El proyecto de ley 841 “Que modifica la Ley 1 de 2001 y regula la adquisición de medicamentos y otros productos para la salud humana, en el sector público y dicta otras disposiciones” ha recibido 32 modificaciones en un periodo de un año y medio que tomó el segundo debate en la Asamblea Nacional.
La iniciativa faculta al gobierno para que en cualquier momento y de manera excepcional establezca precios topes a los medicamentos, a fin de preservar el interés del consumidor en circunstancia en que el comportamiento de los precios en el mercado nacional no guarde relación con los precios de dichos productos en el mercado internacional.
En ese sentido, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) será el ente que recomendará cada seis meses al Ejecutivo, luego del análisis correspondiente, la propuesta de productos medicinales y precios topes que se aplicarán en el país.
Además, durante el periodo de vigencia de la medida, los importadores y distribuidores podrán solicitar la revisión o eliminación del precio tope de un medicamento específico de acuerdo con el procedimiento legal correspondiente.
De hecho, la legislación instruye a la Acodeco para que realice un análisis de las tendencias de los precios nacionales comparados con los internacionales a fin de hacer las recomendaciones al Ejecutivo.
Los precios topes que se fijen comenzarán a regir a los 30 días después de promulgado el decreto que los fija y tendrá una vigencia de seis meses que podrán ser prorrogados una sola vez por seis meses.
El proyecto de ley 841 se espera que ser aprobado en los próximos días para su respectiva revisión por parte de la Presidencia de la República.
Esta iniciativa legislativa surgió de una mesa técnica creada por la comisión legislativa el 5 de agosto de 2021, en la que participaron autoridades del Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social, Dirección de Contrataciones Públicas, empresarios dedicados a la importación y comercialización de medicamentos, representantes de las organizaciones de pacientes, entre otros.
Panamá tiene costos prohibitivos en los medicamentos, como han denunciado sectores sociales y pacientes con enfermedades crónicas. Este fue uno de los motivos de las masivas protestas en julio de 2022 y el detonante para que el gobierno Laurentino tomara medidas para calmar los reclamos como una reducción de 30% en un grupo de medicamentos que extendió por seis meses más la medida, el pasado 14 de febrero.
