En el ranking general del reparto de los millones de la “descentralización paralela”, Bocas del Toro sale bien parada: es la cuarta provincia que más fondos recibió para juntas comunales, y es la tercera, si se tienen en cuenta los municipios. Fueron más de $24.6 millones para 22 corregimientos y $4.2 millones para tres alcaldías. En total, $28.9 millones de 2021 a lo que va de 2023, lo que representa el 11.9% de lo que repartió el Gobierno en todo el país mediante la estructura paralela.
¿La razón? Todas las versiones apuntan al diputado de ese circuito, cabeza de la cotizada Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN) y presidente del partido de gobierno, el PRD, Benicio Robinson –reconocido en toda la provincia como el que controla la política y la vida– es legislador/diputado desde 1984 y aún se mantiene allí.
En los últimos tres años, $23.9 de los $24.6 millones direccionados a su feudo fueron para juntas comunales dirigidas por representantes del PRD –el 96.8%–, quienes por necesidad, temor o instinto de supervivencia le responden. El flujo de dinero se dio en momentos convenientes para el diputado.
Solo en un día, el 17 de marzo de 2022, hubo 25 –de las 188 órdenes de pago refrendadas por Contraloría para la provincia– que sumaron $3.3 millones. Es la fecha que más actos acumula de ese año y coincide con los intereses electorales de Robinson. Dos meses después, el 15 de mayo de ese año, se reeligió como presidente del PRD.
La lucha desencadenó denuncias de nombramientos en el sector oficial, la entrega de becas y otras dádivas que le garantizarían votos a favor del diputado. Un análisis de la “descentralización paralela” parece darles razón: las 25 órdenes fueron para juntas comunales controladas por fichas de Robinson enlistadas en el PRD.
Es un nuevo capítulo en la historia de los diputados echando mano de los recursos públicos para su beneficio, que comenzó con la chequera del expresidente Ricardo Martinelli pariendo a tránsfugas y que continuó con el uso de las planillas del gobierno como botín –incluidas partidas, como la 172 de la AN– o los millonarios auxilios económicos para estudios que facilitó el IFARHU, hasta llegar a duplicar el presupuesto en los últimos cinco años, en medio de una recesión por la pandemia y a la par que el Gobierno recortaba partidas de ministerios, como los de Educación y Salud.
Ahora, además de los recursos cada vez más abultados de la AN, La Prensa revela cómo también digitan los de otras reparticiones del Estado, como los extraordinarios de la “descentralización paralela”.
El reparto PRD
Por esa lógica clientelar, 22 de 30 juntas comunales de Bocas del Toro fueron beneficiadas con el drenaje de la “descentralización paralela”. La Ley obliga a mantener la equidad en el reparto, pero la estructura discrecional dejó fuera ocho gobiernos locales, como El Teribe, Rambala y Las Tablas, con representantes del partido Cambio Democrático, o Punta Róbalo, del Panameñismo.
Changuinola es la que más recibió: $6 millones entre junio de 2021 y marzo de 2023. Le sigue Bocas del Toro, con $4.6 millones; luego, Chiriquí Grande, con $3.5 millones; Bastimento ($1.8 millones) y Finca 60, con $1.1 millones.
No es coincidencia que esas juntas comunales sean las que más acumulen millones en la provincia. Todas están controladas por representantes de los enteros afectos de Robinson. La de Changuinola, por ejemplo, está a cargo de José De La Lastra, quien califica al presidente del PRD como “un gran líder”. La de Bocas del Toro –la cara turística de la zona– está bajo el mando del perredista Wilbur Martínez, uno de los “favoritos” del diputado, según narran los propios lugareños.
Con las otras tres pasa igual: Chiriquí Grande, a cargo de Zunilka Lee, es otra leal a Robinson y es uno de los epicentros de los negocios de Robinson; al igual que Pedro Morales, de Finca 60. Finalmente, Bastimento tiene por representante a Ashburn Dixon (PRD), que en 2022 defendió el proyecto de ley que presentó Robinson para que el corregimiento se convirtiera en un distrito, pese a que no reunía los requisitos que impone la ley.
La mecánica del reparto parece obvia, pero: ¿a dónde va el dinero?
A pesar de ser una de las provincias que más dinero recibe de la “descentralización paralela” por habitante -$137 dólares por cada una de las personas que residen allí-, los bocatoreños no cesan de reclamar agua potable, carreteras, centros de salud y trabajo. De hecho, 8 de 22 de sus corregimientos están en los primeros puestos entre los distritos con más pobreza en el país, según el índice de pobreza multidimensional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).
Cuando se busca “junta comunal” en Panamá Compra para la provincia de Bocas del Toro, el resultado arroja que para el mismo periodo de los pagos de la “descentralización paralela” se publicaron 81 actos públicos para 15 juntas comunales, por mucho menos que los fondos de la “descentralización paralela”: $266 mil. La mayoría fue para alimentos, mantenimiento de vehículos y mobiliario.
