Amador fue desarrollado originalmente por los estadounidenses para acoger instalaciones de defensa militar: baterías antiaéreas, túneles, radares, bunkers… Hoy, el conflicto que se libra ahí no es armado, sino otro muy distinto.
Rellenos marinos ilegales; atracaderos sin autorización; inversionistas enfrentados en los tribunales; comercios ocupando espacios ajenos sin concesión; otros, que sí tienen contrato con el Estado, pero no pagan o no construyen lo que corresponde… Y la lista sigue.
¿Dónde quedó aquel Amador que fue declarado “zona de desarrollo turístico de interés nacional” en 1997 y que la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) presentaba con orgullo a grupos inversionistas que anunciaban ambiciosos desarrollos en este sector?
Porque Amador alguna vez fue parte de un plan maestro que lo ubicaba como uno de los seis principales atractivos turísticos del país. Ese modelo no solo quedó plasmado en documentos de planificación, sino también en un decreto ejecutivo que declaró el área como zona de desarrollo turístico de interés nacional. Aquel plan fue concebido por el prestigioso estudio Edward D. Stone Associates, cuyo fundador estuvo a cargo de proyectos como el Museo de Arte Moderno (Moma) de Nueva York, el John F. Kennedy Center en Washington, el Parlamento en Pakistán, la embajada de Estados Unidos en Nueva Delhi y el hotel El Panamá.
Con semejantes antecedentes y teniendo por escrito el compromiso adquirido por las autoridades, ¿qué podía salir mal?
El plan inicial
La magnitud de aquel plan involucraba inversiones globales por $330 millones, además de $62 millones en infraestructura, todo lo cual debía ejecutarse en un periodo máximo de 12 años. Se calculó que las obras generarían 4,000 empleos temporales y 3,000 permanentes solo en la península de Amador, donde se encuentra la calzada que une a las islas Naos, Culebra, Perico y Flamenco.
Con estas promesas llegaron los primeros concesionarios.
Casi tres décadas después, el paisaje es otro muy distinto al que proponía Edward D. Stone y que la ARI promovía en sus primeros años.
Ahora lo que hay son obras inconclusas, concesiones fallidas, rellenos no autorizados, litigios, incumplimientos contractuales y deudas al Estado. Un patrón sostenido de omisión estatal frente a concesiones cuestionadas que han sobrevivido varias administraciones presidenciales.
¿Por qué se mantiene la vigencia de contratos cuyo incumplimiento está documentado, pese a contar con disposiciones legales que permitirían revisarlos o revertirlos? ¿Qué acciones concretas se han tomado para corregir la situación? Hasta ahora, las respuestas oficiales son escasas.
Explicaciones a medias
El secretario ejecutivo de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR), Jorge Díaz, no solo evitó responder interrogantes de fondo, sino que reaccionó con incomodidad ante los cuestionamientos. Alegó que, aunque la Ley 6 de 2002 “contempla la concesión de información” manejada por las entidades, “esto no representa la oportunidad para cuestionar a un servidor respecto a sus actuaciones”.
Ese silencio también se reflejó en la respuesta de otro funcionario llamado a aclarar dudas: Luis Roquebert, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), quien prefirió no responder sobre las acciones adoptadas para hacer cumplir los contratos o, en su lugar, rescindirlos.
En mayo de 2025, Roquebert se limitó a enumerar ocho concesiones vigentes para uso de fondo de mar en Amador y otras 91 solicitudes en trámite, un volumen que evidencia la creciente presión sobre una zona donde persisten dudas sobre fiscalización y control.
Sin embargo, el funcionario se acogió a la normativa de protección de datos personales para no revelar detalles sobre esas solicitudes, incluyendo quiénes las promueven, cuántos metros cuadrados solicitan y en qué ubicaciones específicas pretenden desarrollarse.
Los primeros ocupantes
Las concesiones se remontan a 1998.
La primera en desembarcar fue Fuerte Amador Resort and Marina (FARM), entonces capitaneada por el arquitecto Andrés López Piñeiro. Lo hizo en Flamenco, la última de las islas unidas por la calzada. Ahí se levantaría un hotel —que incluso se anunció bajo la marca Marriott—, un casino, restaurantes, zona libre de impuestos y una marina para yates.
La ARI pronto entendió que cada isla debía tener proyectos de esa magnitud. En 2002 se firmaron contratos con Las Brisas de Amador y Naos Harbour Island para replicar desarrollos similares en Perico y Naos.
