Lo que comenzó como la mudanza a un apartamento frente a la entrada del Canal de Panamá terminó convirtiéndose, para decenas de compradores, en una batalla por proteger un patrimonio que creían seguro.
El litigio de los residentes de dos edificios en el complejo Naos Harbour Island Residences & Marina, en isla Naos, Amador, empezó hace una década. Llegaron ahí atraídos por la remodelación de la calzada, el puerto de cruceros y otros proyectos turísticos que reforzaban la expectativa de que la zona se revalorizaría.
La realidad es otra.
Mientras el Estado busca recuperar la concesión de isla Naos tras rescindir el contrato a la sociedad Naos Harbour Island Inc., varios residentes permanecen sin títulos de propiedad y otros descubrieron que sus apartamentos fueron incluidos entre los bienes secuestrados por la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) para garantizar el cobro de la deuda que reclama al concesionario.
Atrapados en un limbo legal
El francés Pierre Guiochon llegó a Panamá de vacaciones, por primera vez, hace una década.
Mientras navegaba por la plataforma Airbnb encontró un anuncio que mostraba una vista privilegiada hacia la entrada del Canal. Pensó que las fotografías eran un poco exageradas, así que decidió hacer una cita para comprobarlo personalmente.
La imagen era real.
“Quería verificar si esa vista existía de verdad. Llegué y era exactamente como aparecía en las fotos”, recuerda Guiochon con una sonrisa.
Era 2016. Naos Harbour era un edificio nuevo, levantado sobre una concesión estatal en una de las islas de Amador, con la promesa de convertirse en uno de los desarrollos residenciales más exclusivos del país.
Lo tenía todo: dos piscinas, gimnasio, jacuzzi, área social, salón de fiestas, planta eléctrica, áreas verdes y acceso al mar. Además, estaba la construcción de una tercera torre, proyectada para albergar la piscina más grande del desarrollo.
Guiochon decidió que quería vivir allí.
Diez años después, conserva la misma vista que lo convenció de invertir, pero ha perdido el entusiasmo.
“Intenté venderlo, pero nadie podía hacerlo. Hoy siento que mi inversión no vale absolutamente nada“, afirma.
Su historia es similar a la de otros propietarios del PH.
Para colmo, han quedado en medio del conflicto entre el desarrollador del proyecto y el Estado panameño.
Porque Naos Harbour Island Inc. no solo habría incumplido con los compradores de los PH; también lo habría hecho con la UABR, que le reclama $10 millones en concepto de canon de arrendamiento acumulado.
‘Es mi casa’
El británico Peter Mackrill se enteró del proyecto en Naos cuando todavía no se habían construido los edificios.
En aquella época, los apartamentos se comercializaban mediante contratos de inversión y usufructo (time sharing). Cuando la promotora transformó el edificio en un PH, ofreció a quienes ya habían adquirido unidades convertir esos contratos en compraventas tradicionales.
Para hacerlo, recuerda, debía pagar una suma adicional. En su caso fueron $20 mil y aceptó. Aunque firmó el contrato de compraventa en 2018, espera desde entonces su título de propiedad.
“Si usted busca la finca en el Registro Público, todavía aparece a nombre de Naos Harbour Island Inc.”, explicó Mackrill.
Aseguró que posee el contrato de compraventa y conserva todos los recibos de pago. Incluso, parte del dinero fue pagado directamente a la Caja de Ahorros (CA), que otorgó el financiamiento al desarrollador.
“Es mi casa y vivo ahí”, resaltó el británico, quien sostuvo que el problema fue creciendo con los años debido a la demora en la entrega de los títulos. Después descubrieron que algunas unidades permanecían hipotecadas, pese a que la deuda había sido saldada.
Luego, varios apartamentos terminaron incluidos entre los bienes secuestrados por la UABR.
“Hay varias capas que impiden que tengamos la titularidad que nos corresponde”, recalcó Mackrill.
El laberinto
Los residentes describen una cadena de decisiones que, aseguran, terminó atrapándolos en un complejo conflicto jurídico.
El proyecto fue financiado originalmente por la CA mediante un préstamo cercano a $25 millones. De ese monto, Naos Harbour pagó $13 millones, dejando una deuda de $12 millones.
Tras el incumplimiento de la promotora, el crédito pasó a cobro coactivo.
Para entonces, decenas de personas ya habían pagado sus apartamentos, pero seguían sin recibir los títulos.
