El maltrato familiar mantiene en estado de alerta a las agrupaciones de abogados e instituciones que defienden a las mujeres, como la Asociación Panameña de Derecho de Familia (Apadefa), FundaGénero y el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) en momentos en que para contener la pandemia de Covid-19 las autoridades sanitarias, apoyadas por el Gobierno central, dictaron una serie de medidas como la cuarentena absoluta.
La integrante de Apadefa, Mariela Ledezma, explicó que la aplicación de la cuarentena está generando una serie de problemas familiares, como es el pago de la pensión alimenticia debido a que hay padres que se quedaron sin trabajo y no tienen cómo seguir cumpliendo con esta obligación, otros en cambio lo están haciendo, pero los horarios establecidos impiden a los beneficiarios tener acceso a estas.
Mientras que también existen los que aprovecharon este espacio para incumplir con sus obligaciones y empresas que están haciendo el descuento, pero no lo están depositando a quienes les corresponde.
Ledezma indicó que todas estas situaciones provocan una “crisis fuerte en la parte económica” dentro de los hogares, sobre todo si la madre o el padre al custodio de los hijos está sin trabajo. “Una situación muy problemática sobre la cual no se tiene respuesta en estos momentos porque los juzgados están cerrados”.
En ese sentido, Ledezma llamó a los padres de familia que apoyen a sus hijos, asuman su responsabilidad y en los casos de no tener dinero colaborar con productos para garantizar la alimentación de los hijos durante todo el tiempo que permanecerán encerrados por la pandemia. "El que tiene arroz, aceite, azúcar (...) que los lleve", sentenció.
Agregó que después, cuando la situación se normalice, se verán de manera personalizada cada caso y corresponderá al juez determinar si existe un desacato, se puede hacer un arreglo de pago, entre otras medidas. Ledezma indicó que los abogados juegan un papel fundamental como orientadores de sus clientes en estos momentos de emergencia sanitaria.
Ledezma además llamó a los padres que tienen arreglos de visitas domiciliarias que no saquen a sus hijos de casa y al padre custodio se le pide dejar que le hagan llamadas telefónicas, vídeo llamadas o cualquier tipo de contactos con el progenitor no custodio a través de medios electrónicos, que le brinden a los hijos la seguridad de que cuentan con ambos padres.
Mientras, la presidenta de FundaGénero, Gilma De León, expresó que la violencia patrimonial es motivo de gran inquietud de parte de las organismos defensores de los derechos Humanos de las mujeres, porque ya existía una gran mora en el cumplimiento de las obligaciones alimenticias, muchos padres que no cumplían, desde antes de que se declarara el estado de emergencia nacional, lo que tipifica el delito de violencia patrimonial por incumplimiento de los deberes de familia.
De León explicó que los derechos humanos de las mujeres y de los menores de edad siguen vigentes.
Además expresó que el Gobierno desarrolla planes para dotar de alimentos a la población, pero los padres deben hacer conciencia de sus obligaciones y hacer un esfuerzo por apoyar a sus hijos, aun en estos difíciles momentos de crisis sanitaria por la pandemia. Entendemos que muchos se quedaron sin trabajo y a muchos se les suspendió el efecto de los contratos, pero les instamos a no dejar de cumplir con esta obligación, aunque sea para cubrir las necesidades básicas que requiera cada familia.
También indicó que no existen datos sobre la violencia contra las mujeres, en este momento de pandemia, porque no se están registrando estadísticas al respecto, dado que esto se realiza tomando como referencia las denuncias que se presentan y ahora están suspendidos los términos por la Corte Suprema de Justicia, debido a que todo está cerrado por efecto de las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias para contener la pandemia
No obstante, aclaró la abogada, estas situaciones los inquietan, ya que pone en situación de riesgo y peligro a las víctimas.
Afirmó que antes de la pandemia del Covid-19, ya la violencia doméstica, que estaba entre los primeros delitos denunciados en el Ministerio Público y que era también una pandemia. Por ello las, organizaciones de mujeres, estamos alarmadas y vigilantes, por los hechos de violencia y femicidio que pudieran producirse.
De León añadió que las Fiscalías de Familia y los Juzgados del Sistema Penal Acusatorio están cerrados y solo quedan abiertas algunas fiscalías de Atención Primaria, pero que algunas Fiscalías y Juzgados, están abiertos en el territorio nacional, para las denuncias nuevas de violencia doméstica, pero también para aquellos casos donde ya existen medidas de protección en favor de las víctimas y el agresor incumple
dichas medidas de restricción impuestas, con lo que incurre en otro delito.
De León sugierió que, dadas las medidas de confinamiento en los hogares, las mujeres que viven en situación de violencia doméstica, recurrir a la “tolerancia activa”. O sea, no caer conscientemente en las provocaciones del agresor y no “engancharse” en reaccionar a sus actos o violencia verbal, como una conducta de protección hacia ella y sus hijos. “Estar muy pendiente de todas sus manifestaciones que constituyan conductas de violencia, y valorar prudentemente el momento en que debe salir de su residencia. No hay que exponerse a que su agresor llegue al extremo de la violencia”. (Ver plan de escape).
Por otro lado, el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), adoptó medidas a fin de evitar que más mujeres sigan siendo víctimas de violencia doméstica. La directora encargada de Inamu, Adorinda Ortega de Portugal, explicó que actualmente cuentan con un equipo multidisciplinario de expertas que brinda atención psicológica, legal y de orientación las 24 horas al día los siete días a la semana.
El trabajo lo realizan a través de la línea 182 y el teléfono 323-3281, pero existen otros números en los que se puede buscar atención con las cuales se conectada a las posibles víctimas con las autoridades correspondientes para que puedan acudir a la jurisdicción del Ministerio Público correspondiente evitando una situación riesgo, indicó Ortega.
Estas denuncias se atienden en la Sub Regional de Juan Díaz y Pedregal y en el distrito de San Miguelito, al igual que en las provincias de Colón, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas, Herrera, Los Santos, Chiriquí y Bocas del Toro. Las oficinas de atención primaria se encuentran brindando el servicio de toma de denuncias. ( ver mapa de números para llamar)
