Panamá volverá a participar en las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2029, una decisión que marca un cambio en la posición del Ministerio de Educación (Meduca) sobre la utilidad de esta evaluación internacional.
“Yo sí creo en las pruebas”, afirmó el ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, al respaldar el regreso de Panamá a PISA y plantear que los años previos deben aprovecharse para preparar a docentes y estudiantes.
La postura contrasta con la que sostuvo la administración de Lucy Molinar, que cuestionó el costo y la utilidad de participar en una evaluación internacional y defendió concentrar recursos en la capacitación docente y las evaluaciones nacionales.
Sin embargo, el debate no se limita a estar a favor o en contra de PISA. Para la presidenta de Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá (Fudespa) Nivia Rossana Castrellón, el principal problema está en la interrupción de las mediciones, porque impide construir una serie de datos que permita evaluar la evolución del sistema educativo y el impacto de las políticas públicas.
Del retiro de 2025 al regreso en 2029
Panamá se retiró de la edición de PISA correspondiente a 2025, pese a que el país ya había avanzado en los preparativos.
Durante la gestión de Molinar, el Meduca cuestionó el costo de la participación y planteó la necesidad de que una prueba internacional se traduzca en decisiones concretas para el sistema educativo.
La entonces ministra también defendió las evaluaciones nacionales como herramientas para conocer el desempeño de los estudiantes y orientar las políticas educativas. Posteriormente, sostuvo que Panamá volvería a participar en PISA “para complacer”.
Con Vega al frente del Meduca, el Gobierno reiteró el regreso para 2029 y plantea utilizar el periodo previo para preparar al sistema educativo.
El enfoque es distinto: en lugar de cuestionar la utilidad de la evaluación, el ministro apuesta por incorporar desde ahora algunas de las competencias que serán medidas, entre ellas el pensamiento crítico, la capacidad para verificar información y el uso responsable de herramientas digitales.
El costo de interrumpir la medición
Castrellón advierte que las interrupciones tienen consecuencias que van más allá de perder un resultado.
A su juicio, la política de medición del desempeño educativo en Panamá ha sido históricamente “fragmentada y contradictoria”, con pausas que afectan la continuidad de la investigación y el uso de los datos para diseñar políticas educativas.
Una de las principales consecuencias es el quiebre de las series temporales. Sin mediciones continuas, explicó, resulta más difícil determinar si los cambios en el rendimiento de los estudiantes representan una mejora o un deterioro real, o si responden a variaciones de la muestra.
También se pierde información de contexto. PISA recopila datos sobre factores socioeconómicos, condiciones de los centros educativos y bienestar de los estudiantes, variables que permiten analizar qué elementos del entorno están asociados con las brechas de aprendizaje.
La interrupción, además, dificulta evaluar las reformas educativas. Para determinar si una política produjo resultados, se necesitan mediciones comparables antes y después de su implementación.
Por eso, Castrellón considera que el punto no es solamente participar en PISA, sino hacerlo de manera continua e ininterrumpida.
Incluso plantea establecer por ley la obligación de participar, de modo que la decisión no dependa de la voluntad del ministro de turno.
“No se trata de participar, sino de hacerlo de manera continua e ininterrumpida”, sostuvo.
Una PISA con inteligencia artificial
El regreso de Panamá coincidirá, además, con una edición que incorpora nuevos desafíos.
PISA continuará evaluando a estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias. En 2029, la lectura será el dominio principal, mientras que la alfabetización mediática y en inteligencia artificial (IA) será el dominio innovador.
La evaluación buscará conocer si los estudiantes pueden valorar la credibilidad y calidad de los contenidos, comparar fuentes, reconocer el propósito de una información e interactuar de manera crítica y responsable con herramientas de IA.
La OCDE prevé utilizar entornos simulados de internet, redes sociales y herramientas de inteligencia artificial para evaluar estas capacidades.
Para Panamá, el desafío no será únicamente mejorar el desempeño en las áreas tradicionales de PISA. También será preparar a los estudiantes para desenvolverse en un entorno en el que distinguir información confiable de contenido engañoso es cada vez más importante.
Prepararse antes de 2029
Vega plantea que esa preparación debe comenzar mucho antes de que los estudiantes se sienten a responder la prueba.
El trabajo deberá vincularse con las reformas que impulsa el Meduca, entre ellas la actualización curricular, la capacitación continua de los docentes y una mayor incorporación de tecnología en las aulas.
La intención es que las competencias que mide PISA no se conviertan en un entrenamiento exclusivo para la prueba, sino que formen parte del aprendizaje cotidiano.
El periodo hasta 2029 permitirá al sistema educativo llegar a la evaluación con una estrategia definida y tiempo para corregir sus propias debilidades. En ese sentido, PISA puede funcionar como una medición externa de los avances que alcance Panamá durante los próximos años.
La tarea pendiente
El regreso a PISA también deja una tarea pendiente para el Meduca: sostener una política de medición que permita comparar los resultados a lo largo del tiempo.
Castrellón señaló que Panamá no cuenta con los resultados de la evaluación de 2025 debido al retiro del país, lo que genera el vacío de información provocado por la interrupción.
También pidió que se hagan públicos los resultados de las pruebas diagnósticas nacionales que, según Molinar, se estaban aplicando en las materias básicas.
Estas mediciones nacionales y PISA cumplen funciones distintas. Mientras la prueba internacional permite comparar el desempeño de los estudiantes panameños con el de otros sistemas educativos, las evaluaciones locales pueden aportar información más específica sobre las dificultades de los alumnos dentro del país.
El regreso a PISA en 2029, por tanto, no debería reducirse a conocer la posición de Panamá frente a otros países. La utilidad de la participación dependerá de que sus resultados puedan incorporarse a una política educativa sostenida y servir para identificar qué funciona, qué no y dónde deben concentrarse los esfuerzos.
Panamá tendrá tres años para prepararse. La apuesta será que, esta vez, la medición no termine con la publicación de los resultados, sino que se convierta en una herramienta para orientar las decisiones del sistema educativo.
