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La diputada independiente por el circuito 8-7, Ana Matilde Gómez, lamentó este martes, 1 de julio, que el acuerdo de gobernabilidad entre los partidos Panameñistas y Revolucionario Democrático no contemple a los diputados independientes ni a las mujeres.
“Es un desconocimiento por parte de los partidos políticos que en las elecciones del pasado 4 de mayo el pueblo habló claro al poner una diputado independiente aquí con tantos votos”, dijo Gómez.
En el video que acompaña esta nota vea las declaraciones completas de Gómez sobre el pacto entre los partidos políticos, el cual se logró ayer.
Tres años y nueve meses después, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Wilfredo Sáenz cambió de parecer.
Sáenz fue el ponente del fallo que el 11 de agosto de 2010 condenó a seis meses de cárcel (reemplazados por $4 mil de multa) y cuatro años de inhabilitación para ocupar cargos públicos a la exprocuradora y hoy diputada electa Ana Matilde Gómez.
Pero ayer en una audiencia votó a favor de que la CSJ le rebajara a Gómez la pena accesoria de cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, que él mismo le había impuesto.
Concluida la audiencia, el propio Sáenz leyó el veredicto mediante el cual se rebaja la impuesta pena accesoria a seis meses.
De este modo, el pleno de la CSJ accedió a lo solicitado por Gómez, quien podrá ocupar su curul en la Asamblea Nacional desde el próximo 1 de julio. Los cuatro años de inhabilitación se cumplían el 16 de septiembre.
Gómez, quien fue la diputada más votada en el circuito 8-7 (sacó 19 mil 268 votos), había solicitado la audiencia para que le fuera modificada la pena.
La decisión que la benefició fue unánime. Además de Sáenz, votaron a favor los magistrados José Ayú Prado (presidió la audiencia), Víctor Benavides, Luis Fábrega, Oydén Ortega, Secundino Mendieta (suplente de Hernán De León), Harley Mitchell, Jerónimo Mejía y Alejandro Moncada Luna.
De acuerdo con el dictamen, los magistrados se basaron en la buena conducta, el cumplimiento de la pena principal y el hecho de que la diputada electa ejerce como profesora en la Academia Interamericana.
“Se endereza la justicia. Aunque sea parcialmente; la democracia se fortalece”, dijo Gómez al término de la audiencia. Gómez estuvo acompañada de sus padres, esposo, hijos, amigos y simpatizantes. La audiencia se inició a las 10:15 a.m. y concluyó a las 3:15 p.m.
Cuando el salón de audiencias del Segundo Tribunal Superior en Ancón estaba por llenarse, ella apareció antes de la hora prevista.
Eran las 9:43 a.m. Ana Matilde Gómez, la diputada electa más votada por el circuito 8-7, llegó acompañada de su esposo Francisco Sousa-Lennox y su hijo Luis Navarro. Minutos antes habían ingresado sus padres, César Gómez y Ana Ruiloba.
La diputada electa acudió ayer a la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de que ella misma solicitara la rebaja de la pena accesoria que le impedía ejercer cargos públicos hasta el próximo 16 de septiembre.
Gómez fue condenada, el 11 de agosto de 2010 por un fallo que tuvo como ponente al magistrado Wilfredo Sáenz [entonces suplente de Abel Almengor], a seis meses de prisión [reemplazado por $4 mil de multa] y la inhabilitación por cuatro años para ejercer cargos públicos.
Esto luego de que Gómez ordenara intervenciones telefónicas en un operativo contra el exfiscal Arquímedes Sáez, condenado a tres años por el cobro de una coima.
Sáez fue el que la denunció. El abogado Carlos Zavala, detractor de Gómez, pagó los $4 mil para desvirtuar una campaña liderada por el catedrático Miguel Antonio Bernal, que centavo a centavo pretendía recoger el monto para cancelar la multa.
