La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) manifestó su preocupación por el proyecto Puerto Barú, previsto en David, provincia de Chiriquí, al advertir sobre sus posibles impactos en el Parque Nacional Coiba y su Zona Especial de Protección Marina, inscritos como Patrimonio Mundial en 2005.
El pronunciamiento se da en el marco del seguimiento que realiza el Comité de Patrimonio Mundial y se suma a una creciente controversia nacional en torno a la iniciativa, considerada por sus promotores como una apuesta estratégica para el desarrollo económico del occidente del país, pero señalada por sectores ambientales como un riesgo para ecosistemas sensibles.
En su evaluación, el Comité instó al Estado panameño a reevaluar el alcance del proyecto y a asegurar que cualquier decisión incorpore plenamente el Valor Universal Excepcional del sitio, principio clave que sustenta su reconocimiento internacional. La advertencia no es menor: el organismo subraya la necesidad de evitar impactos negativos que podrían resultar irreversibles.
Además, la Unesco insistió en que las evaluaciones de impacto ambiental deben ajustarse a estándares internacionales específicos para sitios de Patrimonio Mundial, lo que implica un análisis más riguroso y profundo que el requerido en otros contextos.
Como parte del seguimiento formal, el organismo solicitó al Estado panameño la presentación de un informe actualizado sobre el estado de conservación del Parque Nacional Coiba y las medidas adoptadas frente a este caso. El documento deberá ser entregado a más tardar el 1 de diciembre de 2026 y será examinado durante la 49.ª sesión del Comité de Patrimonio Mundial.
Manglares: línea de defensa
Uno de los principales focos de preocupación gira en torno a los manglares ubicados en el área de influencia del proyecto, el cual tiene 250 millones de dólares, de inversión inicial en infraestructura logística y portuaria sostenible. Estos ecosistemas cumplen funciones esenciales: actúan como barreras naturales frente a tormentas, capturan carbono y sirven de hábitat para numerosas especies. Su alteración, advierten expertos, podría generar efectos en cadena tanto en la biodiversidad como en las comunidades que dependen de estos recursos.
A ello se suma la cercanía con ecosistemas marinos sensibles, incluidos arrecifes de coral, que podrían verse afectados por actividades como el dragado, necesario para permitir el acceso de embarcaciones de gran calado.
En esa misma línea, la diputada independiente, Janine Prado advirtió que en los últimos días ha crecido una preocupación “legítima”, no solo a nivel ciudadano, sino también en la comunidad científica, por los posibles impactos del proyecto.
“Aquí hay que ser claros: Coiba no es cualquier área protegida. Es Patrimonio Mundial desde 2005, un ecosistema único y un punto clave del corredor marino del Pacífico Este Tropical”, señaló.
La diputada también hizo énfasis en la importancia de los manglares en el área de Puerto Barú, al destacar su función como barrera natural, criadero de especies y protección costera.
“La pregunta es si se está garantizando con rigor científico que este proyecto no pondrá en riesgo la integridad de Coiba”, planteó, al tiempo que hizo un llamado al Ministerio de Ambiente (Miambiente) para que se pronuncie con sustento técnico.
Añadió que el desarrollo económico no debe comprometer la biodiversidad ni actividades como el turismo ecológico, que generan ingresos para el país.
La posición de la empresa
Frente a los cuestionamientos, la empresa promotora Ocean Pacific Investments sostiene que la iniciativa cumple con todos los requisitos legales y ambientales exigidos por la normativa panameña.
En planteamientos a La Prensa, la compañía indicó que Puerto Barú cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) categoría III, aprobado en 2024 por Miambiente, la máxima categoría exigida para proyectos con alto potencial de impacto.
Según la empresa, en una comunicación oficial remitida ese mismo año a la Unesco, Miambiente concluyó que la obra no refleja impactos directos ni indirectos sobre el Parque Nacional Coiba ni su Zona Especial de Protección Marina.
Asimismo, la entidad determinó que la iniciativa no constituye un riesgo para el sitio, al no haberse identificado afectaciones durante el proceso de evaluación técnica realizado bajo la normativa vigente.
Los promotores sostienen que estos resultados, validados por la autoridad competente, confirman que el desarrollo no genera impactos sobre áreas protegidas y cumple con estándares ambientales, lo que lo posiciona como un modelo de desarrollo responsable.
Por su parte, el abogado ambientalista y consultor legal ambiental de la empresa, Harley Mitchell Morán, señaló en el programa Panamá en Directo que la huella ecológica del proyecto no alcanza la isla del Parque Nacional Coiba ni su zona de amortiguamiento, establecida mediante la Ley 44 de julio de 2004.
Sostuvo que la distancia entre la boca de entrada del estero del proyecto Puerto Barú y la zona de amortiguamiento de Coiba es de aproximadamente 92 kilómetros, por lo que considera físicamente improbable que sedimentos significativos lleguen a la isla como consecuencia de las actividades portuarias.
