La falta de recursos ha marcado la historia de la ciencia, y en Panamá esta realidad se repite año tras año. La comunidad científica del país se ha propuesto como meta alcanzar una inversión equivalente al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en ciencia, tecnología e innovación para 2029, pero los recortes presupuestarios proyectados para el próximo año muestran que el país se mueve en dirección contraria.
La hoja de ruta trazada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) contemplaba un crecimiento progresivo del presupuesto en un 0.2% del PIB por año, pero el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para 2026 refleja un retroceso significativo.
Según el documento, la Senacyt pasará de manejar $83.3 millones en 2025 a $61.9 millones en 2026, una reducción de $21.3 millones. El golpe también alcanza al Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges), que tendrá un presupuesto de $35.3 millones, $4 millones menos que en la vigencia actual.
En contraste, la Asamblea Nacional mantendrá su presupuesto sin cambios para 2026, con $98.7 millones, lo que evidencia la prioridad desigual que enfrenta el sector científico.
El impacto no es menor. La Senacyt, tiene varias asociaciones interés público (AIP) bajo su paraguas como es el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat), Infoplazas, el Centro Nacional de Metrología de Panamá (Cenamep), Coiba, Investigación Científica Aplicada en Tecnología de Información y Comunicaciones (Indicatic) y el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps).
El proyecto más ambicioso que tienen en pleno desarrollo es el Centro Regional de Innovación de Vacunas y Biofármacos (Crivb), un proyecto que nació en plena pandemia de covid-19.
Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Senacyt, advirtió que la situación es compleja. “Es una situación muy difícil. Un retroceso”, señaló, subrayando que deberá reunirse con su equipo para evaluar cómo sostener los proyectos ya en marcha.
La denuncia de fondo es clara: mientras Panamá apenas destina el 0.13% del PIB a ciencia, tecnología e innovación —y si se excluye la inversión del Instituto Smithsonian, el porcentaje cae al 0.08%—, los recortes confirman que la ciencia no es una prioridad para el Estado. Esta brecha pone en riesgo el desarrollo de nuevas tecnologías, investigaciones biomédicas y programas de innovación social, y mantiene al país dependiente del conocimiento y las inversiones extranjeras.
La situación se agrava con los recortes proyectados para universidades estatales que también realizan investigaciones como la Universidad de Panamá (UP) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).
El presupuesto total asignado a estas instituciones sería de $590 millones en 2026, una disminución de más de $156 millones respecto a los $746.3 millones de 2025.
La UP, la más grande del país, verá reducidos sus fondos en casi $78 millones, mientras que la UTP sufrirá una disminución del 27%, pasando de $198 millones a $144 millones.
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La única institución con un ligero aumento será la Universidad Autónoma de Chiriquí, de $72 millones a $72.7 millones, aunque su gestión ha estado marcada por críticas e investigaciones por presuntas irregularidades administrativas, nepotismo y pagos cuestionables, actualmente bajo la lupa de la Autoridad Nacional de Transparencia (Antai).
Una pérdida doble
Según Ivonne Torres Atencio, presidenta de Ciencia en Panamá, la proyección de recortes amenaza con frenar proyectos estratégicos y la formación de nuevas generaciones de científicos y expertos tecnológicos.
“Pese al incremento de $4,181 millones en el presupuesto nacional, impulsado por obligaciones ineludibles como deuda pública, intereses y aportes extraordinarios a la Caja de Seguro Social, el presupuesto de Senacyt se ha reducido”, señaló.
Torres Atencio recordó que Senacyt tiene bajo su paraguas varios institutos en formato de AIP que desarrollan investigación en biomedicina, agroindustria, tecnología y otras áreas estratégicas, cuyo impacto es clave para el desarrollo social, humano y tecnológico del país. Torres Atencio advirtió que cada dólar reducido representa el doble de pérdidas para el ecosistema de ciencia e innovación.
La presidenta de Ciencia en Panamá manifestó que las iniciativas estratégicas como el Hub farmacéutico o la industria de semiconductores requieren de un ecosistema completo: infraestructura adecuada, recurso humano capacitado y financiamiento sostenido. La reducción de fondos compromete estos elementos y limita la capacidad de Panamá para competir en sectores emergentes y de alto valor agregado.
Entre las consecuencias de estos recortes se encuentra la disminución de la capacidad para financiar proyectos de investigación, programas de becas y formación de talento en áreas estratégicas, lo que limita la creación de nuevas generaciones de científicos y expertos tecnológicos.
Además, agudiza la ya baja inversión en investigación y desarrollo (I+D), que entre 2019 y 2023 promedió apenas $44.8 millones, equivalente a alrededor de 0.15% del PIB, muy por debajo de la meta del 1%. Esta falta de inversión sostenida expone al país a riesgos económicos al depender de sectores tradicionales vulnerables, como comercio y minería, una fragilidad evidenciada durante la pandemia de covid-19 con la caída histórica del PIB del 18%.
Asimismo, los recortes proyectados para 2026, 2027 y 2028 representan un alejamiento del plan estratégico nacional de ciencia y tecnología, afectando la infraestructura científica, la realización de investigaciones en biotecnología, energías renovables y digitalización, y la generación de empleo en áreas de alto valor agregado.
Torres Atencio advirtió que sin inversión sostenida, Panamá corre el riesgo de estancarse y quedar rezagado frente a otros países que apuestan por la ciencia como motor del desarrollo económico y social.
En un mundo donde la ciencia marca la diferencia entre el atraso y el progreso, Panamá parece estar eligiendo el camino equivocado.