Ante la falta de respuestas, varios adquirentes contrataron abogados y promovieron una diligencia judicial para conocer el estado real de las fincas.
Según Mackrill, fue durante ese proceso cuando descubrieron que algunos pagos efectuados por los propietarios sí estaban registrados en la CA y que incluso existían cartas de liberación de determinadas unidades que nunca fueron entregadas a quienes las habían comprado.
Posteriormente, la CA y la promotora alcanzaron un acuerdo para cancelar la deuda mediante la transferencia de distintos activos, incluidos 17 apartamentos.
Sin embargo, los residentes afirman que, apenas un día después de concretarse aquel acuerdo, varias unidades fueron nuevamente hipotecadas a favor de otra sociedad.
Meses más tarde llegó otro golpe.
Tras determinar que el concesionario mantenía una deuda millonaria por el contrato de arrendamiento de isla Naos, la UABR ordenó el secuestro de 79 de los 136 apartamentos del proyecto turístico Naos Harbour para garantizar el cobro.
De acuerdo con los residentes, cerca de 29 de esas unidades ya habían sido vendidas años antes.
Entre ellas figura el apartamento donde vive Mackrill y dos de los cuatro inmuebles adquiridos por el estadounidense Peter Weatherall.
Los abogados de los propietarios solicitaron a la UABR excluir esas fincas al considerar que pertenecen a terceros que las adquirieron de buena fe. Mientras tanto, el proceso judicial continúa.
No volverá a invertir en Panamá
Weatherall llegó al país con la intención de establecerse una vez jubilado.
El abogado estadounidense comenzó a invertir en bienes raíces en Panamá hace más de una década.
Compró nueve propiedades en el país; cuatro están en Naos Harbour, de los cuales dos continúan sin título de propiedad.
“Cuando conocí Naos pensé que tenía un potencial extraordinario. Las vistas son increíbles y la posibilidad de ver barcos entrando y saliendo del Canal es increíble y única”, expresó.
Lo que nunca imaginó fue que, más de 10 años después, seguiría esperando que las propiedades fueran traspasadas a su nombre.
“He comprado bienes raíces en Estados Unidos, México y China. Nunca había vivido una situación como esta”, relata.
La “decepción”, como comentó, modificó por completo su percepción de Panamá. “No tengo intención de volver a invertir en bienes raíces en Panamá porque ya no confío en que el sistema pueda protegerme“, señaló.
“Amo Panamá, a su gente y creo que es un lugar maravilloso. Precisamente por eso me duele haber terminado en esta situación”, puntualizó.
Las reglas del contrato
El contrato original de concesión, adjudicado el 8 de marzo de 2002 a Naos Island Development Inc., contemplaba la construcción de un hotel cinco estrellas, apartamentos tipo time share, casino, centro comercial y otras facilidades recreativas en 5.2 hectáreas.
También permitía hipotecar las mejoras construidas sobre la parcela y venderlas a terceros, previa autorización de la entonces Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), siempre que no se afectaran los derechos del Estado. Los compradores debían asumir las obligaciones derivadas del contrato, incluido el pago del canon de arrendamiento de la tierra.
En 2004, el Estado rescindió por primera vez esta concesión de isla Naos por incumplimiento. Cuatro años después, el proyecto pasó a Naos Harbour Island Inc., sociedad encabezada por Marco Shrem. Dieciocho años después, en marzo de 2026, la UABR volvió a rescindir el contrato. Ahora, el Estado se prepara para una posible venta de los terrenos de la isla, cuyo avalúo realizado por el MEF supera los $97 millones.
Más ventas
Mientras decenas de propietarios siguen sin recibir sus títulos de propiedad, la Caja de Ahorros mantiene publicados, desde el pasado martes 21 de julio, tres anuncios de venta de apartamentos en ese complejo, resaltando sus acabados y las vistas hacia la entrada del Canal de Panamá. Con la venta de estos inmuebles, de entre 115 y 279 metros cuadrados, la CA pretende recibir $1.2 millones.
El anuncio comenzó a circular el mismo día en que La Prensa reveló que el Estado realizó avalúos sobre los terrenos ocupados por Naos Harbour. Sin embargo, no menciona que el proyecto enfrenta un proceso judicial ni que varios compradores aún reclaman sus títulos de propiedad y buscan excluir sus apartamentos del secuestro de la UABR.
