El cierre existe en papel pero no en la práctica.
La Universidad Panamericana (UPAM) continúa operando, pese a que hace más de un mes y medio el Ministerio de Educación (Meduca) ordenó cancelar su permiso de funcionamiento por “faltas graves y persistentes”.
El escenario no solo apunta a un posible desacato, sino que también expone debilidades en la supervisión del sistema universitario.
En el portal electrónico de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA) no se observa ninguna resolución, decreto o acto administrativo que suspenda o revierta la decisión adoptada en el Decreto Ejecutivo No. 5 de 2026 del Meduca, que ordenó a la UPAM suspender operaciones.
Sin embargo, una visita de un equipo periodístico de La Prensa al centro educativo confirmó que mantiene sus puertas abiertas, sin que exista —al menos de forma visible en sus instalaciones— documentación que respalde su continuidad operativa.
A esto se suma que, en la página web del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa), la UPAM aparece como una institución “sin operaciones, tras la negación de acreditación en los años 2013, 2021 y 2024”.
El Decreto Ejecutivo No. 5, publicado en la Gaceta Oficial el pasado 26 de febrero, que cancela el funcionamiento —firmado por el presidente José Raúl Mulino y la ministra Lucy Molinar—, ordena además a la UPAM entregar su “plan de contingencia y toda la documentación académica y administrativa bajo inventario” a la Secretaría Académica Especial de la CTDA.
Se intentó conocer por qué no se ha cumplido con esta disposición —vigente desde su promulgación— y si la UPAM obtuvo alguna extensión para seguir operando. Su rectora, Damaris Candanedo, quien se encontraba en el centro cuando llegó La Prensa el jueves pasado, no accedió a una entrevista. Prometió ofrecer declaraciones ese mismo día, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
El problema de controles y fiscalización a las universidades privadas, como la UPAM, llegó el pasado miércoles a la Asamblea Nacional, cuando la secretaria técnica de la CTDA, Myrna McLaughlin, compareció ante la comisión legislativa de Educación, Cultura y Deporte.
Allí respondió un cuestionario centrado en la regulación de la educación superior, incluyendo la expedición de resoluciones, los controles existentes y los posibles vacíos en la supervisión.
El proponente de la citación, el diputado del Movimiento Otro Camino, José Pérez Barboni, aseguró que la intervención dejó más dudas que respuestas sobre inconsistencias en la aplicación de criterios y debilidades en la fiscalización.
Un cierre en papel
Durante su comparecencia, McLaughlin defendió que la CTDA actuó conforme a la ley cuando emitió, en 2021, un informe favorable —requisito previo para la acreditación— a favor de la UPAM. Sin embargo, este fue posteriormente revocado al detectarse “información errónea” proporcionada por la universidad, lo que le impidió cumplir con uno de los pasos clave ante el Coneaupa.
A pesar de que la normativa exige contar con una sede aprobada y al menos cuatro carreras vigentes para iniciar el proceso de acreditación, la UPAM recibió en 2021 un informe favorable teniendo solo una carrera activa, según información proporcionada por McLaughlin. La CTDA sostiene que sí existía una sede en funcionamiento, aunque su aprobación formal se concretó años después, en mayo de 2025.
Más aún, registros oficiales muestran que la CTDA continuó aprobando carreras para la UPAM hasta el 23 de mayo de 2025, incluso en medio de cuestionamientos sobre su infraestructura y estatus administrativo. Según la entidad, estos procesos ya estaban en evaluación antes de sanciones previas y se reactivaron tras el levantamiento de una suspensión temporal.
Diplomas bajo la lupa
Otro punto crítico es la validez de los títulos emitidos. La funcionaria indicó que los diplomas deben corresponder a carreras aprobadas en sedes en funcionamiento, al menos hasta la emisión del decreto de cierre en febrero de 2026.
No obstante, el marco legal establece como falta grave impartir programas en sedes no autorizadas, lo que mantiene abierta la interrogante sobre la legalidad de algunos títulos emitidos antes del cierre.
Un patrón que se repite
El caso de la UPAM no sería aislado.
Durante la sesión en la comisión legislativa también se expusieron inconsistencias en otros centros educativos, como la Universidad Americana, donde se aprobaron carreras —incluso en áreas sensibles como ciencias de la salud— en sedes bajo observación.
Otro expediente analizado fue el del proyecto de la Universidad Vanguardista Publies Educa (UVPE), que obtuvo un informe favorable pese a deficiencias en infraestructura y programas académicos desactualizados. Sin embargo, la CTDA defendió su decisión alegando que se trataba de un proyecto universitario y que cumplía con los requisitos mínimos de ley.
Extensiones y vacíos en el control
Un elemento adicional expuesto en la comparecencia fue el uso de resoluciones para permitir que se impartan carreras que están en evaluación, extendiendo o renovando permisos temporales.
Estas extensiones se implementan desde 2018, cuando la CTDA autorizó prórrogas para programas académicos en proceso de actualización, resaltó McLaughlin.
Entre 2024 y 2025, se registraron 441 diseños de carreras en evaluación, de los cuales 154 recibieron extensión de vigencia. De estas, el 45.5% cuenta con resolución favorable, mientras que el 48.7 % permanece pendiente de informe y un 5.8% ni siquiera cuenta con evaluación.
Estos datos reflejan una alta proporción de programas que continúan operando bajo extensiones, sin una decisión definitiva.
Las explicaciones de la CTDA se apoyan en interpretaciones técnicas de la Ley 52 de 2015 y el Decreto Ejecutivo 539 de 2018.
Mientras tanto, cientos de estudiantes permanecen en un limbo académico, asistiendo a clases en una institución cuyo estatus legal sigue sin aclararse públicamente.
