El proyecto de renovación urbana que el Gobierno impulsa en el área de Albrook, denominado “Distrito Metropolitano de Albrook”, que se ubica en los terrenos detrás de la estación del Metro de Panamá, mantiene en alerta a urbanistas y organizaciones comunitarias, quienes consideran que la iniciativa no responde al uso de suelo establecido en la Ley 21 de 1997, que regula el desarrollo de las áreas revertidas.
La Ley 21 aprobó el "Plan Regional para el Desarrollo de la Región Interoceánica y el Plan General de Uso, Conservación y Desarrollo del Área del Canal", instrumentos que establecen las categorías de ordenamiento territorial, entre ellas áreas verdes protegidas, rurales, urbanas, residenciales, de uso mixto, de generación de empleo y de compatibilidad con el Canal.
Las inquietudes se centran en la interpretación de esta normativa, que define los usos permitidos para los terrenos de Albrook. Mientras que el Gobierno impulsa un proyecto de uso mixto con edificios institucionales, área comercial y un boulevard, los especialistas en urbanismo, consideran que el polígono donde se desarrollaría ese plan, está contemplado para la generación de empleos, una categoría muy particular que contempló la Ley 21.
En el Anexo II del Plan General se establece que las áreas clasificadas para generación de empleo están destinadas a facilitar la creación de negocios, maximizar el uso de la infraestructura existente y promover actividades productivas, logísticas, industriales y de transporte, además de instalaciones portuarias, marítimas y aéreas.
Adjuntos
LEY 21 DE 1997.pdfEl Ministerio de Obras Públicas (MOP) sostiene que el proyecto debe desarrollarse mediante la actualización del Plan Parcial del área de influencia de la Línea 1 del Metro de Panamá, incorporando el concepto de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) y usos mixtos previstos dentro de la planificación urbana.
El director de la Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública (UCIP) del MOP, Luis Sosa, explicó que el plan contempla reorganizar alrededor de 50 hectáreas de terrenos estatales, incluidas 38 hectáreas ubicadas detrás de la estación de Albrook. La primera fase abarcará ocho hectáreas e incluirá nuevas vías, espacios comerciales, áreas gastronómicas y la futura Ciudad Gubernamental.
Actualmente, estos terrenos albergan antiguos hangares, instalaciones de la División Canalera del MOP, dependencias de la Policía Nacional y otras infraestructuras públicas y edificios que con el pasar de los años se asemejan más a ruinas.
Urbanistas cuestionan el cambio de uso de suelo
Los especialistas sostienen que la Ley 21 clasifica ese sector de Albrook como una zona destinada a la generación de empleo, por lo que consideran que el proyecto propuesto no se ajusta a la vocación establecida para esos terrenos.
El arquitecto y especialista en planificación urbana Gerónimo Spitia señaló que ese polígono fue reservado para el desarrollo de actividades industriales, logísticas y empresariales vinculadas al Canal de Panamá.
“En esta área se le asignó la política de uso de suelo para generación de empleo. Eso significa actividades como industrias, oficinas de empresas y centros logísticos de operación”, afirmó.
Spitia añadió que el proyecto, tal como ha sido presentado, desaprovecha el potencial económico del área al priorizar un nuevo centro urbano en lugar de fortalecer un polo logístico y de generación de empleo.
Por su parte, el planificador urbano Álvaro Uribe sostuvo que cualquier modificación a la vocación del área debe ajustarse a los procedimientos establecidos en la Ley 21.
Explicó que la norma define polígonos específicos de uso mixto, como el área donde se ubican el Tribunal Electoral, la Policía Nacional y parte de las instalaciones del metro, mientras que el resto del polígono fue reservado para actividades de generación de empleo.
Uribe indicó que, si el Gobierno pretende cambiar el uso de esos terrenos, deberá promover una reforma legal ante la Asamblea Nacional y desarrollar un proceso de consulta ciudadana.
ACAC rechaza la propuesta
La presidenta de la Asociación de Comunidades del Área del Canal (ACAC), Aida Torres, manifestó su rechazo a la propuesta del Ejecutivo al considerar que desconoce la planificación establecida para las áreas revertidas.
Torres recordó que el ordenamiento territorial de la antigua Región Interoceánica fue incorporado a la Ley 21 y, por tanto, es de obligatorio cumplimiento.
A su juicio, la planificación nunca contempló la construcción de una ciudad gubernamental en ese sector y modificar el uso previsto podría reproducir el crecimiento desordenado que afecta a otros sectores de la capital.
La dirigente agregó que cualquier intervención en las áreas revertidas debe priorizar la sostenibilidad ambiental y la protección de la cuenca del Canal de Panamá, dada su importancia estratégica para el país.
Ejecutivo propone un ‘Distrito Metropolitano’
Durante una reunión de participación ciudadana, funcionarios del MOP informaron que el proyecto busca transformar el área de Albrook en un nodo de movilidad urbana mediante la construcción de un nuevo bulevar que conectará Curundu con la estación del metro en Albrook. La primera etapa contempla nuevas calles e infraestructura vial, lo que requerirá la demolición de algunas edificaciones.
El director de la UCIP explicó que el desarrollo de un “Distrito Metropolitano” incluirá un complejo de edificios públicos, entre ellos una futura sede del Servicio Nacional de Migración, además de la Ciudad Judicial, que concentrará las dependencias del sistema de administración de justicia actualmente dispersas en distintos puntos de la capital.
La primera fase del proyecto tendrá un costo estimado de 20 millones de dólares. De ese monto, 7 millones de dólares serán destinados a la habilitación de los terrenos mediante la construcción de calles, aceras y espacios públicos. Según el MOP, las obras podrían iniciar a mediados de 2027.
Para ejecutar la iniciativa, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) deberá actualizar las normas de desarrollo urbano aplicables al área de Albrook, proceso que actualmente se encuentra en consulta pública.
