto a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, LGS Panama Tourism Development afirma que la tierra es y seguirá siendo un activo de Panamá tanto durante como después del período de concesión”, argumentó el sociedad en un comunicado, en el que también señala que el recurso fue preparado por la firma de abogados Camarena, Morales & Vega.
Además, planteó que similar al desarrollo de la Terminal de Cruceros de Panamá, el desarrollo turístico en el relleno utilizará tecnologías limpias. Asimismo, que todas las actividades y productos de desecho que puedan resultar, como residuos sólidos, basura, aguas residuales y otros, serán “debidamente controlados” mediante la aplicación de planes y sistemas de mitigación, los cuales serán periódicamente auditados.
Finalmente, indicó que el proyecto creará más de 3 mil puestos de trabajo en las primeras etapas de construcción, y más de 10 mil puestos permanentes directos a medida que el “destino turístico de clase mundial” entre en funcionamiento.
Por su parte, el Ministerio de Ambiente informó que evaluará el recurso de reconsideración para luego emitir su criterio.
El estudio fue inicialmente admitido por Miambiente el pasado 1 de abril, y el 13 de mayo notificó al promotor del proyecto, L.G.S. Panama Tourism Development, S.A., su rechazo.
El Ministerio de Ambiente apeló a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2022, en el que se reiteró que las costas y fondos marinos son inadjudicables.
Este proyecto generó oposición por parte de los vecinos del corregimiento de Ancón, oenegés como el Centro de Incidencia Ambiental y entidades científicas y académicas, entre ellas, el Instituto Smithsonian, la Universidad Tecnológica de Panamá, la Fundación Amador (que administra el Biomuseo) y el Consejo de Monumentos y Sitios (Icomos). A su vez, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) advirtió que el promotor debía solicitar un permiso de compatibilidad antes de continuar con la evaluación del estudio del relleno.
Igualmente, la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas avisó que el promotor no se había acercado a sus oficinas, pese a que esa entidad es la encargada de custodiar la calzada.
