Hace poco más de un año, el presidente José Raúl Mulino comunicó al país que había dado instrucciones para poner fin a la lotería electrónica en Panamá, conocida como Lotto y Pega 3.
La orden implicaba iniciar un proceso para retirar el contrato al concesionario, la sociedad Scientific Games LLC.
Sin embargo, desde aquel anuncio del presidente, se han celebrado 112 sorteos y todavía contando, ya que el próximo sábado habrá otro.
¿Qué ha hecho Scientific Games LLC para continuar operando? Si desde el 25 de julio de 2024 el presidente instruyó a la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) a poner fin a ese contrato, ¿por qué se siguen celebrando sorteos electrónicos?
Este jueves 21 de agosto, el propio Mulino lo explicó: la empresa se ha salvado (al menos de momento...) porque presentó una demanda contencioso-administrativa de nulidad contra las acciones emprendidas por la directora de la LNB, Saquina Jaramillo, para dar cumplimiento a las instrucciones del presidente.
“Eso está impugnado en la Corte. Cierto, yo lo traté de cerrar, lo impugnaron y eso está en la Sala Tercera. No puedo hacer más que esperar el fallo de la Corte”, dijo Mulino este 21 de agosto en su conferencia de prensa semanal, que en esta ocasión se llevó a cabo en Metetí, Darién.
El presidente José Raúl Mulino indicó que la situación de La Lotto está actualmente impugnada en la Corte Suprema. Pidió celeridad en el fallo para proteger los intereses de la Lotería Nacional de Beneficencia y de todos los panameños.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/0VX2zRUQnZ
— La Prensa Panamá (@prensacom) August 21, 2025
“Les digo que hace un daño tremendo a la Lotería Nacional de Beneficencia, que es de todos los panameños. La Lotto es un negocio privado. Pero está en la Corte Suprema, así que lo único que le pido a esos magistrados es que apuren ese fallo, que no debe salir contrario al interés nacional”, agregó.
Anteriormente, Mulino había calculado que la lotería electrónica generaba una venta bruta semanal de $900 mil, dinero que no se queda en las arcas de la LNB.
“Esto es negocio para alguien, pero no para el Estado”, dijo en julio de 2024.
Mientras, el Estado ha tenido que seguir atendiendo sus obligaciones contractuales. Por ejemplo, le corresponde pagar los gastos de publicidad y mercadeo, que ascienden a casi $12,000 semanales, así como los costos por el diseño e impresión de los boletos.
El contrato fue adjudicado originalmente por 10 años al consorcio Panama Lottery Technology Services, integrado por Scientific Games International Inc. y Panama Scientific Gaming, S.A., el 13 de marzo de 2013, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009–2014), administración en la que Mulino sirvió como ministro de Seguridad Pública.
En principio, el contrato era para la comercialización exclusiva de la lotería instantánea (raspe y gane). Muy pronto se hicieron modificaciones para ampliar su alcance. El 24 de septiembre de 2013 se firmó la primera adenda, para permitir la lotería electrónica o en línea. En otra adenda se decidió que la LNB asumiría los gastos de publicidad y mercadeo. En total, hubo cinco adendas.
En la quinta, formalizada el 24 de febrero de 2023, se extendió la vigencia del contrato por 10 años más y se permite la venta de la Lotto a través de los billeteros. A cambio, la LNB le entregará a la empresa el 15% de las ventas brutas.
En el ínterin, hubo cambios entre los socios. El consorcio se desintegró y fue reemplazado por Scientific Games LLC, una sociedad constituida en Delaware, Estados Unidos.
La prórroga trajo consigo dos demandas para que el contrato fuera declarado ilegal. Una fue presentada por la firma Alemán, Cordero, Galindo & Lee y otra por el abogado Pedro Meilán. El entonces procurador de la Administración, Rigoberto González, envió su opinión a la Corte y advirtió que el contrato debía declararse ilegal, ya que la LNB tendría que haber convocado a un nuevo acto público.
Esas demandas también se encuentran pendientes de decisión en la Corte Suprema de Justicia.
