La Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA) es el organismo por el cual la Universidad de Panamá, en coordinación con otras universidades oficiales del país, le aprueban o no los planes y programas de estudio que quiera implementar una universidad particular en el país.
La comisión es presidida por el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, y cuenta en su junta directiva con la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Etelvina de Bonagas; el rector de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Héctor Montemayor; el de la Universidad Especializada De Las Américas (UDELAS), Juan Bosco Bernal; y el de la Universidad Marítima de Panamá (UMIP), Víctor Luna Barahona.
Educación superior, anclada en viejas estructuras
El hecho de que el sector público evalúe al privado “complica las posibilidades de innovación, flexibilización y experimentación del sistema educativo superior”, según lo señala el último Diagnóstico de la Educación Superior en Panamá, que realizó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en marzo del 2021.
Según el BID, hasta ahora el país no ha aprovechado su potencial máximo por la falta de formación de los recursos humanos. “El adelanto está limitado por la tradición, las estructuras legales, la burocracia, la falta de presupuesto, de innovación y de integración. Con un Ministerio de Educación con presencia débil en el sistema”, destaca.
Prueba de dicha burocracia y de que el adelanto está limitado por la tradición, como lo señala el diagnóstico del BID, es la evaluación a la que deben someterse las universidades particulares. Ya que los procesos de respuestas demoran varios meses, en conjunto con las actualizaciones y los costos de los mismos.
Costos para autorizar carreras por parte de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico
¿Cuál es el destino de los fondos que pagan las universidad particulares a la Comisión Técnica de Desarrollo Académico integrada por los rectores de las universidades oficiales del país?
Fue en el 2019 que a través de un proyecto de ley se intentó en la Asamblea Nacional realizar cambios y crear el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación, para el mejoramiento de la calidad de la educación superior en Panamá, que sería el organismo que pasaría a reconocer los títulos académicos y profesionales.
Pero el debate no tuvo éxito, porque los representantes de la Universidad de Panamá afirmaron que la propuesta iba en contra de su potestad de fiscalizar la educación superior en el país.
