El Gobierno promulgó en la Gaceta Oficial la Ley No. 333 del 27 de octubre de 2022 que establece que la ayuda social que reciben trabajadores afectados en los enfrentamientos ocurridos en 2010 en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, pasará de $800 a $900 por mes y la cual será revisada cada tres años por la Comisión de Seguimiento.
Los beneficiarios de la pensión se encuentran debidamente identificados en el acuerdo entre los afectados en la provincia de Bocas del Toro, sindicatos y el Gobierno, con fecha del 29 de agosto de 2011 y “debidamente refrendados por el Ejecutivo”, según se desprende de la citada legislación.
Otra modificación incluida se refiere a lo que sucederá con la pensión en caso de que muera el beneficiario, por lo que establece quiénes tendrán derecho desde la fecha del fallecimiento.
Asimismo se prorroga hasta el año 2032 la vigencia del programa de apoyo económico-social para los afectados identificados en los Anexos ll y III de la Ley 28 de 2015, siempre que se determine que la salud del beneficiario ha sido afectada o ha sufrido un perjuicio como consecuencia de los hechos de julio de 2010. Este apoyo económico-social será de 400 dólares mensuales, y será otorgado siempre que exista una evaluación previa por la Comisión Médica Evaluadora Interinstitucional.
Esta iniciativa fue presentada el pasado 3 de agosto por el Ministerio de la Presidencia ante la Asamblea Nacional, que le dio finalmente el visto bueno.
El detonante de los enfrentamientos en Changuinola fue la polémica “ley chorizo” (Ley 30 de junio de 2010), llamada así porque aunque originalmente dictaba medidas para promover el desarrollo de la aviación comercial, posteriormente se le agregaron artículos para reformar los códigos Penal, de Trabajo y Judicial, así como en seis leyes, incluidas la ley orgánica de la Policía, la de contrataciones públicas y la del medio ambiente.
