Los problemas de salud mental son de las enfermedades que más afectan a la población mundial y que además se agravarondebido a la pandemia de la covid-19. Sin embargo, existen muchos estigmas y tabúes que llevan a las personas a no recibir atención o tratamiento de forma oportuna.
Los datos de la Caja de Seguro Social (CSS) muestran que en lo que va del año se han atendido a 59 mil 985 personas por algún problema de salud mental.
De ese total, mil 49 personas han manifestado tener esta intención suicida, manifestó Vanessa Flores, jefa del Programa de Salud Mental de la entidad.
El 69.7% del total de los casos de intento de suicidio están relacionados a factores desencadenantes como conflicto con la pareja o expareja, problemas económicos, maltrato físico, psicológico o sexual y los problemas del entorno escolar o educativo, plantea Flores.
Hoy, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) hace un llamado a crear conciencia sobre la salud mental y defenderla como un derecho humano universal.
La OPS indica que todo el mundo debería tener derecho a vivir una vida con dignidad, equidad, igualdad y respeto, y esto incluye a las personas con problemas de salud mental. Sin embargo, en las Américas persisten el estigma, la discriminación y las violaciones de derechos humanos.
En muchos países de las Américas, a menudo las personas con problemas de salud mental no tienen acceso a servicios de calidad, son sometidas a prácticas coercitivas, tratos inhumanos y, en algunos casos, abusos, incluso en entornos de atención de salud, donde deberían ser protegidas.
Por ello, es que los países deben promover iniciativas regulatorias y normativas para apoyar la salud mental como un derecho humano universal.
En ese sentido, Panamá avanzó con la Ley 364 de febrero de 2023 “que desarrolla el derecho humano a la salud mental y garantiza su cobertura nacional”.
La iniciativa que llegó a la Asamblea Nacional del diputado independiente Gabriel Silva reconoce la salud mental como derecho humano, garantiza la disponibilidad y gratuidad de programas de atención de calidad a nivel nacional y reconoce los derechos de los pacientes. También propone establecer la no discriminación en materia de salud mental por parte de las compañías de seguro, crea campañas de prevención y educación, dictamina los mínimos de infraestructura en los lugares donde se atiende la salud mental y obligar a que los centros de salud privados no puedan negarse a prestar atención a las personas en una crisis de salud mental.
A su vez, la ley tiene como fin asegurar programas de capacitación al personal que trabaja en la salud mental, destina presupuesto para la priorización de la salud mental y desarrolla otras para apoyar la salud mental de todos.
