Panama Oil Terminals, S.A. (POTSA), la empresa involucrada en la explosión que provocó el cierre del Puente de las Américas, señaló como responsable del siniestro a un “cliente” al que supuestamente había subarrendado un área dentro de su concesión.
Se trata de Environmental Solutions Development, Inc., la cual se dedica al manejo de desechos y fumigación dentro o fuera de los recintos portuarios. Esta sociedad tiene una licencia de operación desde el año 2014, según los registros de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), y está ubicada “en las instalaciones de POTSA, La Boca, corregimiento de Ancón, provincia de Panamá”, donde el pasado lunes explotaron tres camiones cisternas, provocando la muerte de un trabajador.
Estas instalaciones corresponden al antiguo patio de tanques de combustible en Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), que por un tiempo operó la empresa Atlántico Pacífico, S.A. (APSA). El gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) endosó esa concesión, por la vía directa, al consorcio griego Aegean Oil Terminals. El 27 de junio de 2011, el contrato fue firmado por el entonces administrador de la AMP, Roberto Linares (que ahora es ministro de Desarrollo Agropecuario), y el griego Tehodoros Motsenigo, actuando como representante legal de Aegean. El documento fue refrendado por la contralora de aquella época, Gioconda de Bianchini.
A cambio, Aegean se comprometió a pagar un canon fijo que representa un total de $19.8 millones durante toda la vigencia del contrato, el cual expira el 27 de junio de 2031, aunque la AMP lo suspendió después del siniestro con los cisternas.
Según el contrato, el pago del canon fijo era mensual; empezó en $50,000 y tenía un incremento de 5% anual. Una fuente contó que la empresa había dejado de pagar y que la deuda acumulaba $4.3 millones. El último pago lo hizo en 2023.
Cambios, nombres y viejos conocidos
El 6 de marzo de 2013, Aegean pasó a llamarse Panama Oil Terminals o POTSA, como todo el mundo la conoce ahora. Con el nuevo nombre empezó una sucesión de figuras en su cuerpo de dignatarios y directores. Para entonces, ya los griegos no figuraban en las principales posiciones directivas.
En su lugar estaban Luis Carlos Vidal (presidente), Luis Enrique Esquivel Gólcher (secretario) y una sociedad denominada Springfield World Limited (tesorero).
El 11 de diciembre de ese año, Esquivel renunció y fue reemplazado por Omar Antonio Guerra Pérez.
El 23 de diciembre de 2015 se registró la designación de Carlos Fernández, Otto Reich y Thomas Steigerwald como presidente, secretario y tesorero, respectivamente. Apareció el abogado Miguel Miranda como agente residente.
Reich, que fue subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en el mandato de George W. Bush, estuvo en ese cargo casi cuatro años. El 20 de enero de 2020 se registró su renuncia. Fue sustituido por Harry Sargeant IV.
Reich no se fue por mucho tiempo. Regresó a POTSA el 31 de agosto de 2020 para reemplazar al hasta entonces tesorero Thomas Steigerwald.
En 2024, se hizo visible la presencia del abogado Edgar Iglesias Constantino.
Iglesias fue agente residente de Grand Bell International, S.A., una sociedad que obtuvo la concesión para construir y subarrendar bodegas en la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (AITSA). Grand Bell obtuvo esa concesión el 2 de abril de 2012, cuando Iglesias era gerente de Asesoría Legal de AITSA en el gobierno de Martinelli.
La suscriptora de Grand Bell es Ailedsabel González, una abogada muy cercana a Gabriel “Gaby” Btesh.
Por sus nexos con Grand Bell, Iglesias fue destituido como subgerente de AITSA, un cargo que ocupó efímeramente: estuvo ahí solo nueve días, en julio de 2024, cuando se estrenó la administración de José Raúl Mulino.
Iglesias hizo varias gestiones en nombre y representación de POTSA, protocolizando actas ante notario y realizando inscripciones en el Registro Público.
Finalmente, el 27 de enero de 2025 fue designado tesorero. Otto Reich pasó entonces a figurar como secretario, pero el 29 de diciembre de 2025 se formalizó su salida (por segunda vez…) de la sociedad. Jarvis León se incorporó como director.
Estos son los últimos cambios que aparecen inscritos.
Sobre Environmental Solutions Development, la sociedad tiene como agente residente a la firma Infante Pérez Almillano (IPAL), a la que pertenece el canciller Javier Martínez Acha y el embajador de Panamá en España, Héctor Infante. Ambos están en licencia. Sus directivos y dignatarios son Marleen Páez Denis, Nelly Esther Bryan Estrada y Marta Samaniego Socorro, como presidenta, secretaria y tesorera.
Se desconocen los términos del contrato de subarrendamiento que Environmental Solutions supuestamente pactó con POTSA para operar en Balboa. La AMP no ha dicho nada al respecto, pero en el contrato de 2011 consta que POTSA está obligada a informar sobre cualquier acuerdo suscrito “con terceras personas” que guarde relación con el uso de sus instalaciones.
La Prensa conoció que, el año pasado, la AMP habría iniciado el proceso para rescindir el contrato de POTSA, precisamente al detectar la presencia de terceros en el área de concesión sin su consentimiento.