La exprocuradora presentó el recurso para que le rebajaran la pena el pasado 22 de mayo. Ocho días después, la Corte Suprema, con una inusual celeridad convocó la audiencia.
El acto estaba previsto para las 10:00 a.m., pero se retrasó. Antes de comenzar, José Ayú Prado, presidente de esa corporación, conversó por unos minutos con la exprocuradora y sus abogados. También habló con Nelson Rojas, procurador de la Administración suplente, y luego con los abogados del querellante, Arquimedes Sáez. Minutos después, salió del recinto.
El salón se iba llenando de público, la mayoría eran caras conocidas: Alida Spadafora, suplente de Gómez; Olga Gólcher, exministra de Gobierno; Santander Tristán, abogado; Aurelio Barría, exdirigente de la Cruzada Civilista; Zulay Rodríguez, diputada electa del Partido Revolucionario Democrático; Luis Mario Carrasco, magistrado del Segundo Tribunal, entre otros.
A las 10:12 a.m. entraron ocho de los nueve magistrados que componen el pleno: Ayú Prado, Wilfredo Sáenz, Harley Mitchell, Oydén Ortega, Luis Ramón Fábrega, Secundino Mendieta [suplente de Hernán De León], Víctor Benavides y Jerónimo Mejía. Todos ocuparon sus puestos.
El público murmuraba, porque al contar hacía falta un magistrado para completar los nueve que componen el pleno. Después ingresó Alejandro Moncada Luna. Ayú Prado, que presidió el acto, comenzó la audiencia. Eran las 10:15 a.m.
DESPROPORCIONADA
El presidente de la CSJ inició explicando las razones por las que atendían la petición de Gómez, basado en el Código Procesal Penal. Pese a manifestar que la petición debía resolverse entre la Procuraduría de la Administración y la defensa de Gómez, Ayú permitió la participación de Sáez como querellante, junto a sus abogados Paulo Vega y Ángel Álvarez, para cumplir con principios del sistema penal acusatorio.
Los alegatos empezaron con Eduardo Guevara, abogado de Gómez, quien aportó dos pruebas: una copia del récord policivo de Gómez y una certificación de la Academia Interamericana donde dicta clases.
“La pena accesoria es desproporcionada y severa, es ocho veces superior a la pena principal”, argumentó. Explicó que de acuerdo al Código Penal de 2007, la inhabilitación para ejercer cargos públicos no debía ser superior a la pena principal que fue de seis meses de prisión.
Según Guevara, la modificación de la inhabilitación fue ganada a través de la buena conducta y el arrepentimiento.
Gómez hizo uso de la palabra. “A todo hombre le llega un día en su vida en que las expectativas sobre su correcto proceder son tan altas que se ve obligado a empinarse por encima de sus propias pasiones”, dijo.
“No estoy pidiendo clemencia, pido independencia, imparcialidad y apego a la ley”, agregó.
Envió un mensaje a los nueve magistrados. “Ustedes pueden equivocarse porque son humanos, pero no pueden convertir su voluntad en sentencia”, indicó.
NO HUBO OPOSICIÓN
Rojas, al hacer uso de la palabra, dijo a los magistrados que no se oponía a la solicitud de Gómez. “Su buena conducta nos lleva a suponer la presunción legal del arrepentimiento”, expresó.
Aportó una nota entregada por el abogado Honorio Quesada a la Procuraduría de la Administración, en la cual hacía consideraciones sobre la audiencia de ayer.
Álvarez tuvo una opinión distinta, pese a no oponerse a la petición de Gómez. A su juicio, la pena accesoria no afecta el derecho a elegir y ser elegida de la exprocuradora.
Agregó que Gómez debió pagar una multa de $3 mil 700 y su pena accesoria se cumplió el 16 de enero. Ello es así, según Álvarez, porque se debían contabilizar los siete meses en que Gómez estuvo bajo medida cautelar al ser separada del cargo de procuradora, previo a la condena. Por esa razón, pidió que se decretara sustracción de materia en lo solicitado por Gómez.