Puerto Barú ha sido presentado como el primer puerto verde multipropósito del país y una de las mayores inversiones privadas en la historia de la provincia de Chiriquí. El proyecto busca articular actividades logísticas, agrícolas y turísticas, con el objetivo de conectar la región occidental con mercados internacionales.
Su ubicación, a unos 18 kilómetros del centro de David y cerca del Aeropuerto Internacional Enrique Malek, es considerada por sus promotores como una ventaja estratégica para dinamizar la economía regional.
La parte judicial del conflicto
El debate en torno a Puerto Barú no se limita al ámbito técnico o ambiental. En los últimos meses, el conflicto ha escalado al terreno judicial, lo que evidencia la polarización que genera la iniciativa.
El Juzgado Quinto Liquidador Civil ordenó el secuestro de cuentas bancarias y bienes contra organizaciones ambientales, entre ellas el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y Adopta Bosque, en el marco de un proceso por daños y perjuicios promovido por los impulsores del proyecto.
De acuerdo con la resolución, ambas organizaciones habrían incurrido en acciones que provocaron perjuicios económicos y retrasos en la ejecución del puerto, lo que motivó la medida cautelar para garantizar un eventual resarcimiento.
Sin embargo, desde los grupos ambientales se sostiene que la decisión no constituye una sentencia en firme, sino una medida preventiva dentro del proceso.
El abogado José María Castillo, representante legal de la empresa promotora, indicó que las acciones civiles y penales interpuestas contra CIAM y Adopta Bosque responden a afirmaciones públicas que, según señaló, carecen de sustento técnico y científico y han afectado el desarrollo del proyecto.
Castillo explicó que el proceso civil del que se deriva el secuestro preventivo de cuentas y activos se fundamenta en declaraciones realizadas por ambas organizaciones en conferencias de prensa y a través de distintos medios de comunicación. “El punto central es la responsabilidad. Todos, como ciudadanos, somos responsables de nuestras acciones”, afirmó.
El abogado sostuvo que cualquier pronunciamiento público relacionado con un proyecto de esta naturaleza debe estar respaldado por evidencia técnica verificable y aseguró que, en este caso, no se ha presentado información científica que sustente las afirmaciones realizadas por las organizaciones.
Añadió que las acciones legales no buscan restringir el trabajo de los ambientalistas, sino exigir responsabilidad por declaraciones que, según dijo, han generado perjuicios al proyecto, el cual —de acuerdo con la empresa— aspira a convertirse en el primer puerto verde del país y en la mayor inversión privada en la historia de Chiriquí.
El caso se mantiene en trámite judicial, mientras ambas partes sostienen posiciones contrapuestas sobre la validez técnica de los señalamientos y el alcance de las acciones legales interpuestas.
Demandas y frente legal
En septiembre de 2024, seis organizaciones ambientales presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de anular el Estudio de Impacto Ambiental aprobado para la iniciativa.
Los demandantes argumentaron que el proceso de aprobación del EIA fue ilegal y que no evaluó adecuadamente los riesgos ambientales. No obstante, la Corte negó la solicitud de suspensión provisional, lo que permitió que el proyecto continuara su curso.
Posteriormente, en agosto de 2025, representantes legales vinculados a la empresa promotora presentaron querellas penales contra CIAM y Adopta Bosque por presuntos delitos de calumnia, injuria y afectaciones a la economía.
En ese momento, los promotores señalaron que las organizaciones habían difundido información inexacta con el objetivo de desacreditar la iniciativa, que —según afirmaron— cuenta con el respaldo de múltiples entidades estatales.
Por su parte, los grupos ambientalistas han defendido la base técnica de sus cuestionamientos, señalando que sus análisis se sustentan en los propios expedientes del proceso de evaluación ambiental y en estudios independientes.
Un debate de fondo
Más allá de los argumentos técnicos y legales, el caso de Puerto Barú pone sobre la mesa una discusión de fondo sobre el modelo de desarrollo que impulsa Panamá.
Por un lado, el país busca fortalecer su infraestructura logística y atraer inversiones que dinamicen su economía, especialmente en regiones fuera del eje canalero. Por otro, enfrenta el desafío de proteger ecosistemas estratégicos en un contexto de crisis climática global.
La intervención de la Unesco introduce un elemento adicional: el cumplimiento de compromisos internacionales asociados a la conservación de sitios declarados Patrimonio Mundial.
El desenlace de este caso podría sentar un precedente sobre cómo Panamá gestiona proyectos de gran escala en áreas ambientalmente sensibles y cómo equilibra intereses económicos con la protección de su patrimonio natural.
Por ahora, la solicitud de un informe formal y el seguimiento del Comité de Patrimonio Mundial mantienen el caso bajo observación internacional, mientras en el país continúa un debate que trasciende lo local y apunta a definiciones de largo plazo.
Este medio solicitó una versión a Miambiente, pero, al cierre de esta nota, no hubo respuesta.
