El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y la Asociación Adopta Bosque Panamá denunciaron este miércoles que enfrentan un proceso civil de secuestro preventivo de cuentas bancarias y activos, una medida solicitada por el promotor del proyecto Puerto Barú, ubicado en el distrito de David, provincia de Chiriquí, promovido por la empresa de inversión estadounidense Ocean Pacific Financial Services.
De acuerdo con las organizaciones, la acción judicial no corresponde a una sentencia ni a una sanción en firme, sino a una medida cautelar que permite asegurar activos como parte de una eventual demanda civil.
No obstante, advirtieron que el secuestro preventivo ha tenido efectos inmediatos en su operatividad, al impedir el uso de recursos financieros necesarios para cubrir gastos administrativos, el pago de salarios y los fondos de cesantía de su personal.
Las organizaciones explicaron que, en el caso de CIAM, la medida dificulta la continuidad de la defensa legal gratuita que la entidad brinda a comunidades vulnerables y a ecosistemas en riesgo. Esta labor incluye acompañamiento jurídico, elaboración de análisis técnicos ambientales y seguimiento de procesos administrativos relacionados con la protección del ambiente.
Por su parte, Adopta Bosque Panamá indicó que el secuestro preventivo pone en riesgo la gestión de cuatro fincas ubicadas en las provincias de Chiriquí y Darién, destinadas a la conservación, la educación ambiental y la investigación científica. Según la organización, en estas áreas se han identificado 74 especies nuevas para la ciencia.
Precedente legal
Las organizaciones señalaron que se trata del primer caso en Panamá en el que se aplica un secuestro preventivo de activos a organizaciones no gubernamentales, lo que, a su juicio, genera interrogantes sobre el ejercicio de los derechos fundamentales, la participación ciudadana y el funcionamiento de los valores democráticos.
CIAM y Adopta Bosque forman parte de una coalición de más de 60 organizaciones de la sociedad civil que han solicitado la reubicación del proyecto Puerto Barú, tras evaluaciones científicas que, según indicaron, evidenciaron posibles impactos negativos sobre los manglares de David, ecosistema protegido legalmente desde 2007.
De acuerdo con esta coalición, los estudios también identificaron deficiencias en la evaluación de impacto ambiental presentada por la empresa promotora y plantearon que Puerto Armuelles podría representar una alternativa más viable para el desarrollo del proyecto portuario.
Antecedentes judiciales
Las organizaciones recordaron que este proceso civil se produce luego de que, en agosto de 2025, los promotores del proyecto presentaran dos querellas penales contra CIAM y Adopta Bosque por presuntos delitos de calumnia, injuria y contra la seguridad económica. Estas acciones no avanzaron en el Ministerio Público, por lo que —según explicaron— ahora se recurre a la vía civil.
Sobre este punto, Lilian González Guevara, vocera de ambas organizaciones, señaló que el secuestro preventivo se sustenta en un marco normativo que ya no se encuentra vigente. “Con este ataque, el promotor logra usar un marco normativo ya superado para congelar activos sin mayor sustento, con la expectativa de obtener una eventual victoria en un proceso judicial futuro”, afirmó.
González Guevara añadió que, pese a la situación, las organizaciones continuarán con su labor. “Seguiremos defendiendo el excepcional patrimonio natural del país y el derecho de todos los panameños a expresarse sin temor sobre temas de interés público”, sostuvo.
Reacciones de la sociedad civil
A la conferencia de prensa asistieron representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas, quienes expresaron su rechazo a la medida judicial y manifestaron su respaldo a CIAM y Adopta Bosque.
Estas organizaciones anunciaron que presentarán una solicitud formal ante la Defensoría del Pueblo para la instalación urgente de una mesa de trabajo orientada a la elaboración de un proyecto de ley que brinde protección a defensores de derechos humanos y ambientales frente a este tipo de acciones legales.
Según indicaron, el objetivo es establecer mecanismos que garanticen que la defensa del ambiente y la participación ciudadana puedan ejercerse sin temor a represalias judiciales o económicas.
Finalmente, los representantes reiteraron que continuarán dando seguimiento al caso y llamaron a las autoridades a evaluar las implicaciones que este proceso podría tener para el trabajo de las organizaciones civiles en Panamá.
Puerto Barú defiende acciones legales
El abogado José María Castillo, representante legal de la empresa promotora del proyecto portuario Puerto Barú, sostuvo que las acciones civiles y penales interpuestas contra el (CIAM) y la Asociación Adopta Bosque Panamá responden a afirmaciones públicas que, según indicó, carecen de sustento técnico y científico y han afectado el desarrollo del proyecto.
Castillo explicó que el proceso civil del que se deriva el secuestro preventivo de cuentas bancarias y activos, así como las acciones penales presentadas con anterioridad, se fundamentan en declaraciones realizadas por ambas organizaciones en conferencias de prensa y a través de distintos medios de comunicación.
“El punto central es la responsabilidad. Todos, como ciudadanos, somos responsables de nuestras acciones”, señaló el abogado, al afirmar que las declaraciones atribuidas a las organizaciones se alejan de la verdad científica y han generado impactos negativos en el avance del proyecto, el cual —según indicó— depende de procesos de inversión.
De acuerdo con Castillo, cualquier pronunciamiento público relacionado con un proyecto de esta naturaleza debe estar respaldado por evidencia técnica verificable. “Cuando se hace una declaración, debe basarse en una verdad científica o en datos técnicos. En este caso, no se ha presentado evidencia científica que sustente esas afirmaciones”, aseguró.
El jurista sostuvo que las organizaciones han difundido versiones sobre la forma en que se desarrollaría el proyecto que, a su juicio, no se ajustan a la realidad. “Se ha dicho que el proyecto se hará de determinada manera y no es cierto. Toda esta campaña contra Puerto Barú se basa en afirmaciones que se alejan de la verdad científica”, afirmó.
Castillo subrayó que las acciones legales no buscan restringir el trabajo de los ambientalistas, sino exigir responsabilidad sobre las declaraciones públicas que, según dijo, han causado perjuicios. “El trabajo que realizan los ambientalistas es necesario, al igual que el de los periodistas, pero independientemente del rol que se tenga, todos debemos ser responsables de lo que decimos”, expresó.
Añadió que cuando se realizan afirmaciones que afectan proyectos de inversión sin sustento técnico, quienes las emiten deben asumir las consecuencias legales correspondientes. “No podemos hacer afirmaciones que hacen daño y luego desconocer la responsabilidad que ello implica”, indicó.
Las declaraciones del abogado se producen luego de que CIAM y Adopta Bosque denunciaran públicamente que enfrentan un proceso de secuestro preventivo de sus cuentas bancarias y activos, medida que —según las organizaciones— afecta su operatividad y pone en riesgo proyectos de conservación ambiental y de defensa legal gratuita.
El caso se mantiene en trámite judicial, mientras ambas partes sostienen posiciones contrapuestas sobre la validez técnica de las afirmaciones realizadas en torno al proyecto Puerto Barú y el alcance de las acciones legales interpuestas.
