Uno de cada cuatro niños, niñas y adolescentes en Panamá vive en zonas de alta vulnerabilidad climática, una situación que refleja el impacto creciente y cada vez más tangible de los fenómenos naturales sobre la infancia en el país.
Esta realidad no solo afecta la calidad de vida presente de estos menores, sino que pone en riesgo su desarrollo, bienestar y futuro, evidenciando la urgencia de actuar con medidas integrales y enfocadas en sus necesidades específicas.
Así lo indica el estudio “Impacto de la crisis climática, ambiental y energética en el desarrollo y bienestar de las niñas, niños y adolescentes de Panamá”, elaborado conjuntamente por el Ministerio de Ambiente (Miambiente) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
La investigación se convierte en un llamado a la acción para reconocer y atender las particularidades que enfrenta esta población vulnerable frente al cambio climático y sus múltiples efectos.
El estudio detalla cómo la crisis climática afecta de manera desproporcionada a la niñez y adolescencia panameña, sobre todo a quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad social y geográfica, profundizando las brechas existentes y dificultando su acceso a derechos fundamentales.
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— La Prensa Panamá (@prensacom) August 23, 2025
Impacto desproporcionado de la crisis climática
Según los datos publicados, los desastres naturales relacionados con el clima y la degradación ambiental se han multiplicado por 2.4 en los últimos 50 años en Panamá, reflejando un patrón de creciente inestabilidad ambiental que repercute directamente en la vida de miles de familias.
Actualmente, Panamá ocupa el decimocuarto lugar a nivel mundial entre los países más vulnerables al cambio climático. Su particular ubicación geográfica lo expone a múltiples amenazas, entre las que destacan los fenómenos hidrometeorológicos, tales como inundaciones y sequías, plantea el estudio.
Estos dos eventos representan el 93% de los desastres registrados en el país, consolidándose como los riesgos más frecuentes y peligrosos para la población, especialmente para la niñez.
Las inundaciones y sequías no solo ocurren con mayor frecuencia, sino que afectan con mayor severidad a los niños, niñas y adolescentes. En situaciones extremas, las inundaciones pueden impactar hasta al 18% de la población panameña, interrumpiendo el acceso de miles de menores a servicios básicos esenciales como agua potable, saneamiento, atención médica y educación, afectando su bienestar inmediato y sus oportunidades de desarrollo a largo plazo.
Esta realidad es aún más crítica para los menores que viven en situación de pobreza, en comarcas indígenas o en zonas rurales, quienes enfrentan obstáculos adicionales para recuperarse tras eventos climáticos extremos. La falta de recursos, infraestructura limitada y el aislamiento geográfico dificultan la respuesta y mitigación de los impactos.
El estudio identifica que las regiones con mayor riesgo climático en Panamá son Bocas del Toro, Darién, Ngäbe-Buglé, Emberá-Wounaan y Guna Yala. En estos territorios, los desafíos son múltiples y complejos: se observan altas tasas de desnutrición, abandono escolar, inseguridad alimentaria y un creciente riesgo de violencia vinculado a la escasez de recursos.
Además, se estima que más del 50% de la población rural infantil enfrenta dificultades severas para acceder a una alimentación adecuada, lo que compromete su salud y desarrollo.
Los datos históricos y científicos evidencian una tendencia alarmante: desde 1971, la temperatura media en Panamá ha aumentado en 0.23 °C por década, mientras que las emisiones de gases de efecto invernadero se han duplicado en los últimos 20 años. Esta combinación agrava los efectos del cambio climático y contribuye a la degradación ambiental.
Cada año, más de 102,000 toneladas de residuos terminan en los océanos que bañan las costas panameñas, contaminando ecosistemas vitales y afectando la salud de las comunidades costeras.
Por otro lado, el acceso a servicios básicos como la electricidad también es limitado: el 10% de los hogares con niños, niñas y adolescentes carece de este servicio, mientras que el 18% de las escuelas de premedia no cuenta con electricidad, dificultando las condiciones de aprendizaje y desarrollo.
Desafíos energéticos y urgencia de políticas inclusivas para la niñez
Esta inseguridad energética es especialmente crítica en las comarcas indígenas. Por ejemplo, en la comarca Ngäbe-Buglé, solo el 44% de los hogares tiene acceso a electricidad, concentrando así el 55% de los niños sin este servicio a nivel nacional. La falta de energía eléctrica afecta directamente infraestructuras esenciales como centros médicos y escuelas, limitando el acceso a servicios de salud y educación de calidad.
Además, los fenómenos meteorológicos extremos, intensificados por la crisis climática, amenazan la estabilidad del suministro eléctrico. Las sequías y el aumento de las temperaturas elevan la demanda energética, mientras que reducen la capacidad de generación hidroeléctrica, que representa el 49 % de la matriz energética del país.
Esta situación provoca incrementos en los costos de la electricidad; por ejemplo, en 2023, un año marcado por condiciones climáticas especialmente secas y calurosas, el precio de la electricidad aumentó un 40%.
Frente a este panorama, el viceministro de Ambiente, Oscar Vallarino, afirmó con contundencia: “El cambio climático no es solo una amenaza ambiental: es una emergencia social que pone en riesgo el presente y futuro de nuestra niñez. Este estudio nos muestra claramente dónde debemos actuar, cómo y con qué urgencia”.
Por su parte, Sandie Blanchet, representante de Unicef en Panamá, destacó que “la crisis climática, ambiental y energética afecta de manera desproporcionada a niñas, niños y adolescentes. La infancia y la adolescencia deben estar en el centro de las soluciones, no solo como beneficiarios, sino como agentes activos de cambio”.
Blanchet añadió que “invertir en adaptación climática no solo es justo, también es inteligente. Cuando esas inversiones se hacen con un enfoque en infancia, su impacto se multiplica”.
Sin embargo, el estudio advierte que únicamente el 40 % de las políticas climáticas, ambientales y energéticas en Panamá incluyen explícitamente a la niñez, lo que limita la efectividad y sostenibilidad de las acciones a largo plazo.
Además, se estima que para mitigar los efectos de la crisis climática, ambiental y energética en el país se requerirán inversiones superiores a los 11,190 millones de dólares, una cifra que pone en evidencia la magnitud y complejidad del desafío que enfrenta Panamá.
Entre las recomendaciones que plantea el informe, se destaca la necesidad de mejorar la coordinación institucional con un enfoque centrado en la niñez, actualizar los instrumentos de ordenamiento territorial incorporando criterios de riesgo climático y promover mecanismos efectivos de participación comunitaria.
También se insta a garantizar la inclusión de la infancia en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) y en las políticas de protección social, asegurando que los derechos y necesidades de este grupo sean prioridad en la agenda nacional.
En definitiva, proteger a la niñez panameña frente al cambio climático es una responsabilidad urgente y compartida, que requiere compromiso, recursos y acciones coordinadas para asegurar un presente y futuro más justo, saludable y sostenible para las generaciones venideras.