Sáez, también habló. “No he venido a oponerme, sino a que se respeten la Constitución y las leyes... a mí me han victimizado en los medios de comunicación por siete años”, aseguró. Manifestó que “no se cumplen los objetivos del arrepentimiento [de Gómez]”. A las 11:15 a.m., Ayú Prado decretó un receso para que los nueve magistrados deliberaran.
No busca la presidencia
Durante el receso, Gómez se mantuvo dentro de la sala de audiencia. La saludaron abogados, amigos y simpatizantes. Este medio le consultó sobre la posibilidad de ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional. “Ahora no estoy buscando ser presidenta, porque hay mucho rejuego político”, dijo.
Sin embargo, dejó la puerta abierta. “Pero, si eso [ser presidenta] ayuda a consensos para que haya gobernabilidad, con honor lo aceptaría”, dijo.
A las 3:10 p.m. se reanudó la audiencia. Ayú Prado le dio la palabra a Sáenz para que leyera el veredicto.
El pleno de la CSJ, en decisión unánime, concedió la petición a Gómez basados en que pagó la pena principal, su buena conducta y que presta un servicio docente.
Se le rebajó de cuatro años a seis meses la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Así, la pena accesoria de Gómez quedó cumplida el 16 de marzo de 2011, seis meses después de que se cancelara la multa. Se rechazó la petición de Álvarez y el documento aportado por Rojas, que había sido entregado por Quesada.
La decisión se hizo oficial ayer mismo, cuando todos los presentes se dieron por notificados.
El acto finalizó a las 3:15 p.m., la diputada electa se abrazó con sus familiares. Lloró y rió. Amigos y conocidos la felicitaban.
“No es un triunfo personal, es uno en la que el sistema busca rehabilitarse también. Esto no es todo lo que yo necesitaba, he sido víctima de un proceso que no me merecía. Sin embargo, tengo esperanza que este comportamiento de la Corte es un acto de reflexión para aquellos que hace tres años y nueve meses se excedieron”.
Reiteró que pese al fallo su demanda al Estado panameño a nivel internacional sigue su curso. “La Corte está mandando un mensaje de independencia, al menos al poder político”, dijo.
A las 11:15 a.m., el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, decretó un receso para iniciar la deliberación de casi cuatro horas.
Entonces vinieron las especulaciones sobre los escenarios que enfrentaría Ana Matilde Gómez, dependiendo del veredicto. Los espectadores de la audiencia cuchicheaban, secreteaban, gestículaban y advertían de los peligros legales de una sentencia que perjudicara a la diputada recién electa. Sin embargo, las teorías eran menos conspirativas que las de la mañana, cuando todavía no comenzaba la audiencia.
Desde las 8:00 a.m., los simpatizantes de la exprocuradora se aglomeraron bajo las sombras de los árboles alrededor del Palacio de Justicia Gil Ponce. Recordaron las decisiones polémicas en el seno de la CSJ y alertaban de las consecuencias de un “fallo injusto”.
Sobre las 9:30 a.m. llegó una camioneta negra, con Gómez en el puesto de copiloto. Pidió permiso a los periodistas para que el vehículo se pudiera estacionar y subió el vidrio. Luego, bajó con el rostro fresco a contestar las preguntas de los comunicadores, mientras en el fondo un hombre con guantes blancos y saco gris gritaba: “Matilde, el pueblo está contigo”.
Tras asegurar que tenía esperanza en un proceso justo y que la demanda contra Panamá a nivel internacional seguiría su curso, Gómez repartió saludos y se internó en el auditorio donde la esperaban los que pudieron conseguir un pase especial, entre ellos figuras de la sociedad civil y sus padres.
Mientras se prolongó el receso, las conjeturas bajaron su tono, quizás por cansancio, hambre o falta de ideas.
