La decisión del Gobierno de trasladar a 29 reclusos al Parque Nacional Coiba, en Veraguas, no solo habría contravenido las disposiciones legales que regulan esta área protegida, sino que además se ejecutó sin contar con la opinión ni la participación del Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba, organismo responsable de velar por la administración y conservación del sitio.
Esta actuación ha generado cuestionamientos sobre el cumplimiento de los procedimientos establecidos y el respeto de los mecanismos de gobernanza previstos para una de las principales reservas naturales del país.
Los cinco municipios con representación en el Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba —Montijo, Soná, Río de Jesús, Las Palmas y Mariato— expresaron su rechazo al traslado de personas privadas de libertad al archipiélago, al considerar que la medida contradice los principios de conservación que rigen el área protegida.
Si bien este miércoles se reunió el Consejo Directivo, la instancia aún no ha hecho pública su posición respecto de esta polémica medida. El Consejo Directivo de Coiba, considerado la máxima instancia de gobernanza del área protegida y del Fondo Coiba, está conformado por 12 miembros con derecho a voz y voto, y es presidido por el Ministerio de Ambiente.
Los integrantes
Entre sus integrantes figuran representantes de entidades como la Autoridad de Turismo de Panamá, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, alcaldes de distritos veragüenses, la Universidad de Panamá, la Cámara de Comercio de Veraguas y organizaciones ambientalistas.
A este grupo se suman, con derecho a voz, pero sin voto, representantes de organismos internacionales, instituciones científicas, organizaciones no gubernamentales y la Gobernación de Chiriquí.
Para el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), la Ley 44 de 2004, que creó el área protegida, establece restricciones claras sobre los usos permitidos dentro del parque, entre ellas la prohibición de la ocupación humana permanente, salvo para actividades vinculadas a la administración del área, la investigación científica y el ecoturismo.
A juicio del Ciam, la eventual instalación de un centro para detenidos contraviene de forma directa los objetivos de conservación que dieron origen al parque.
La organización también criticó la forma en que se adoptó la decisión al señalar que no fue sometida a consideración del Consejo Directivo de Coiba, la instancia de gobernanza encargada de velar por el cumplimiento de las normas que rigen el área protegida.
Según el Ciam, este organismo reúne a representantes del Estado, la academia y organizaciones de la sociedad civil precisamente para evaluar iniciativas que puedan afectar la integridad ecológica del parque. El hecho de que la propuesta avanzara sin consulta previa, añadió, refleja una tendencia del Gobierno a prescindir de los mecanismos de participación y consulta ambiental establecidos por la ley.
Las limitaciones
La organización ambiental subrayó que las limitaciones legales sobre el uso de Coiba son ampliamente conocidas por las instituciones involucradas, entre ellas el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Ambiente, todas con participación directa o indirecta en la gestión del área protegida.
De hecho, el Ciam advirtió que cualquier utilización del parque, ya sea temporal o permanente, para albergar a personas privadas de libertad constituye una actuación ilegal y regresiva, además de representar una amenaza para el patrimonio ecológico y cultural de Coiba. Asimismo, alertó sobre el posible impacto que una medida de este tipo tendría sobre las actividades económicas sostenibles que se desarrollan en el archipiélago, particularmente aquellas relacionadas con la conservación y el turismo ecológico.
Habitantes de comunidades vecinas al Parque Nacional Coiba, entre ellas Santa Catalina, han rechazado la medida.
