A pocas semanas para el Día Mundial de la Obesidad, el Movimiento de Alimentación Saludable de Panamá, junto a diversas organizaciones de la sociedad civil, rechazó la propuesta de sustituir el etiquetado frontal de advertencia en los alimentos por códigos QR, al considerar que esta medida “debilita el derecho del consumidor a recibir información clara y visible”.
Las agrupaciones sostienen que cambiar las advertencias impresas sobre exceso de azúcar, sal y grasas por códigos digitales limitaría el acceso inmediato a la información nutricional, especialmente en productos ultraprocesados, cuyo consumo —advierten— está en el centro de una crisis de salud pública que le cuesta al país más de $1,000 millones anuales en gastos médicos.
El pronunciamiento coincide con la próxima conmemoración, el 15 de marzo, del Día Mundial del Consumidor, cuyo lema este año es “productos seguros, consumidores confiados”. En ese contexto, las organizaciones recalcaron que la información sobre los riesgos asociados a ciertos alimentos debe ser “clara, veraz y fácilmente comprensible”, tal como lo establece la Ley 45 de 2007 de protección al consumidor.
Cifras del Censo de Salud de 2019 reflejan la magnitud del problema: tres de cada cuatro adultos (75%) y dos de cada cinco niños y jóvenes (40%) padecen sobrepeso u obesidad en Panamá. Además, se estima que más de la mitad de las calorías que consume la población provienen de productos ultraprocesados, cargados de aditivos sintéticos, sodio y grasas saturadas, lo que incrementa los casos de diabetes tipo 2, hipertensión, hígado graso y diversos tipos de cáncer.
El movimiento también expresó preocupación por la insistencia de distribuidores en comercializar productos prohibidos en kioscos y comedores escolares, en aparente incumplimiento de la Ley 75 de 2017 y el Decreto 049 de 2018. En este sentido, exigieron al Ministerio de Salud (MINSA), al Ministerio de Educación (MEDUCA) y a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) reforzar la vigilancia y aplicar sanciones a los agentes económicos que infrinjan la normativa.
Como referente internacional, mencionaron la demanda presentada por un fiscal general en San Francisco, California, contra diez fabricantes de alimentos ultraprocesados por presuntas prácticas fraudulentas y publicidad engañosa. A juicio de las organizaciones, las autoridades panameñas deberían investigar el alcance del daño que estos productos podrían estar causando en el país, bajo la premisa de que los fabricantes conocen los riesgos asociados a su consumo y, aun así, los promocionan como seguros.
El movimiento no descartó la presentación de denuncias formales contra distribuidores, directores de centros educativos y administradores de kioscos que, “a sabiendas del daño a la salud de los niños”, continúen permitiendo la venta de estos productos.
La agrupación reafirmó su agenda de trabajo, que incluye la defensa de un etiquetado frontal claro sobre el exceso de nutrientes críticos, la regulación de la publicidad de comida chatarra dirigida a menores de edad y el aumento de impuestos a bebidas azucaradas y productos ultraprocesados.
También exhortó a los padres de familia a retomar el control de la alimentación de sus hijos mediante la preparación de loncheras saludables y llamó a la ciudadanía a reflexionar sobre el impacto de esta epidemia en el futuro sanitario y económico del país.