José De La Lastra, representante de Changuinola y el que más ha recibido ($6 millones), dijo en 2021 que el dinero fue para la “compra de un equipo”, dos camiones y “una retroexcavadora, por el rango de $750 mil”. Además, “un carro mortuorio”. A su vez, este medio llamó a De La Lastra para que explicara el destino del resto de los $6 millones que ha recibido entre 2021 y 2023, pero al cierre de esta edición no había respondido.
¿Cómo logran que fluyan decenas de millones sin rendir cuentas ni presentar constancia de inversión social o asignación en base a evidencias? De La Lastra y otros representantes respondieron parcialmente la pregunta: dijeron que fue golpeando las puertas del Gobierno, pero no explicaron nada sobre la rendición de cuentas. En contraste, los representantes sin trato especial con Robinson también pidieron, pero nunca han recibido respuestas. Un análisis de los archivos de la “descentralización paralela” procesados por La Prensa arroja algunas pistas.
De julio de 2019 a abril de 2022, la institución estuvo al mando de una ficha de Robinson: Francisco Vigil, perredista, exalcalde de David, Chiriquí. Vigil dejó el puesto en medio de la efervescencia de las elecciones internas del PRD y en momentos en que la facción del vicepresidente José Gabriel Carrizo estaba enfrentada a un grupo de diputados, incluido Robinson. Desde abril de 2002, el subdirector, Edward Mosley Ibarra, tomó el control de la entidad. Exalcalde de Santiago y perredista hasta los tuétanos, Ibarra responde al vicepresidente José Gabriel Carrizo.
Antes de dejar el cargo, Vigil ordenó 25 pagos a juntas comunales de Bocas del Toro, por $3.3 millones, justo cuando Robinson debía sumar votos para la elección del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD. La salida de Vigil, sin embargo, no representó una gran pérdida para la provincia. Un año después, el 2 de marzo de 2023, hubo 31 órdenes refrendadas, por $4.4 millones.
¿Qué hay pa’mí?
Robinson, desde la AN, controla la poderosa Comisión de Presupuesto. O sea, es quien firma los continuos traslados de partidas presupuestarias del Gobierno. Y los usa para comprar voluntades, según dijeron a La Prensa vecinos y referentes de Bocas del Toro.
Cuando el Estado no está –en este caso, la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) llegando de manera equitativa y planificada con los recursos y la coordinación para que los territorios del interior del país puedan desarrollarse–, los ciudadanos quedan a merced del favor de las redes clientelares para acceder a bienes y servicios imprescindibles para su sobrevivencia. Si el Estado no cumple su rol, el poder de las redes clientelares aumenta. Robinson lo sabe.
Seguramente por eso impulsó un proyecto de ley para crear 11 nuevos corregimientos (2020). Cinco años antes, en 2015, había ideado otros para darle vida al distrito de Almirante que, a su vez, se dividió en otros más. Cada corregimiento abre las puertas de nuevos puestos y de nuevos fondos de la AND. En 2022, Robinson logró que la AN aprobara otra propuesta legislativa para que Bastimentos fuera un distrito con tres corregimientos, pero el presidente Laurentino Cortizo no la sancionó.
Por supuesto, no es el único. La Prensa continuará esta semana publicando nuevos capítulos de la “descentralización paralela”: Cómo se ejecutó la danza de millones y a quiénes benefició.
Bagatrac cerca de la descentralización paralela
En Chiriquí, 70 juntas comunales recibieron $29,2 millones. Es la tercera en el ranking total de provincias por millones netos y equivale a más de cien veces más de lo recibido por la Comarca Emberá-Wounaan ($200 mil). A los municipios de esta provincia le correspondieron $11 millones de la “descentralización paralela”.
El primero en el ranking es Boquerón y tiene por alcaldesa a una vieja conocida de Robinson: Yesenka Espinosa, del PRD, esposa de Alberto Jurado Rosales, también conocido como “Beto Bagatrac”. Jurado Rosales es fundador y presidente de la contratista favorita del Gobierno de Laurentino Cortizo: Bagatrac.
Desde 2019 hasta ahora ha obtenido contrataciones públicas por más de $260 millones, una de ellas destinada a mejorar las calles del distrito que dirige su esposa. La suerte de la constructora, cuyo propietario confesó haber pagado coimas en el gobierno de Ricardo Martinelli, hace que no importe si cumple o no el proceso, si presenta o no los planos, o el estudio de impacto ambiental. O cualquiera de los requisitos incluidos en la Ley de Contrataciones Públicas, como publicó La Prensa en una serie investigativa.
Y es una suerte labrada al calor de las donaciones de campaña al presidente Cortizo y la triangulación de la venta de un terreno en Boquete a Robinson, donde el diputado se construye una residencia de campo.
