Transportistas del sector selectivo se reunieron este miércoles 10 de septiembre en la Asamblea Nacional, donde expresaron su rechazo a dos anteproyectos legislativos que, según los dirigentes del gremio, buscan eliminar los certificados de operación, cambiar el manejo de las prestatarias e incluso abrir la posibilidad de la entrada de plataformas digitales.
El primero de los anteproyectos modifica el artículo 18 de la Ley 14 del 26 de mayo de 1993 y el artículo 47 de la Ley 34 del 28 de julio de 1999, además de derogar el numeral 1 del artículo 29 del Decreto Ejecutivo 543 del 8 de octubre de 2003.
Todas estas normas están relacionadas con la regulación del transporte terrestre público de pasajeros.
La propuesta fue presentada por el diputado panameñista Edwin Vergara.
El segundo anteproyecto, presentado por el diputado Neftalí Zamora, plantea liberar las concesiones de transporte público terrestre de pasajeros.
Otra de las propuestas relacionadas al transporte y los cupos también fue presentada por la diputada, Grace Hernández.
Estas iniciativas legislativas motivaron que transportistas del sector selectivo y colectivo realizaran una caravana de protesta en la que participaron prestatarias de Chiriquí, Darién, Veraguas, Colón, Panamá Oeste, Panamá Norte y Este, así como la Cámara Nacional del Transporte (Canatra).
Las propuestas incluyen modificaciones al proceso de eliminación de cupos de transporte, el reconocimiento de nuevas prestatarias y cambios en la “carta aval”, documento que certifica que un vehículo y su propietario están autorizados para prestar un servicio de transporte público.
Tras la manifestación, un grupo representativo de dirigentes se reunió durante más de dos horas con los diputados de la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional.
En el encuentro participaron el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, y la presidenta de la comisión, Shirley Castañedas.
Transportistas se pronuncian
Durante la sesión, representantes del sector transporte y usuarios expusieron sus preocupaciones sobre los anteproyectos de ley que buscan modificar el marco regulatorio del transporte público en Panamá.
Manifestaron su oposición a que se modifique el artículo 18, el cual otorga el derecho a aspirar a un contrato de concesión.
Se informó que el Ministerio de Gobierno y Justicia (Mingob) mantiene reuniones con transportistas, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y otras entidades para discutir el tema de las concesiones y la revisión de tarifas.
Tomás Samudio, presidente de la Cámara Provincial de Chiriquí y de una de las concesionarias más grandes de la región, defendió a los transportistas ante las críticas en redes sociales, asegurando que muchos concesionarios han sido injustamente señalados como “ladrones” o “corruptos”.
Subrayó que los operadores cumplen con reglamentos internos, exigen uniformes a sus conductores y ofrecen descuentos a jubilados y estudiantes sin recibir subsidio estatal.
“Nosotros no le podemos cobrar el pasaje completo al jubilado y nadie nos subsidia eso. Tampoco a los niños de la escuela, y aun así tenemos que pagar combustible”, manifestó Samudio, quien pidió a los diputados analizar de manera justa los artículos que podrían afectar la operación de las concesionarias.
Por su parte, Gabriel Mendoza, representante de usuarios y miembro de la junta directiva, sostuvo que la ley del transporte público no necesita modificaciones, sino que se aplique correctamente.
También solicitó que se garantice el cumplimiento de frecuencias y horarios de las rutas y que se brinde mayor protección a los usuarios.
Diputados abren compás al diálogo
El diputado Vergara hizo un llamado al diálogo y propuso conformar una mesa de trabajo para escuchar a los transportistas.
“He estado tomando nota de todo lo que se ha dicho hoy, prestando atención al 100%. El primer mensaje que quiero que se lleven es que yo respeto el trabajo de todos, y si en algún momento se interpretó lo contrario, esa no fue mi intención”, afirmó.
Vergara reconoció que existen problemas que requieren atención urgente, como la seguridad vial y las prácticas de conducción imprudente, y señaló que esta reunión representa “una oportunidad para corregir lo que está mal”.
Además, aclaró que su objetivo no es perjudicar a los transportistas ni abrir la puerta a empresas extranjeras que puedan desplazar a los panameños.
Los diputados de la comisión coincidieron en establecer una mesa de trabajo en la que participen transportistas, prestatarias, autoridades y usuarios, con el fin de revisar los costos de operación, las tarifas y la regulación del sector.
