Los síntomas son parecidos. Muchos dicen sentir un fuerte dolor; algunos duermen poco, y otros presentan lagunas mentales. Así han estado por 16 años.
Esa es la descripción que hace José Sarmiento, vicepresidente del Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y la Vida, quien representa a los afectados por el envenenamiento masivo con medicinas contaminadas con dietilenglicol, fabricadas en los laboratorios de la Caja de Seguro Social (CSS), en 2006. El dietileneglicol es una sustancia que se emplea como refrigerante para automóviles y que es mortal para los seres humanos.
Sarmiento conoce bien este drama, ya que aquella vez perdió a sus padres. Hoy, como dirigente, le toca escuchar, en las reuniones mensuales, las historias de sus agremiados, quienes dicen sentirse abandonados.
Datos que de forma rigurosa lleva el Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y la Vida indican que cada año mueren entre 20 y 25 personas que consumieron medicinas contaminadas con dietilenglicol. Este año señalan que van 16 defunciones.
Los que sobrevivieron al envenenamiento atraviesan un calvario. Los niños y adolescentes han tenido que abandonar la escuela o la universidad, y los pacientes en edad productiva no trabajan por problemas de salud.
En palabras de Sarmiento, la situación actual es “negativa”, ya que continúan la lucha para que certifiquen unas 300 personas que consumieron los medicamentos envenenados, pero que aún no reciben la pensión.
En cuanto al Centro de Toxicología, creado especialmente para la atención de los pacientes, subraya que este centro operaba en la Policlínica Presidente Remón de la CSS, en calle 17, en Santa Ana, y la atención era más “personalizada” allí. Sin embargo, todo “desmejoró” cuando el centro fue trasladado a las instalaciones de la Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés, en calle 25, Calidonia.
“Tampoco contamos con los medicamentos en las farmacias de la CSS y los pacientes deben gastar toda la pensión en ese tipo de productos”, dijo Sarmiento. De hecho, el Comité de Pacientes está solicitando un ajuste en la pensión que reciben de $800 a $1,500 mensuales.
El director de la CSS, Enrique Lau, reconoció que fue “doloroso” lo ocurrido en 2006 y que aquel hecho dejó como enseñanza que había que mejorar la vigilancia en los protocolos de salud.
Sobre las quejas de los envenenados, Lau dijo que la CSS los sigue atendiendo. “No se ha desmejorado la atención en el Centro de Toxicología”, puntualizó.