Ni uno solo de esos proyectos ha sido completado.
Según la UABR, actualmente existen siete contratos de arrendamiento, uso y administración en Perico, Flamenco y Culebra destinados a hoteles, restaurantes, marinas, locales comerciales, duty free e investigaciones científicas. Entre los titulares figuran FARM, Las Brisas de Amador, Naos Harbour Island, Agroganadera Santa Fe, Amador Marina, Island Strategic Ventures y el Smithsonian Tropical Research Institute (STRI).
Las islas de Amador —Naos, Perico y Flamenco— concentran casi tres décadas de concesiones marcadas por incumplimientos, litigios, proyectos inconclusos y cuestionamientos sobre la fiscalización estatal.
— La Prensa Panamá (@prensacom) May 18, 2026
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En lo que respecta a la AMP —a la que corresponde otorgar las concesiones de fondo de mar—, no respondió la solicitud de información presentada al amparo de la Ley de Transparencia.
Aun así, en un listado remitido por la AMP en mayo de 2025 aparecen ocho “concesiones vigentes”, incorporando otros actores como Eco Air Energy Solutions, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y Suplidores y Servicios de Panamá.
La Prensa quiso saber quién está al día en sus pagos y quién mantiene deudas con el Estado. Sin embargo, tanto la UABR como la AMP se negaron a responder.
La cifra podría ser considerable. Hace 18 años, este medio conoció que la deuda acumulada ascendía a $18 millones. Un año después, la morosidad ya superaba los $30 millones, concentrada precisamente en Perico, Naos y Flamenco.
Pero las deudas eran apenas una parte del problema.
Mala mar
Con el tiempo, litigios y decisiones judiciales comenzaron a revelar fisuras más profundas en el modelo concesional.
Una de las más graves quedó al descubierto cuando FARM intentó comercializar parcelas como si fueran propiedad privada. La práctica fue frenada en mayo de 2015 por la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucionales seis frases del contrato de concesión de 1998 que abrían paso a la enajenación de tierras estatales.
No era un conflicto menor: se trataba de un intento de convertir bienes públicos concesionados en activos privados, permitiendo la venta de tierras y edificaciones.
Pese a que el fallo sigue vigente, algunos se conducen como si no existiera. Cerca de Punta Culebra han surgido alertas sobre posibles presiones inmobiliarias.
A ello se suman cánones considerados irrisorios para terrenos ubicados en una de las zonas con mayor valor estratégico y turístico del país, extensas áreas entregadas —incluyendo fondo de mar y tierra firme— bajo promesas de inversión que nunca despegaron, y proyectos que, más que desarrollos, han operado como concesiones perpetuadas.
La gran mayoría de estas concesiones se pactaron con una vigencia de 40 años.
La espiral de omisiones gubernamentales
Hace casi 17 años, en julio de 2009, quedó en evidencia la falta de control estatal cuando el entonces presidente Ricardo Martinelli, acompañado por funcionarios —entre ellos el hoy mandatario José Raúl Mulino, entonces ministro de Seguridad— intervino el relleno de fondo de mar ejecutado por Grupo F, de Jean Figali.
La AMP, durante el gobierno de Martín Torrijos, había ordenado retirar el relleno, pero la empresa no acató la medida. Tampoco pagaba al Estado: acumulaba una deuda superior a $29 millones en cánones y otras rentas.
La intervención prometía ordenar las finanzas y poner límites a los incumplimientos. Eso nunca ocurrió.
En Perico, en octubre de 2025, se ordenó el desalojo de empresas que operaban sin permisos de compatibilidad exigidos por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), pese a ubicarse en la entrada de la vía interoceánica. Algunas ni siquiera contaban con contratos de concesión en firme, sino apenas permisos provisionales expedidos por la AMP.
¿Cuántos concesionarios han prorrogado contratos pese a incumplir lo originalmente pactado? ¿Cuántas solicitudes de extensión han sido rechazadas? ¿Cada cuánto se inspeccionan estos bienes? ¿Se han impuesto sanciones? ¿Existen procesos administrativos en curso? ¿A cuánto asciende hoy la deuda por cánones?
De todas esas interrogantes, las autoridades solo ofrecieron una respuesta parcial sobre la deuda acumulada por cánones. El resto de las preguntas fueron ignoradas.
Próxima entrega: Isla Flamenco: una concesión vencida, un proyecto incumplido y tierras en disputa.
