Después de casi ocho décadas bajo una ley aprobada en septiembre de 1946, el sistema educativo panameño vuelve al centro del debate nacional. La Asamblea Nacional recibió el proyecto de Ley 617, una iniciativa que busca reformar la Ley Orgánica de Educación y rediseñar la estructura sobre la que opera la enseñanza pública en el país.
El proyecto de ley fue presentada por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, cuyo presidente, Jorge Bloise, sostuvo que el documento recoge años de discusiones acumuladas. “Esta propuesta es el resultado de un largo y amplio proceso de trabajo y consulta en todo el país, que reúne décadas de diálogos, cientos de reuniones y aportes de diversos sectores”, afirmó.
Según Bloise, se trata de la primera vez que esos planteamientos se concentran en una sola iniciativa legislativa. “Por primera vez, se consolida en un documento un esfuerzo integral para reformar el sistema educativo”, indicó.
El diputado añadió que el proyecto representa “el paso de la crítica a la acción” y adelantó que durante mayo y junio se abrirá una fase de socialización y revisión del texto, con el objetivo de incorporar nuevos aportes antes de su discusión formal.
La iniciativa legislativa surge en paralelo a los esfuerzos del Ministerio de Educación (Meduca), entidad que también trabaja en su propio proyecto de reforma educativa para modernizar el sistema nacional, lo que anticipa un debate amplio sobre el rumbo que debe tomar la enseñanza en el país.
Se desconoce cuándo el ministerio presentará su propuesta ante la Asamblea.
El Meduca no participó en las mesas de consulta instaladas por la Comisión de Educación, para elaborar el paquete de reformas.
Evaluación fuera del control político
Uno de los cambios que propone la iniciativa es la creación de un organismo técnico, científico e independiente para medir la calidad educativa. La figura busca separar la evaluación académica de los ciclos políticos y convertir los resultados en insumos para la toma de decisiones de política pública.
El proyecto también establece estándares nacionales de aprendizaje, con metas mínimas que deberán alcanzar los estudiantes en áreas como lectura, escritura, razonamiento matemático y competencias digitales.
La intención es reducir las brechas entre escuelas urbanas, rurales y comarcales, y lograr que el título de bachillerato responda a capacidades verificables.
Carrera docente bajo revisión
La propuesta introduce modificaciones a la carrera magisterial, con nuevos criterios de ingreso, ascenso y formación continua. El enfoque apunta a privilegiar el mérito profesional y la actualización permanente dentro del sistema.
También redefine la función de los supervisores escolares, que dejarían de concentrarse en tareas administrativas para asumir labores de acompañamiento pedagógico en los planteles.
Escuelas con agua, luz e internet
En materia de infraestructura, el texto crea un Plan Decenal de Infraestructura Educativa, con diagnósticos regionales obligatorios y prioridades de inversión. El proyecto reconoce rezagos persistentes en escuelas oficiales que aún operan con deficiencias en agua potable, energía eléctrica o conectividad.
Además, dispone que los recursos destinados a los centros educativos sean transferidos dentro de los primeros 20 días del año escolar, una medida dirigida a reducir atrasos burocráticos.
Más poder para las regiones
La iniciativa también propone descentralizar parte de la gestión educativa, otorgando mayor capacidad de respuesta a las direcciones regionales. Incluye, además, el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe y la atención a estudiantes con necesidades especiales.
El Proyecto de Ley 617 deberá pasar ahora al primer debate legislativo. Más allá del trámite parlamentario, la discusión vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta postergada durante años: si Panamá está dispuesto a reformar de fondo uno de los sistemas más cuestionados del Estado.
Bloise aseguró que la reforma fue uno de sus compromisos centrales desde antes de llegar a la Asamblea Nacional. Recordó que, incluso durante su campaña, ya planteaba la necesidad de impulsar cambios profundos en el sistema educativo.
“Tenemos 30 años hablando de educación, pero ha sido muy duro que eso se materialice. Diagnósticos sobran; lo que hace falta es ejecutar”, sostuvo.
Ahora, dijo, busca dejar en manos del país una propuesta concreta que recoja consensos construidos durante años y que permita modernizar una estructura legal considerada obsoleta por distintos sectores.
Se espera que la discusión formal de este proyecto comience en el próximo periodo legislativo.