En los extremos de la sala de espera dos televisores transmitieron, de manera ininterrumpida, toda la audiencia, con receso incluido. Entre las sillas vacías de los magistrados a veces aparecía un funcionario o la propia Gómez, que caminaba sin motivo aparente. Todo servía para quebrar el sopor. Por fin, a eso de las 3:00 p.m. regresaron los magistrados, con un semblante de tranquilidad. Dieron su veredicto unos minutos después, y entonces comenzó la bulla, los aplausos y las celebraciones.
Uno de los primeros abrazos que recibió Gómez fue el de la también diputada electa Zulay Rodríguez, una de las integrantes del denominado grupo Perseguidos por Ana Matilde Gómez (Pamago) y quien reveló una supuesta conspiración para destituir a la entonces jefa del Ministerio Público. Ayer se sonrieron durante el abrazo. Así es la política.
LUIS BURÓN-BARAHONA
Luego de cuatro horas de deliberación, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinaron que la exprocuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, podrá ser juramentada como diputada, el próximo 1 de julio.
Así concluyó la audiencia que se celebró hoy, en el Palacio Gil Ponce, para atender una solicitud de modificación de la sanción impuesta en el año 2010 a Gómez, la cual le impedía asumir cargos públicos.
Los magistrados –de forma unánime– atendieron el reclamo de Gómez, y rebajaron el periodo de inhabilitación para ejercer cargos públicos de cuatro años a seis meses.
En la audiencia participaron los magistrados Víctor Benavides, Jerónimo Mejía, Oydén Ortega, José Ayú Prado, Harley Mitchell, Luis Ramón Fábrega y Alejandro Moncada, así como Wilfredo Sáenz y Secundino Mendieta, suplentes de Harry Díaz y Hernán De León.
Saénz condujo la audiencia, ya que actuó como ponente del fallo que en agosto de 2010 destituyó y condenó a la entonces procuradora por abuso de autoridad.
“Se endereza la justicia. Aunque sea parcialmente, la democracia se fortalece”, dijo Gómez, tras la lectura del fallo. Consideró que el triunfo de hoy no es personal.
“Es una manera en que el sistema busca rehabilitarse también”. “Tengo esperanza que este comportamiento de la Corte, de manera unánime, es en sí mismo un profundo acto de reflexión para que ellos que hacen tres años y nueve meses se excedieron”, señaló.
“Yo estoy aquí hoy pidiendo independencia, imparcialidad y estricto apego al cumplimento de la ley, porque no habrá revés que logre agotar mi firme voluntad de seguir luchando y reclamando por una recta justicia”, agregó.
DEFENSA
La audiencia empezó a las 10:00 a.m., a puerta cerrada, en la sala principal del Palacio Gil Ponce en Ancón. El exfiscal Eduardo Guevara, actuando como abogado defensor, resaltó la buena conducta de su clienta y mencionó que fue una de las candidatas a la Asamblea con mayor número de votos, en las elecciones del pasado 4 de mayo.
“Más de 20 mil votos respaldan la candidatura”, enfatizó. “No podemos permitir que un tema judicial sea manejado de forma política”, pronunció la defensa.
Guevara argumentó que la condena “accesoria” –que son los cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos– era superior que a la condena principal: seis meses de cárcel o su equivalente al pago de 40 días multas (4 mil dólares en total).
Esta desigualdad es contraria a lo que dicta el Código Procesal Penal. La Corte todavía tiene que resolver otro caso relacionado con Gómez.
El abogado Alejandro Pérez, un férreo defensor de la administración de Ricardo Martinelli, presentó la semana pasada una demanda de inconstitucionalidad contra la decisión del Tribunal Electoral (TE) de admitir la candidatura de Gómez.
Pérez alega que el magistrado presidente del TE, Erasmo Pinilla, incurrió en conducta omisiva porque sabía que Gómez –según él– no podía ejercer cargos públicos.
