Las concesiones “transitorias” para operar los puertos de Balboa y Cristóbal, otorgadas a APMT Panamá, S.A. (filial de la naviera Maersk) y TIL Panamá, S.A. (brazo portuario de MSC), respectivamente, podrían extenderse.
Aunque los contratos firmados y refrendados el 23 de febrero de 2026 tienen una vigencia de 18 meses, en ambos se especifica que las partes podrán acordar una prórroga “en función del interés público”.
No se precisa la duración de dicha prórroga ni cuáles serían las causales para invocarla; lo único que se especifica es que esta deberá acordarse “con no menos de dos meses de antelación a la fecha de vencimiento del término de duración”. Si ambos contratos expiran el 23 de julio de 2027, eso significa que la prórroga debe pactarse antes del 23 de mayo de ese año.
Una eventual prórroga se formalizaría a través de una adenda, la cual deberá ser refrendada por la Contraloría.
Los contratos actuales tampoco indican la cantidad de prórrogas que se podrán solicitar ni la vigencia de cada una.
El asunto ya fue abordado por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) la semana pasada, cuando acudió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN) para solicitar la aprobación de un traslado de partida para pagar los honorarios de los abogados que asesoran a la entidad en materia de concesiones portuarias.
Ese servicio incluye la revisión de modelos contractuales, la elaboración de pliegos de cargos, el desarrollo de nuevos procesos concesionales y el apoyo en el procedimiento de otorgamiento, “prórroga” y emisión de actos administrativos relacionados con las concesiones. También la asesoría en asuntos litigiosos, “incluyendo arbitrajes, que ya sabemos que tenemos el anuncio de uno”, explicó el subadministrador de la AMP, Alexander De Gracia, durante la sustentación en la Comisión de Presupuesto, el pasado 18 de marzo.
De Gracia se refería así al arbitraje propuesto ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) por Panama Ports Company (PPC), antigua concesionaria de Balboa y Cristóbal.
El administrador Luis Roquebert no acudió a la cita con la comisión.
La firma escogida es Icaza, González Ruiz y Alemán (IGRA), que tenía un contrato con la AMP por $1,852,500, que inició en julio de 2025. El traslado solicitado era una partida por $1,270,000, que será utilizada para pagar parte de esos honorarios.
Destinado al pago de servicios financieros, comerciales, asesoría legal y concesiones portuarias, así como a la ejecución de proyectos internos y externos, garantizando los intereses del Estado. El monto fue aprobado por la comisión.
— Asamblea Nacional (@asambleapa) March 18, 2026
Volney Guinard, secretario general de la AMP, explicó a los diputados que, como parte de sus servicios, IGRA deberá analizar qué hacer con las concesiones transitorias en Balboa y Cristóbal, cuando se venzan el próximo año.
“En el contrato aparece la opción de prórroga”, remarcó Guinard y dejó entrever las bondades de una posible extensión de las concesiones: a nadie le conviene “tener a un operador transitorio en ascuas hasta cierto punto, sino ya tener un contrato en firme que vele por los mejores intereses”, sustentó.
Acto seguido, advirtió que no hay una decisión en firme.
“En este momento, decir que se va a hacer una licitación pública o algún tipo de otro acto, creo que sería una etapa muy temprana para tener certeza. Balboa se puede hacer de una manera y Cristóbal, de otra, dependiendo del apetito de las navieras”, añadió Guinard.
La oferta: 5
En total, hay cinco puertos de contenedores (ya construidos o en etapa de planificación) que buscan un operador permanente: tres están a cargo de la AMP (los mencionados Balboa y Cristóbal, y el de Isla Margarita, en Colón) y dos más impulsados por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que son los de Telfers y Corozal.
“La ACP está en preselección. Eso también va a limitar el interés que se pueda tener en los puertos de la AMP”, reconoció el secretario general.
Hay otro factor a considerar: no hay un número infinito de operadores y navieras con ansias de operar una terminal de contenedores. De hecho, en el año 2016, cuando la ACP intentó adjudicar la construcción y operación de la terminal de Corozal, siete empresas presentaron sus documentos: APM Terminals B.V., Terminal Link, PSA International Pte. Ltd., Terminal Investment Limited S.A., Ports America Terminal Holdings II, Inc., Manzanillo International Terminal - Panamá, S.A. y Mitsui O.S.K. Lines, LT.
Solo precalificaron cuatro: APM Terminals B.V., Terminal Link, PSA International Pte. Ltd. y Terminal Investment Limited S.A.
APM Terminals B.V. y Terminal Investment Limited S.A. son filiales de Maersk y Mediterranean Shipping Company (MSC), los operadores transitorios de Balboa y Cristóbal, respectivamente.
Por su parte, PSA International Pte. Ltd. ya opera una terminal en Rodman, frente a Balboa.
Terminal Link, con sede en Marsella, Francia, es la única de las cuatro empresas que precalificaron en Corozal que, a día de hoy, no opera algún puerto en Panamá.
La retribución
Por la concesión transitoria de Balboa y Cristóbal, la AMP recibirá un canon fijo de $15 millones ($7.5 millones por cada operador). Además, el Estado cobra una tarifa por el movimiento de cada contenedor y un canon variable.
Dado que en un mismo día -el 23 de febrero de 2026- se publicó en Gaceta Oficial el fallo que declaró inconstitucional el contrato de PPC; se ordenó la ocupación de ambas terminales, y se autorizó, firmó y refrendó la concesión “transitoria” a favor de APMT y TIL -todo en ese orden-, los nuevos operadores debían adquirir (de forma inmediata) los sistemas de gestión portuaria (TOS, por sus siglas en inglés) y ERP de control administrativo y contable, para así garantizar la continuidad de las operaciones en las terminales. Las inversiones en estos sistemas y equipos debían ser por un monto mínimo de $3.8 millones.
Los contratos transitorios detallan otras inversiones obligatorias que, en conjunto, no excederán la cifra de $18 millones (en cada puerto), la cual incluye los $3.8 millones de los sistemas de gestión y administrativo.
Navieras, portuarias y abogados
Así como la AMP tiene a IGRA, los otros actores de esta historia están ligados a alguna de las grandes firmas forenses locales de siempre.
APMT Panama, S.A. está representada por Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), fundada por Aníbal Galindo, asesor del presidente José Raúl Mulino. La web de la firma indica que Galindo está en licencia.
En tanto, el agente residente de Maersk Panamá, S.A., según la información que reposa en el Registro Público, es Morgan & Morgan, la misma que por años representó a PPC, la antigua operadora de Balboa y Cristóbal. También es el agente de Hutchison Ports (Panamá), S.A., el holding al que pertenece PPC.
TIL Panamá tiene como agente residente a Arias, Fábrega & Fábrega y MSC Mediterranean Shipping Co. (Panama), S.A., a De Castro & Robles.
