La Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA), presidida por la Universidad de Panamá (UP), recibió en 2025 un total de 189 planes y programas de estudio, entre nuevas carreras y actualizaciones de las existentes. Sin embargo, más de la mitad aún no ha sido aprobada, según informó su secretaria ejecutiva, Myrna McLaughlin, durante su comparecencia esta semana ante la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional.
De ese total, 78 propuestas han sido aprobadas, 92 continúan en proceso de evaluación y 19 aún no cuentan con informe final. Esto significa que más del 58% de los programas no tiene una decisión definitiva, lo que evidencia la presión que enfrenta el sistema universitario panameño.
El desglose por tipo de programa revela diferencias significativas. De las 125 actualizaciones de carreras, 64 fueron aprobadas y 47 permanecen en evaluación. En el caso de los 64 programas nuevos, solo 14 han sido aprobados, mientras que 45 siguen en proceso; es decir, aproximadamente 2 de cada 10 nuevas carreras logran la aprobación.
En los últimos seis años han ingresado al sistema universitario 1,089 diseños curriculares, lo que confirma una verdadera avalancha de nuevas propuestas. Sin embargo, el ritmo de aprobación no acompaña la demanda, lo que genera acumulación y retrasos. Por ejemplo, en 2024, de 252 propuestas, solo 96 fueron aprobadas, mientras que 133 permanecieron en evaluación; y en 2023, de 136 propuestas, apenas 63 obtuvieron aprobación.
Pocos rechazos, muchas demoras
Un dato que llama la atención es el bajo número de expedientes rechazados. En años como 2021, 2024 y 2025 casi no se registran negaciones formales, lo que sugiere que muchas propuestas no se descartan, sino que permanecen en evaluación prolongada. Solo en 2025, 111 expedientes seguían en proceso, lo que refleja la acumulación de casos sin resolver.
El aumento de diseños curriculares evidencia la intención de las universidades de ampliar su oferta académica, pero también muestra un sistema tensionado, con cientos de propuestas pendientes cada año. La CTDA enfrenta un doble desafío: atender la creciente demanda sin sacrificar la calidad académica.
En 2025, el panorama es claro: hay más carreras propuestas que aprobadas, y el sistema aún no logra ponerse al día.
McLaughlin sostuvo que los atrasos en las aprobaciones se deben a múltiples factores, pero no brindó detalles al respecto. Además, indicó que ningún programa en proceso de actualización se rechaza; sin embargo, estos deben cumplir con las observaciones de los evaluadores para que se emita la resolución de aprobación.
La Comisión está integrada por cinco miembros, uno por cada universidad oficial, y se reúne una vez al mes para evaluar los planes y programas de estudio. Está conformada por representantes de la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad Especializada de las Américas, la Universidad Autónoma de Chiriquí y la Universidad Marítima Internacional de Panamá.
Asimismo, la CTDA debe presentar anualmente un informe de rendición de cuentas ante el pleno del organismo, el cual se remite al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá como parte de los requisitos para su funcionamiento.
Demoras y críticas
En este contexto, la gestión de la CTDA ya había sido objeto de cuestionamientos en septiembre de 2025. El catedrático y asesor presidencial Miguel Antonio Bernal solicitó al contralor Anel Flores una auditoría a los fondos administrados por el organismo, debido a las demoras en los trámites y a prácticas que, según señaló, afectan el sistema educativo del país.
La solicitud surgió en medio de preocupaciones por retrasos en la aprobación de nuevas carreras y actualizaciones de planes de estudio, especialmente en universidades privadas, lo que impacta el desarrollo académico y la competitividad de Panamá.
De acuerdo con la Asociación de Universidades Particulares de Panamá (Auppa), la CTDA no estaría cumpliendo con el plazo legal de 30 días para responder a las solicitudes, pese a cobrar por adelantado el 50 % de la tarifa de tramitación.
Bernal planteó que estas irregularidades ameritaban una investigación exhaustiva, que podría involucrar no solo a la Contraloría General de la República, sino también al Ministerio de Educación y al Ministerio Público. Además, cuestionó que la comisión estaría limitando la aprobación de nuevas carreras, lo que —a su juicio— afecta el desarrollo académico del país.
Por su parte, el presidente de la Auppa, José Nieto Rojas, advirtió que el incumplimiento de los plazos establecidos en la Ley 52 de 2015 (que crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria) y el Resuelto 723-AL de 2022 ha provocado retrasos de entre uno y tres años en la aprobación de programas académicos. Esta situación, señaló, genera incertidumbre en el sector y coloca a Panamá en desventaja frente a otros países de la región.
Así, entre retrasos acumulados y crecientes cuestionamientos, el sistema de aprobación de carreras universitarias enfrenta un punto crítico, cuyo desenlace será determinante para la competitividad y el futuro de la educación superior en Panamá.
