La tarde del jueves 26 de febrero de este año, un operativo del Municipio de Panamá tomó por sorpresa a media docena de restaurantes ubicados en las plazas Herrera y Bolívar, en el barrio de San Felipe.
Mesas, sillas, barras auxiliares y todo tipo de mobiliario fueron retirados por funcionarios municipales y cargados en camiones de la Alcaldía. La intervención respondió, según las autoridades, a “graves irregularidades” detectadas en el uso del espacio público dentro del Casco Antiguo, considerado el conjunto histórico más importante del país.
En ese momento, Gasparín Belandría, en representación de la Asociación de Restaurantes, Bares y Hoteles del Casco Antiguo (Arhca), reconoció que era necesario cumplir con la normativa vigente, aunque pidió que las acciones se ejecutaran “con mayor tacto” para no afectar la experiencia de los turistas.
Sin embargo, lo que no se mencionó públicamente fue que varios de estos establecimientos llevaban años ocupando, sin autorización, áreas de plazas y aceras. Tampoco se señaló que, además de incumplir requisitos establecidos por la reglamentación municipal, no pagaban por el uso del espacio público.
“Luego de una revisión exhaustiva de los registros se constató que los establecimientos señalados no cuentan con los permisos de uso temporal del espacio público en el Conjunto Monumental de Casco Antiguo”, confirmó el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi.
La información forma parte de la respuesta oficial a una solicitud de información presentada por un grupo de residentes del Casco Antiguo.
Acción ciudadana
Vecinos del barrio histórico, que en principio avalaban la instalación de cafés y restaurantes en las plazas, aseguran que con el paso del tiempo la situación se desbordó. Denuncian que los comercios fueron apropiándose progresivamente de parques y aceras, al tiempo que el ruido constante alteró la convivencia en el área.
Cansados por la situación —que incluían bocinas a alto volumen y música diaria— decidieron organizarse, contratar un abogado y exigir el cumplimiento de la ley.
“Lo primero que hizo nuestro abogado fue presentar una solicitud de información a la Alcaldía. Queríamos saber si esos negocios tenían permiso para ocupar las plazas, quién les autorizó instalar bocinas y poner música día y noche, si podían usar cualquier espacio sin límite y, sobre todo, si estaban pagando por esa ocupación”, cuenta Delia, una de las residentes.
El 22 de enero de 2026, el abogado de los residentes presentó formalmente ante el alcalde la solicitud de información amparada en la Ley 6 de enero de 2002, Ley de Transparencia. Cuando estaba por vencer el plazo legal de 30 días para responder, el Municipio solicitó una prórroga por otros 30 días.
Fue precisamente durante esa extensión cuando se realizó el operativo que decomisó el mobiliario instalado en las plazas Herrera y Bolívar.
¿Dónde y cómo se puede ocupar?
De acuerdo con el Acuerdo del Consejo Municipal No. 23 de 2016, únicamente se permite colocar “mesas, sillas y paraguas” en tres puntos del Casco Antiguo: las plazas Catedral, Herrera y Bolívar. Para ello, los interesados deben tramitar un permiso de uso temporal ante el Municipio.
La norma prohíbe la instalación de bares, toldas, letreros o altoparlantes, y establece que cualquier autorización debe garantizar “el derecho que tiene toda persona, nacional y extranjera, a utilizar, caminar y circular libremente” por dichas plazas.
Además, los negocios solo pueden solicitar el uso del espacio frente a su local comercial.
El Acuerdo, aprobado por el Consejo Municipal de Panamá, señala que cada restaurante debe pagar $500 mensuales por el permiso temporal, además de $50 por metro cuadrado ocupado cada mes.
En la Plaza Bolívar operan al menos cinco restaurantes que mantenían mobiliario en el área.
Según el abogado en su escrito, estas reglas no se respetaban, lo que llevó a los residentes a solicitar formalmente información para determinar si existían permisos especiales o si los comercios actuaban al margen de la ley.
La respuesta llegó a finales de marzo. El alcalde Mizrachi también señaló que los negocios habían sido advertidos previamente, especialmente en el caso de la plaza Bolívar.
Zona de silencio
Además de la ocupación del espacio público, los residentes denuncian que el ruido se convirtió en otro punto crítico.
No solo se trataba de bocinas colocadas en exteriores y parques, sino de montajes recurrentes que incluían barras móviles, mesas de DJ y presentaciones en vivo. Según los vecinos, en algunas noches el monumento a Simón Bolívar era utilizado como tarima para orquestas y DJs.
El Acuerdo Municipal No. 23 establece que el área comprendida entre Las Bóvedas y la Calle Quinta constituye una “zona de silencio”, donde está prohibido realizar actividades que “causen ruido, generen bulla o perturben la paz del vecindario”. La plaza Bolívar se encuentra dentro de esa delimitación.
Los vecinos preguntaron a la Alcaldía si existía algún permiso especial para el uso de bocinas.
“Respecto al uso de bocinas y altoparlantes se debe indicar que luego de una búsqueda exhaustiva en nuestros archivos, no se ubicaron permisos de ruido temporal otorgados a dichos establecimientos, razón por la cual se procedió a citar a los establecimientos para hacer un llamado de atención”, respondió Mizrachi en la nota.
De esta respuesta se desprende que tampoco se habían autorizado formalmente las presentaciones musicales, las cuales requieren permisos previos y pueden conllevar multas de entre $1,000 y $5,000 por evento, según la norma municipal.
Monto evadido
Cálculos efectuados por La Prensa estiman que el área ocupada por los comercios alcanzaba unos 260 metros cuadrados. A razón de $50 por metro cuadrado, los comercios dejaron de pagar aproximadamente $13,000 mensuales por ocupación. A esta cifra se suman $2,500 correspondientes a los permisos ($500 por cada uno de los cinco restaurantes identificados).
En total, el monto no percibido por el Municipio rondaría los $15,500 mensuales, lo que equivale a $186,000 al año.
Los residentes también solicitaron información sobre los montos adeudados y los años acumulados, pero esos datos no fueron entregados.
El alcalde explicó que, al estar los procesos administrativos en curso, no se divulgaría esa información.
