La Red Ciudadana Urbana de Panamá emitió un comunicado dirigido al alcalde Mayer Mizrachi, al Consejo Municipal de Panamá, presidido por Senén Mosquera, y a diversas instituciones públicas, en el que solicita la apertura de espacios reales de participación comunitaria en los procesos de planificación urbana y ordenamiento territorial del distrito capital. Esta solicitud surge a raíz de un fallo judicial que revoca un acuerdo municipal clave relacionado con la zonificación del corregimiento de San Francisco.
Este pronunciamiento de la Red Ciudadana sigue a la sentencia del 20 de noviembre de 2025, que anuló el Acuerdo Municipal No. 270 del 23 de septiembre de 2025, mediante el cual el Concejo Municipal aprobó modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial (PLOT).
Según la organización, este fallo “sienta un precedente positivo al reivindicar el derecho humano de los residentes de las distintas comunidades de ser escuchados y tomados en cuenta en las decisiones que afectan su entorno”.
En el comunicado, la Red Ciudadana instó al alcalde Mayer Mizrachi a abandonar el manejo unilateral de los temas urbanos y abrir un diálogo inclusivo con todos los actores involucrados. “Hacemos un llamado al alcalde y al Concejo Municipal de Panamá para sentarnos en pie de igualdad y diseñar juntos una hoja de ruta consensuada y participativa”, señaló Xochilth Troncoso, presidenta de la organización.
Exigen transparencia en las decisiones urbanísticas
La organización también demandó que las decisiones urbanísticas del Municipio de Panamá se basen en diagnósticos técnicos confiables, sustentados en datos reales y verificables que reflejen el estado actual de la ciudad y las necesidades de la población. Troncoso destacó que la administración municipal debe considerar factores cruciales como la capacidad de carga de las infraestructuras, el valor de los bienes inmuebles y las tendencias poblacionales al tomar decisiones urbanísticas.
Una de las principales demandas de la Red es que el Municipio de Panamá convoque la Junta de Desarrollo Municipal, tal como lo establece la Ley 14 del 21 de abril de 2015, para iniciar el proceso formal de participación ciudadana en el corregimiento de San Francisco. La Red Ciudadana subrayó que esta Junta es fundamental para establecer las bases de una gobernanza inclusiva y transparente en la ciudad.
El comunicado también dirigió un llamado a las entidades nacionales con incidencia en la gestión urbana, como el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Ministerio de Ambiente, Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, el Ministerio de Obras Públicas, y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, instándolas a asumir su rol técnico y regulatorio en la planificación del territorio y la protección del medio ambiente.
Fallo judicial y violación al debido proceso
A pesar de las demandas de la Red Ciudadana, el Municipio de Panamá aún no ha emitido una respuesta oficial sobre el reciente fallo del Juzgado Séptimo de Circuito Civil, que ordenó realizar una nueva audiencia pública sobre la modificación del plan de zonificación de San Francisco. El tribunal determinó que el Concejo Municipal vulneró las garantías constitucionales del debido proceso, consagradas en los artículos 32 y 233 de la Constitución Política de Panamá.
La sentencia, firmada por el juez Guillermo Roberto Ballesteros, concluyó que se infringió el artículo 233, que asigna al Municipio la función de ordenar el desarrollo del territorio y promover la participación ciudadana.
Esta decisión se dio en el contexto de un amparo de garantías constitucionales promovido por la Asociación Soy Paitilla, que cuestionó la falta de una consulta adecuada en el proceso de modificación del Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT).
El futuro de la planificación urbana en Panamá depende ahora de que las autoridades municipales cumplan con las exigencias legales y sociales. La Red Ciudadana espera que, tras el fallo judicial, se abra un verdadero espacio de participación ciudadana donde se garanticen decisiones transparentes y basadas en datos confiables, y que el Municipio de Panamá rectifique su enfoque unidireccional en beneficio de una ciudad más inclusiva y equitativa.
