El anuncio por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de la puesta en marcha de una futura autopista costanera que conecte a la provincia de Panamá con el interior del país, llamó la atención de ecologistas y especialistas en el tema vial, especialmente por los impactos que tendrían la obra y su financiamiento.
De momento, los detalles que se conocen del proyecto vial fueron dados a conocer por el propio ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, quien precisó que la costanera partiría desde el área de Panamá Pacífico, en Arraiján, hasta llegar a Loma Campana, en Capira. El costo de la obra sería de $517 millones y se licitaría en las “próximas semanas” mediante el régimen de Asociación Público Privada (APP).
Además, quienes intenten utilizar la vía tendrán que pagar un peaje, como ocurre en los corredores. Sabonge definió esta ruta como una “carretera alternativa” al corredor de las playas, proyecto que fue reducido y que se retomó esta semana.
Se trata de una obra que genera expectativa e interrogantes entre ecologistas y especialistas en el tema vial, ante el posible trazado de la ruta y los impactos que ocasionaría a áreas protegidas, manglares y costas de las áreas por donde pasaría.
El recelo
Una de las primeras en pronunciarse fue la exvicealcaldesa del distrito de Panamá y directora de la Fundación Panamá Sostenible, Raisa Banfield, quien se preguntó si esta costanera implicaría hacer rellenos, como pasó con la construcción del corredor Sur, lo cual aumentó el riesgo de inundaciones, por ejemplo, en la comunidad de Juan Díaz.
En palabras de la ambientalista, esta área de la costa está llena de manglares y le llama la atención el tema, porque en Panamá se han cometido “muchos errores” al construir infraestructura sin la consulta ciudadana adecuada y la falta de información sobre los detalles o en qué consiste el proyecto.
“Se hace todo al mismo tiempo sin consultar y eso impacta a las comunidades afectadas. Un proyecto de esa magnitud debe llevar un diseño que todos conozcan”, puntualizó Banfield.
Se refirió a la mala experiencia que se vivió con la ampliación de la avenida Omar Torrijos durante la administración de Juan Carlos Varela (2014-2019), la cual devastó más de 10 hectáreas del parque nacional Camino de Cruces y, en estos momentos, está paralizada.
De hecho, fue la propia Banfield, junto al exalcalde José Blandón, quienes demandaron -en nombre del Municipio de Panamá- ese proyecto, ya que el estudio ambiental no era acorde con la magnitud de la obra.
“La ampliación de la vía Omar Torrijos es un claro ejemplo de falta de consultas y de cómo no se deben hacer los proyectos viales”, acotó.
Sobre la nueva costanera, la también arquitecta mencionó que se deben tomar en cuenta comunidades en Arraiján, La Chorrera o Capira, que quedarán cerca del trazado de la vía y las áreas protegidas de la zona. Tal es el caso de los manglares protegidos de la bahía de Chame o el Parque Nacional y Reserva Biológica de Altos de Campana.
“Bajo la justificación de que hay que aliviar el tráfico no se pueden hacer proyectos a la ligera, que afectan a comunidades y humedales, ya que habrá consecuencias. Hay que mirar este tema con luces largas, con lupa y también esperar que se haga con transparencia”, concluyó.
La deuda
Gustavo Bernal, expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, señaló que este nuevo proyecto tiene dos análisis. Primero, dijo, que puede ser una solución vial porque crea un corredor donde podría desarrollarse el turismo y, segundo, que se despeja la carretera Panamericana.
Sin embargo, cuestionó el monto del proyecto, ya que son $517 millones que se dejarán de deuda para las futuras generaciones. “Seguimos endeudando al país y no veo ningún tipo de planificación con estas construcciones”, sostuvo el ingeniero.
Usó como ejemplo el corredor de las playas licitado en la pasada administración, con el fin de que llegara más allá de Chame y ahora se quedó a la mitad, es decir, en La Chorrera. “Lo dejaron a medio palo y, como siempre, quien pierde es el Estado”, apuntó el especialista.
Inicialmente, el corredor de las playas iba de La Espiga, en La Chorrera, hasta San Carlos, y ahora irá desde La Espiga hasta El Espino de La Chorrera.
Los estudios
Se consultó al ministro de Obras Públicas por el trazado de la nueva costanera y explicó que el alineamiento final no va por esa zona de la bahía de Chame; no obstante, consideró que es mejor esperar el informe de prefactibilidad del proyecto.
“Las APP en nuestro país, por ley, son muy rigurosas en sus estudios previos para asegurar la sostenibilidad económica, financiera y socioambiental a largo plazo”, indicó el ministro.
En el último punto, el socioambiental, Sabonge mencionó que se cumplirá con los Principios de Ecuador, los cuales son un conjunto de estándares adoptados por las instituciones financieras internacionales para identificar, evaluar y gestionar los riesgos sociales y ambientales derivados de grandes proyectos en la fase de financiación.
