¿Se acerca el fin del cobro de estacionamientos en instituciones públicas? Diputados aprueban proyecto

¿Se acerca el fin del cobro de estacionamientos en instituciones públicas? Diputados aprueban proyecto
Comisión de Economía y Finanzas. Cortesía/Asamblea Nacional

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles en primer debate un proyecto de ley que obligaría a las instituciones públicas a garantizar estacionamientos gratuitos a los contribuyentes que acuden a realizar trámites presenciales.

La iniciativa contempla un periodo de entre dos y cuatro horas de uso sin costo para los ciudadanos.

El diputado Raúl Pineda, proponente, explicó que el objetivo es “aliviar la carga” de los usuarios que muchas veces deben “pagar altas tarifas de estacionamiento” para realizar gestiones en entidades estatales.

Además, señaló que en los casos en que el Estado alquile oficinas, la disponibilidad de espacios de estacionamiento para el público deberá ser una cláusula obligatoria en los contratos de arrendamiento.

Durante la discusión, el diputado de la bancada Vamos, Luis Duke, recordó que “la justicia es gratuita, pero cuando se va a resolver un tema en los juzgados, se tiene que pagar por el estacionamiento”, lo que, a su juicio, representa una contradicción que afecta a los ciudadanos.

En la misma sesión, la comisión también aprobó en primer debate otro proyecto que limita la compra y venta de bienes del Estado por parte de servidores públicos con mando y jurisdicción durante el ejercicio de sus funciones y hasta seis meses después de dejar el cargo.

También se prohijó un anteproyecto de ley que busca regular los topes máximos de cobro en los corredores Norte, Este y Sur, presentado por el diputado de la bancada Seguimos, Betserai Richards, quien calificó las tarifas actuales como “onerosas” para los usuarios.

Finalmente, la comisión acogió otro anteproyecto de la diputada independiente Alexandra Brenes, que plantea modificar la Ley 76 de 2010 que creó la Empresa Nacional de Autopista (ENA), con el fin de “reforzar la transparencia, la gobernanza y el control” de las exoneraciones en las vías de peaje.


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