Por años, Panamá ha insistido en que avanza en la respuesta al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Y, en parte, las cifras lo respaldan. Sin embargo, detrás de los porcentajes alentadores persiste una realidad incómoda: miles de personas diagnosticadas siguen fuera del sistema de tratamiento, una situación que compromete su salud y pone en riesgo los logros alcanzados por el país.
Panamá logró superar la primera meta de la estrategia global 95-95-95, impulsada por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (Onusida), que establece que el 95% de las personas con VIH conozcan su diagnóstico, el 95% de ellas accedan al tratamiento y el 95% logre la supresión viral.
De acuerdo con el más reciente Informe Nacional de Monitoreo y Evaluación VIH 2024-2025, elaborado por el Ministerio de Salud (Minsa), el país alcanzó un 96% en el primer eslabón de esta cascada: las personas diagnosticadas saben que viven con el virus. Sin embargo, el avance pierde fuerza cuando se observa lo que ocurre después del diagnóstico.
Lea el informe aquí:
Se estima que 31,588 personas viven actualmente con VIH en Panamá. De ese total, 21,034 recibían terapia antirretroviral (TARV) hasta diciembre de 2024. En términos porcentuales, apenas el 69% de las personas diagnosticadas tiene acceso al tratamiento.
En la práctica, esto significa que más de 10,000 personas saben que viven con VIH, pero no están recibiendo la terapia que les permitiría controlar el virus, preservar su salud y reducir el riesgo de transmisión.
No se trata de una cifra abstracta. Cada número representa a una persona que, por distintas razones, quedó fuera del sistema de atención: barreras económicas, estigma, falta de información, dificultades de acceso o, simplemente, un sistema que no logra retener a quienes ya ha identificado, advierte el informe del Minsa.
Llegar tarde, llegar en peores condiciones
Uno de los hallazgos más preocupantes del documento es el ingreso tardío al tratamiento. Casi la mitad de las personas que inician la TARV lo hacen cuando su sistema inmunológico ya está gravemente debilitado.
En 2024, el 46% de quienes comenzaron tratamiento presentaba menos de 200 células CD4 por milímetro cúbico de sangre, un umbral crítico que incrementa significativamente el riesgo de infecciones graves. En 2021, esta proporción era del 32%, lo que evidencia un retroceso.
Las células CD4 son un tipo de glóbulo blanco esencial para la defensa del organismo. Cuando sus niveles son bajos, el cuerpo queda expuesto a enfermedades oportunistas que, en muchos casos, pueden resultar mortales.
El informe detalla que solo en 2024 se notificaron 1,208 casos de infecciones oportunistas asociadas al VIH. Entre ellas figuran 341 casos de tuberculosis, 159 de histoplasmosis, 127 de neumonías asociadas al VIH, 102 de candidiasis oral, 67 de criptococosis y 56 de toxoplasmosis cerebral.
Además del impacto humano, estas cifras reflejan una carga adicional para el sistema de salud. Tratar infecciones avanzadas implica hospitalizaciones prolongadas, mayor consumo de recursos y costos significativamente más altos que la atención temprana y sostenida.
El abandono: una herida abierta
Incluso entre quienes logran iniciar tratamiento, la permanencia no está garantizada. Durante 2024, 1,705 personas abandonaron la terapia antirretroviral. Las causas revelan las fisuras del sistema: mala adherencia (928 casos), razones no especificadas (625), falta de apoyo familiar (55), traslados a otras provincias (44), consumo de alcohol y drogas (27) y, de forma alarmante, personas que suspendieron el tratamiento porque “se sentían mejor” (14).
El abandono del tratamiento no solo pone en riesgo la vida de la persona que deja de medicarse. También incrementa la carga viral, favorece la transmisión del virus y puede generar resistencia a los medicamentos, un escenario que complica el manejo clínico y amenaza la efectividad de los tratamientos disponibles.
El informe también evidencia una marcada desigualdad en el acceso a la atención. De las 21,034 personas en TARV, solo 7,261 cuentan con seguro social, mientras que 13,773 dependen exclusivamente del sistema público del Minsa. Esta brecha recarga hospitales y centros de atención que ya operan al límite.
El Hospital Santo Tomás concentra la atención de 6,200 personas activas en TARV, seguido por la Ciudad de la Salud de la Caja de Seguro Social (CSS), con 3,428.
La pérdida del empleo y del seguro social —frecuente en contextos de desaceleración económica— obliga a muchas personas a migrar hacia el sistema del Minsa, lo que genera saturación y retrasos en la atención.
La centralización de los servicios es otro obstáculo persistente. Para muchas personas, recibir tratamiento implica recorrer largas distancias, ausentarse del trabajo o asumir costos de transporte que no siempre pueden cubrir. La descentralización de la atención vuelve a aparecer como una necesidad urgente.
Un plan para integrar esfuerzos
En el marco del pasado Día Mundial del Sida (1 de diciembre), el Minsa y la CSS anunciaron el Plan de Integración de los Servicios de Salud para el VIH, con el objetivo de garantizar la continuidad de la atención, unificar protocolos, optimizar recursos y reducir las inequidades que afectan a las poblaciones más vulnerables.
El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, reconoció que “persisten desafíos como interrupciones logísticas y de servicios, inequidades en el acceso y una respuesta fragmentada entre los subsistemas de salud, lo cual limita la eficiencia y sostenibilidad de la atención”.
Por su parte, el director de la CSS, Dino Mon, subrayó que la unificación de esfuerzos busca construir un sistema de salud integrado, moderno y sin barreras internas que perjudiquen al paciente. “Prevenir es proteger vidas. Fortaleceremos campañas educativas y acciones para eliminar la discriminación en todos los niveles de atención”, afirmó.
El jefe de la Sección de VIH/sida del Minsa, Carlos Chávez, indicó que el plan se concentrará en las regiones con mayor número de casos: la comarca Ngäbe-Buglé, la Región Metropolitana, Panamá Oeste, San Miguelito, Bocas del Toro y Chiriquí.
Diagnosticar más, pero mejor
Durante 2024 se realizaron 330,748 pruebas de VIH en el país, con una positividad general del 0.6%. La mayor concentración de nuevos casos se registra en hombres jóvenes de entre 20 y 44 años, una población en plena etapa productiva.
Aunque el volumen de pruebas es significativo, el desafío sigue siendo la focalización hacia las poblaciones más vulnerables y la reducción del estigma, un enemigo silencioso que aún frena la búsqueda temprana de atención.
No todo es retroceso. En 2024, 17,730 personas lograron la supresión viral, es decir, alcanzaron niveles indetectables del virus en la sangre. Esto equivale al 84% de quienes están en TARV. Es un avance relevante, aunque todavía insuficiente para cumplir la meta internacional.
La supresión viral no solo mejora la calidad y expectativa de vida de las personas con VIH; también reduce de forma drástica la posibilidad de transmisión, convirtiéndose en una de las herramientas de prevención más efectivas.
El informe deja un mensaje claro: Panamá ha demostrado que puede avanzar, pero no puede conformarse. La segunda meta del 95 —el acceso al tratamiento— sigue siendo la gran deuda. Más de 10,000 personas diagnosticadas sin terapia deberían encender todas las alarmas.
La respuesta al VIH no puede limitarse a estadísticas. Es un asunto de derechos humanos, dignidad y vidas. Cada persona que queda fuera del tratamiento es una señal de que el sistema aún tiene fallas que deben corregirse con urgencia.
