La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) informó este domingo 5 de abril sobre la evasión de tres adolescentes de un albergue privado, en un hecho que vuelve a poner en el foco la situación de los centros de protección infantil en el país.
De acuerdo con la entidad, tras conocerse la fuga, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda en coordinación con las autoridades competentes. Como resultado de estas acciones, una de las menores ya fue localizada, mientras continúan los operativos para dar con el paradero de las otras dos adolescentes.
La institución adelantó en un comunicado que, en las próximas horas, se procederá con la activación de la Alerta Amber, con el objetivo de ampliar la búsqueda y facilitar la ubicación de las menores restantes. Además, hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que contribuya a su pronta localización.
Este hecho ocurre en medio de recientes denuncias sobre el sistema de albergues en Panamá.
Registros de incidentes
En las últimas semanas se han registrado dos episodios graves dentro de un albergue estatal, lo que ha encendido las alarmas sobre las condiciones y el modelo de atención en estos centros.
El primer incidente se registró el pasado 24 de marzo en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, donde 15 menores se evadieron de las instalaciones tras provocar varios disturbios. De este grupo, la entidad reportó que cinco menores ya han sido ubicados.
El segundo episodio se registró el 30 de marzo, cuando nuevamente se produjeron desórdenes protagonizados por un grupo de adolescentes, que incluso comprometieron la seguridad e integridad de niños, niñas, adolescentes y del personal administrativo.
Ante este panorama, la directora de la Senniaf, Lilibeth Antonia Cárdenas, explicó el pasado 1 de abril que estos actos fueron protagonizados por un grupo minoritario de adolescentes que incurrieron en conductas violentas y delictivas.
Aseguró que los involucrados en los hechos mencionados “han cruzado todas las líneas… han vandalizado oficinas, han atrincherado al personal, han hurtado, han dañado propiedad del Estado, han amenazado con incendiar a sus compañeros vivos dentro de sus casitas y han introducido sustancias ilícitas”.
La funcionaria reconoció que estas acciones, protagonizadas por una población minoritaria, contaminan al resto y atentan contra la misión de la institución de proteger a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
