Las cinco universidades estatales del país se destacan entre las instituciones con más baja ejecución presupuestaria en el área de inversiones, de acuerdo con los informes más recientes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de 2024.
A pesar de contar con millonarias asignaciones destinadas a la modernización de infraestructuras, proyectos de investigación y mejoras tecnológicas, una parte considerable de estos fondos no ha sido utilizada de manera eficiente.
La Universidad Especializada de Las Américas (Udelas) se posiciona como la institución de educación superior con la más baja ejecución presupuestaria en el renglón de inversiones. De los 8.2 millones de dólares asignados para este propósito, la casa de estudios solo ha logrado ejecutar 1.2 millones, lo que representa un 18.7% del total disponible.
El año 2024 estuvo marcado por una crisis institucional en Udelas, tras la polémica proclamación de Ginna Rueda como nueva rectora para el periodo 2024-2028. La designación, realizada por el Consejo Electoral Universitario luego de su victoria en las elecciones, ha sido objeto de controversia, ya que dos días antes de los comicios, el Consejo Superior Universitario —presidido por el rector Juan Bosco Bernal— suspendió el proceso electoral en respuesta a las protestas nacionales contra el contrato minero. Pese a esta determinación, Rueda sostiene la legitimidad de su elección y ha intentado tomar posesión del cargo, encontrándose con el acceso a la rectoría bloqueado, en un escenario que mantiene en vilo a la comunidad universitaria.
La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) se ubica como la segunda institución de educación superior con la ejecución presupuestaria más baja en el área de inversiones, de acuerdo con el informe del MEF. En 2024, la UTP recibió una asignación de 76.2 millones de dólares; sin embargo, hasta la fecha solo ha ejecutado 20.3 millones, lo que representa el 26.7% del total.
La Universidad de Panamá, la institución de educación superior más grande del país, tampoco escapa a la problemática de la reducida ejecución presupuestaria en inversiones. Según datos oficiales, en 2024 la casa de estudios recibió una asignación de 68 millones de dólares para proyectos de desarrollo, de los cuales solo logró ejecutar 22.3 millones, lo que representa el 32.8% del total asignado.
La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) y la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas (UAPI) también reflejan bajos niveles de ejecución en sus presupuestos de inversión. La UNACHI recibió en 2024 un total de 4.7 millones de dólares, de los cuales ha ejecutado 1.7 millones, lo que equivale al 35.3% de los fondos asignados. Por su parte, la UAPI (Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas) con una asignación de 200 mil dólares, ha utilizado únicamente 100 mil dólares hasta la fecha. Estas cifras evidencian los desafíos que enfrentan ambas instituciones en la gestión eficiente de los recursos destinados a su desarrollo y fortalecimiento académico.
Funcionamiento
A diferencia del presupuesto destinado a inversiones, las universidades del país muestran altos niveles de ejecución en sus partidas de funcionamiento. De acuerdo con los informes financieros, la UNACHI ha ejecutado el 90% de los recursos asignados para sus operaciones, mientras que la Universidad de Panamá registra un 96% de ejecución, consolidándose como la institución con mejor desempeño en este rubro. Por su parte, la UTP ha utilizado el 72% de su presupuesto de funcionamiento. Estos porcentajes reflejan una mayor eficiencia en el uso de los fondos para la operatividad diaria, en contraste con las dificultades observadas en la ejecución de proyectos de inversión.
Diputados como Jhonathan Vega, de la coalición Vamos, han impulsado iniciativas legislativas con el objetivo de fiscalizar y optimizar el uso de los recursos asignados a estas instituciones. Una de estas iniciativas es el proyecto de ley 140, el cual busca establecer un marco regulador para las universidades oficiales del país.
Uno de los puntos principales de la propuesta es el equilibrio entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas. Aunque las universidades públicas en Panamá gozan de autonomía en sus decisiones académicas y administrativas, el anteproyecto destaca la importancia de que esta libertad no se traduzca en opacidad o falta de supervisión. Se busca, mediante este marco normativo, implementar mecanismos que aseguren la eficiencia y transparencia en la toma de decisiones, especialmente en la gestión de recursos públicos.
El anteproyecto de ley establece normas claras para evitar el nepotismo, asegurando que las posiciones dentro de las instituciones se asignen en función de méritos y competencias, y no por lazos familiares o intereses personales. Además, el proyecto de ley contempla la creación de órganos de supervisión independientes para garantizar la correcta gestión de las universidades.
